Antoine Nieto Galindo: fin a la Orden Europea de Detención y Entrega

Esta semana los compañeros de la sección francesa de la internacional nos han hecho llegar la buena noticia de que la Orden Europea de Detención y Entrega que quedaba activa sobre Antonio Nieto Galindo, por hechos de París, ha sido definitivamente desactivada por orden de la fiscalía parisina a petición de nuestra defensa.

Parecerá ilógico, pero aun habiendo sido ya ejecutada la orden, y el compañero entregado a Francia en enero del año pasado, la OEDE no quedó automáticamente desactivada, sino que han hecho falta muchos meses y la mediación de una abogada para eliminar la orden del registro informático de la policía y conseguir el cese de su difusión internacional. Mencionamos el hecho para que se alcance a comprender hasta qué punto la maquinaria del poder judicial de los estados, se desentiende de la vida de las personas. Para el compañero, con cuarenta años de cárcel a sus espaldas, que ya pasó por el trance de ser extraditado y vio empeorar su enfermedad los días que estuvo retenido hasta que por fin fue puesto en libertad gracias a un error judicial, esto significa una enorme diferencia. Significa que no habrá más cárcel preventiva, porque con mucha probabilidad, no se volverá a lanzar otra nueva orden sobre la misma causa, que ahora seguirá su proceso hasta ser resuelta. Eso sí, de qué forma no lo sabemos aún, por lo que no podemos bajar la guardia y seguiremos atentos a la información que nos llegue de Francia para seguir dando todo el apoyo que se pueda desde aquí.

Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Ya hemos hecho llegar este mensaje a las instituciones desde el momento en que poniendo en práctica el apoyo mutuo han unido esfuerzos varias secciones de la AIT, especialmente la francesa y Solidaridad Internacional Antifascista, la CNT-AIT, y diferentes colectivos e individualidades anticarcelarios en España.  ¡No bajemos la guardia, compañeros! Seguiremos informando.

¡Abajo las cárceles y el sistema que las necesita!

Por el comunismo libertario

Comité Propresos de la CNT-AIT, regional de Levante

Nuestra memoria: la búsqueda de Enrique Herrada, cenetista fusilado en 1939, en Huelva

Tras la inconclusa búsqueda y exhumación de Pedro Masera Polo un minero anarquista onubense al que un Tribunal Militar condenó por ser "un hombre con una mentalidad muy avanzada y que representa una amenaza para la nueva España", según una frase de su propia sentencia a muerte,  la nervense Flor Calzada Rodríguez ha cursado la petición de búsqueda de los restos de su tío Enrique Herrada Domínguez, militante también de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fusilado el 18 de abril de 1939.

Flor Calzada, inició los trámites para la exhumación ante la Junta de Andalucía, con el anterior Gobierno andaluz, a lo que éste le respondió que los uniría al resto de solicitudes recibidas “con el objetivo de desarrollar las acciones encaminadas a la localización de víctimas de la represión franquista”. Han pasado ya más de dos años desde que la iniciativa de exhumación fue cursada.

Enrique Herrada Domínguez era natural de Minas de Riotinto y vecino de Nerva. Tenía 40 años. Fue sometido a consejo de guerra por la "justicia" franquista, en el sumario 1474/1939, y sentenciado el 7 de febrero de 1939. Condenado a pena de muerte y fusilado el 18 de abril de 1939 en las inmediaciones del cementerio onubense. Herrada estaba afiliado al sindicato anarquista CNT, y fue detenido el 9 de agosto de 1938 cuando se dirigía a Espiel camuflado.

En el Registro Cívil de Huelva, según la documentación aportada por su familia, consta que “esta persona fue pasada por las armas” y ubica sus restos en una fosa común de La Soledad, Patio 3 Sector San Marcos. Un lugar que dista de la rosca de dicho Patio por el Norte 53 metros, por el Sur 12 metros, por el Este 1 metro y por el Oeste 8,50 metros.

La petición de exhumación volvió a activarla el 6 de febrero de 2019 y solicitaba las pruebas genéticas oportunas para una futura identificación de los restos. La petición fué realizada después de que la Junta de Andalucía, mediante Orden de 17 de octubre de 2017, acordara actuaciones específicas en el cementerio de Huelva capital.

Con anterioridad a la petición de localizar y exhumar los restos de Enrique Herrada, Flor Calzada había solicitado la exhumación de su otro tío, Ramón Herrada Domínguez, desaparecido tras la entrada del ejército franquista en Nerva.

Flor Calzada ha sido querellante en la causa abierta en Argentina por los crímenes del franquismo (lesa humanidad).

Tras este tránsito de peticiones, el 20 de octubre de 2020 solicitó al Ayuntamiento de Huelva la exhumación de Enrique Herrada con el argumento de que “se ha de hacer justicia con un hombre cuyo ‘delito’ no fue el que consta en el Consejo de Guerra al que fue sometido, sino al contrario. Fue leal a sus ideas y ayudó a la defensa de su pueblo ante el avance de las tropas franquistas”

Calzada hizo otro requerimiento el pasado 3 de noviembre al Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de conseguir la autorización del Ayuntamiento onubense para realizar la exhumación.

Ahora mismo, la petición se encuentra parada. Y ‘afectada’ por las conclusiones del informe sobre las fosas del cementerio de La Soledad realizado bajo el amparo de la Asociación Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (García Márquez-Harriero).

Ese trabajo se pregunta “si la información y documentación disponible es la adecuada para llevar a cabo exhumaciones individuales en aquellos casos en los que se conserva la diligencia de enterramiento con su ubicación”.

Según el informe, la respuesta “no es satisfactoria”. Y añade, según alega el Ayuntamiento ante la petición de exhumación, que “la desaparición de las roscas dificulta conocer el punto exacto del que parten las mediciones que se conocen”. Además, subraya que “no hay garantías de que esas mediciones se hicieran con rigurosidad y se trasladaran a la diligencia judicial correctamente, pues en varias de ellas se observa que las numeraciones están alteradas en fusilamientos del mismo grupo y misma fosa. Y la orientación del propio cementerio no es precisa y puede presentar dificultades”.

El Ayuntamiento insiste en su respuesta en que en el caso de la solicitud de Flor Calzada, las medidas aportadas también presentan dudas e incertidumbres para elegir el lugar de la excavación.

Asimismo, los técnicos municipales desvelan que el Ayuntamiento ha contratado una actuación en el Patio II (la de Masera Polo) como ampliación de la realizada anteriormente en la que amplía la zona e intenta localizar la ubicación original de la rosca de ladrillo. Confía el Ayuntamiento en que está actuación puedan ayudar con más exactitud a localizar también los restos de Herrada Domínguez.

Para el Ayuntamiento de Huelva “lo más razonable sería esperar a tener la información básica acerca de la posición de la rosca del ladrillo y de las dimensiones de la parcela que se puedan obtener de la actuación en el Patio II y con dicha información plantear la localización y exhumación de Enrique Herrada”.

"Caso Navantia": la juez declara acreditado que se pagaron 42 millones de euros a intermediarios españoles y venezolanos en comisiones

Diez años después de iniciar la investigación, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha decretado el archivo de las diligencias abiertas sobre la venta en 2005 a Venezuela de ocho patrulleras españolas por 1.245 millones de euros. En el auto de sobreseimiento provisional, dictado el pasado 12 de enero, la juez declara acreditado que se pagaron más de 42 millones de euros en comisiones, pero alega que este sobrecoste salió de las arcas venezolanas y no supuso quebranto económico para el astillero español Navantia, por lo que no hay malversación de fondos públicos. Aunque un perito judicial estimó en al menos 1,3 millones la cuota defraudada entre 2008 y 2010 en Impuestos de Sociedades, IVA e IRPF, tampoco se da por confirmado el delito fiscal.

La venta al Gobierno de Hugo Chávez de ocho patrulleras de la empresa pública Navantia fue uno de los grandes contratos de material de defensa del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero aquella operación, cerrada entre los dos Gobiernos en 2005, acabó dando lugar en 2010 a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que indagaba el cobro de comisiones por intermediarios venezolanos. En la causa fueron imputados Javier Salas, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI, precedente de la actual SEPI) en la última etapa de Felipe González (1990-95) y el expresidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén.

Finalmente, reconoce la juez, “no se ha podido averiguar el destino del dinero recibido” por los intermediarios venezolanos, ya que su rastro se pierde en una maraña de sociedades en paraísos fiscales, como Islas Antillas y Dominica, y “las comisiones rogatorias libradas [a dichas jurisdicciones] no han tenido ningún resultado”.

Según el informe del fiscal que ha servido de base al auto de archivo, en diciembre de 2004, “estando casi cerrada la operación de venta de ocho embarcaciones a Venezuela”, Gómez Jaén encargó a Javier Salas que viajara a Caracas para comprobar la solvencia de dos venezolanos que se habían ofrecido como mediadores para la operación. Salas no solo había sido presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) y jefe del propio Gómez Jaén, sino que seguía siendo consejero de la empresa pública Red Eléctrica y asesoraba en la reestructuración de Izar, la sociedad antecesora de Navantia.

Los venezolanos eran Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malave Benavides, con los que el astillero español había trabajado años atrás. En octubre de 2004, Carvallo viajó a Madrid con el séquito oficial del entonces presidente Hugo Chávez y aprovechó para pesentarse a la naviera española como agente en Venezuela.

Salas, a quien Navantia encargó verificar la solvencia de Carvallo y Malave, llegó a un acuerdo verbal con ellos para, utilizando “sus contactos e influencias en España”, lograr que se convirtieran en mediadores de la venta de los buques, “a cambio de sustanciosos importes” de dinero para él mismo.

Entre el 24 de febrero y el 30 de septiembre de 2005, se firmaron tres contratos entre el astillero español y la empresa Rebazve, constituida por los dos venezolanos para esta operación. En el tercero de los acuerdos, a los que el fiscal atribuye diversas irregularidades, se fijaba que Rebazve cobraría hasta el 3,5% del importe total de los ocho buques —cuatro de vigilancia oceánica por 721,5 millones de euros; y cuatro de vigilancia litoral por 523,7—; es decir, un máximo de 43,5 millones.

El fiscal asegura que los responsables de Navantia eran conscientes de que “la retribución pactada con el agente era excesiva”, pero la aceptaron porque este sobrecoste iba a ser asumido por Venezuela “al formar parte del precio final de las embarcaciones”.

En mayo de 2006, el representante de Rebazve abrió dos cuentas corrientes en el banco BSI de Ginebra para ingresar las comisión pactada y dio instrucciones sobre cómo debía repartirse: el 30% (13 millones) sería para Javier Salas, su socio y exsubordinado en el INI Antonio Rodríguez Andía y el agente financiero Diego Azqueta Bernar. Estos dos últimos, “al enterarse de los perjuicios que les podía acarrear aparecer como beneficiarios directos de los fondos”, según el fiscal, pidieron al banco no figurar en la lista.

El 70% (30,4 millones) restante se repartiría entre los venezolanos: el 31,5% (13,7) para los dos socios de Rebazve; el 17,5% (7,6) para el exmilitar Mario José Gregorio Rivero; el 14% (6) para Luis José Mendoza Marín; y el 7% (3) para Raúl José Hernández Revelo. No hay documentación que justifique el pago a estos tres últimos, apostilla el fiscal.

Para “dar apariencia de legalidad” y “ocultar” el cobro de los fondos procedentes de Navantia por parte de los españoles se recurrió a una empresa de Rodríguez-Andía, Camino Nuevo, que firmó dos contratos de “asesoramiento y consultaría” con Rebazve, la firma de los venezolanos, por 12,4 millones; el 1% del valor de los buques. A cambio, Salas y su socio consiguieron, según el fiscal, que Navantia contratara a Rebazve y acompañaron a los venezolanos a reuniones con directivos del astillero.

Camino Nuevo empezó a cobrar de Rebazve en una cuenta del EGB Bank de Zurich que se cerró en octubre de 2010, coincidiendo con el inicio de la investigación judicial, y que no estaba declarada a Hacienda, aunque posteriormente se regularizó. Salas y su socio se repartían al 50% la comisión de las patrulleras, mientras que Azqueta, que puso en contacto a venezolanos y españoles, debía recibir el 7,4% a través de la sociedad Medco Shipbrokers.

Camino Nuevo declaró como ingresos los pagos de Rebazve y como gastos deducibles los pagos a Salas, a Azqueta e incluso a una sociedad de Rodríguez-Andía a pesar de que, según un informe pericial, estos no realizaron actividad alguna para dicha empresa. El peritó concluyó que Rodríguez-Andía debió tributar dichas cantidades por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades, más ventajoso, y estimó la cuota defraudada en 1,3 millones entre 2008 y 2010. Sin embargo, el juez ha asumido finalmente la interpretación del Ministerio Público, según la cual en esas fechas había dudas sobre el régimen fiscal aplicable y si Hacienda, que no abrió ningún expediente, no valoró entonces “la trascendencia tributaria de la cuestión, difícilmente podrá ser valorada [ahora] a efectos penales”.

Aunque no están documentados, el fiscal estima que “los escasos y espléndidamente remunerados” servicios que prestó Salas a los venezolanos no fueron una simulación, sino que tuvieron un beneficio real para la trama, a la que sirvió de “conseguidor”. Su actuación, agrega, es “censurable”, pero no constituye delito: se aprovechó de “su prestigio y experiencia profesional, sus excelentes relaciones con Gómez Jaén [presidente de Navantia] y con los máximos responsables de la SEPI”, para cobrar de la empresa venezolana “a la que había recomendado personalmente” ante el astillero público.

El fiscal reconoce que “el procedimiento se ha dilatado en exceso”, pero lo achaca a las comisiones rogatorias que, sin resultado, se han remitido a distintos paraísos fiscales. “No ha sido posible”, se lamenta, “averiguar el último destinatario de los fondos transferidos por Rebazve [la empresa de los dos venezolanos] y procedentes de Navantia”.

Uno de los cabos sueltos es la investigación que en su día abrió la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz. Cuando en agosto de 2017 huyó de su país, entregó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá (Colombia) varias carpetas sobre episodios de corrupción. Una de ellas llevaba por título: “Caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada española. Hevert García Plaza, alto mando militar”. En junio de 2019, la juez española remitió una comisión rogatoria a EE UU para acceder al expediente, pero se rechazó con el argumento de que no aportaba datos suficientes para localizarlo. García Plaza es un exgeneral venezolano que fue ministro de Alimentación de Maduro y pasó a colaborar con Washington tras ser acusado en 2015 de corrupción.

José Mariano Benítez de Lugo, abogado de Gómez Jaén, lamenta que el fiscal y la juez hayan tardado tanto en reconocer que no hubo delito de malversación de fondos públicos, cuando desde el principio estaba claro que la comisión de los intermediarios se incluyó en el precio de los buques y fue pagada por Venezuela. “¿Quién repara a mi cliente [el expresidente de Navantia] los perjuicios personales y profesionales por haber estado investigado durante diez largos años sin el menor fundamento?”, se pregunta.

Un portavoz de Navantia ha subrayado que la empresa pública “respeta y acata las decisiones judiciales” y ha recordado que la propia compañía estaba personada en el procedimiento y “ha colaborado en todo momento con la investigación judicial”.

 

Los crímenes de odio de la ultraderecha provocaron más de 300 muertes en el mundo en 2020

La pandemia no ha sido freno para los crímenes de odio de la ultraderecha en distintas partes del mundo. Así lo confirma el último informe elaborado por la plataforma Antifa International, que por cuarto año consecutivo describe en un documento los ataques de distinta índole perpetrados por ultraderechistas en un amplio número de países. En relación a 2019, la violencia ultra se incrementó un 39% en 2020.

Tras supervisar "informes de delitos de odio en varios países", el estudio realizado por esta organización concluye que a lo largo de 2020 se registraron 810 ataques provocados por "fanáticos, fascistas y violencia de extrema derecha", aunque también destaca que ese número no sería más que "una fracción de la cantidad de incidentes que ocurren todos los días en todo el mundo".

Entre los actos violentos recopilados por este grupo figuran 152 tiroteos, 415 palizas, 27 ataques incendiarios, 88 puñaladas, 415 palizas o 60 ataques de vehículos, entre otros. "Estos ataques mataron a 325 personas e hirieron a otras 1.186", apunta. 

El documento destaca que este aumento de casos se produjo en un año marcado por la pandemia, algo que no considera casual. De hecho, sostiene que el coronavirus "bien puede ser una de las razones del aumento de la violencia intolerante en 2020". Señala que "la narrativa de culpar a China por la pandemia" provocó que los ataques a personas asiáticas se multiplicasen por ocho durante el año pasado.

Otro de los factores clave para entender el aumento de los crímenes de odio a nivel global en 2020 está en Nueva Delhi, donde en febrero pasado "extremistas hindúes incendiaron mezquitas y negocios de propiedad musulmana" además de realizar ataques con ácido y efectuar "palizas, apuñalamientos, disparos e incendios" que dejaron al menos 43 personas muertas y más de 500 heridos.

El informe también pone de relieve la violencia desatada en Estados Unidos contra simpatizantes del movimiento antirracista Black Lives Matter, lo que dejó un saldo de "seis muertos y 62 heridos". Se destaca además que Nueva York vuelve a figurar como la ciudad con más actos de "violencia motivada por el odio" en todo el mundo. 

Ataques en España

En el caso de España, el informe recoge lo ocurrido el 5 de enero de 2020, cuando "una pareja gay de Francia fue salvajemente atacada y hospitalizada mientras estaba de vacaciones en Torremolinos". "Fueron atacados por cuatro jóvenes que los golpearon violentamente mientras les gritaban insultos homófobos", señala.

Cita además que el 13 de octubre "dos nazis atacan a un grupo de cuatro jóvenes de origen marroquí en el barrio de San Blas de Madrid", mientras que el 24 de diciembre "el cadáver en estado de descomposición de Iratxe Otero, una mujer trans de 29 años que vivía en Costa del Silencio, es hallado cerca de un centro comercial dos días después de haber sido asesinada a puñaladas". 

Por último, el informe recoge que el pasado 29 de diciembre la Policía española "allana un almacén alquilado por un nazi en Málaga, incautando 121 pistolas, 22 rifles de asalto, 8 metralletas, 10.000 cartuchos de munición, ocho silenciadores, una granada antitanque y 1,5 kilogramos de explosivos". En este último caso, Antifa International cita la información difundida por Sare Antifaxista, un grupo vasco que sigue de cerca las actividades y crímenes de odio de la ultraderecha. Su portavoz, Eduardo González, ha sido varias veces amenazado de muerte por neonazis españoles.

Danilo Albin, Diario "Público"

Para leer

Autogestión y revolución: de las primeras cooperativas a Petrogrado y Barcelona.

Las primeras cooperativas, la Revolución Rusa, los Consejos Obreros en Italia o la colectivización en la Revolución Social española son algunos de los distintos casos de autogestión obrera tratados en este volumen. Un análisis de los problemas de la autogestión, entendiéndola como aquellos momentos en que, aun con limitaciones, el trabajo logra organizarse sin el capital y alcanzar la democratización total y directa de los mecanismos de poder económico.

Situaciones concretas y puntuales, en que emerge otra forma de producción y organización que a veces se vislumbra como un momento de quiebre sistémico y otras, la mayoría, como resistencias o salidas frente a contextos de crisis o, para el presente y ampliando la mirada, como resistencias y alternativas a la hegemonía de una forma del capitalismo global que apunta a prescindir de grandes sectores de la clase trabajadora, por lo menos como asalariados, especialmente asalariados formales.

Editorial Descontrol, Colección Bagong! Barcelona 2020

318 págs. Rústica 21x14 cm

ISBN 9788418283086

Plan Internacional despide a todas sus captadoras para intentar deshacerse de CNT-AIT

El lunes 18 de enero la Fundación Plan International despedía a las tres últimas trabajadoras del departamento de captación de fondos. Estos despidos se suman a los que se venían realizando desde que las captadoras, en su mayoría afiliadas a este Sindicato, se reincorporaron del ERTE en junio. Aunque no es la primera vez que Plan despide a compañeras (ya en dos ocasiones hemos conseguido la readmisión de las compas despedidas), esta vez no han echado solo a las afiliadas a la CNT-AIT o viceversa, esta vez nos han echado a todas. 

Están dispuestos a cargarse un departamento entero y dejar en la calle a decenas de trabajadoras con tal de deshacerse de la CNT-AIT. Porque no soportan  que hayamos  conseguido que se respeten derechos que la Fundación hubiese preferido que no conociéramos (contrato indefinido, EPI’s, readmisión trabajadores/as despedidos/as, etc). Porque sabiendo que nuestra toma de conciencia no tiene vuelta atrás piensa que es más fácil externalizar el servicio subcontratando a una agencia que sentarse a hablar con nosotras y atender nuestras reivindicaciones. Pero lo llevan claro, porque no vamos a rendirnos ni vamos a parar hasta recuperar nuestros puestos de trabajo, lo que gracias a la solidaridad hemos conseguido ya dos veces.

¡Obrera despedida, patrón colgao!

Sindicato Enseñanza e Intervención Social CNT-AIT, Madrid

¿Crisis? La Casa Real se gastará 500.000 euros en el mantenimiento de sus tres piscinas

Patrimonio Nacional ha fijado gastarse este 2021, hasta 500.000 euros en el mantenimiento de tres piscinas de la Casa Real. Este dinero salen del Ministerio de Presidencia. Un órgano que tiene, oficialmente, el fin de preservar el patrimonio histórico y cultural pero no una piscina particular sin ningún tipo de atractivo arquitectónico.

Más allá de las piscinas, Patrimonio Nacional también ha adjudicado contratos para la conservación de los edificios del complejo de la Zarzuela. En el caso de las piscinas, son dos de verano y una de climatizada para la temporada de invierno. La información la publica ElDiario.es y el Estado justifica la partida como «trabajos específicos de mantenimiento de piscinas», así se puede constatar en el epígrafe de contratación estatal de Patrimonio Nacional. Para intentar justificar la acción, se remiten al decreto marcado por el ministerio de Sanidad que establece «el cuidado de espacios públicos y privados». A efectos prácticos, en estas piscinas sólo se pueden bañar Felipe VI, su familia y los invitados.

Los 500.000 euros anuales se justifican con tareas como un cepillado diario del vaso, la limpieza de los filtros o el control higiénico de la calidad del agua. El contrato se ha adjudicado a Multiservicios Tecnológicos SA , especializado en instalaciones, climatización o cámaras frigoríficas. Además, se han de sumar 240.000 euros adicionales para el mantenimiento del edificio y sus dependencias a la empresa Teodoro SA, tareas de limpieza del palacio por 893.000 euros y servicios forestales del Pardo por 140.000. En definitiva, prácticamente hay 2 millones de euros extras que se han de sumar los 8,4 millones oficiales que los españoles pagan anualmente con sus impuestos para mantener la monarquía.

Patrimonio Nacional dedica dinero y personal en la Casa Real. Según los últimos datos públicos de 2015, se destinan 122 trabajadores en la Zarzuela . Hay varios perfiles, entre ellos un arquitecto técnico y una ingeniera pero también especialistas en protocolo para saber cómo actuar dentro de las dependencias del palacio. En definitiva, los objetivos no van en la misma línea que el que pregona públicamente Patrimonio Nacional. Si echamos un vistazo a su portal web, podemos leer que se centran en unos «talleres necesarios para poder atender tanto la restauración de la obras de arte como para apoyar a los actos oficiales que en los diferentes palacios organizan para representación de la Jefatura del Estado «. 

Los proyectos que actualmente aseguran que están en marcha son dos. El primero, digitalizar los fondos del Convento de Santa Clara de Tordesillas en Valladolid. El otro, ordenar un amplio volumen de documentación sin clasificar sobre la Primera Guerra Mundial y el papel de Alfonso XIII en la «Gran Guerra» de quienes consideran que tuvo «un carácter muy solidario de ayuda humanitaria». Pero sobre piscinas, limpieza o tareas forestales, ni rastro.

La pobreza severa en España superará el 10% de la población tras la crisis del covid-19

“Casi 800.000 personas en España podrían caer en la pobreza severa por el impacto del coronavirus, hasta alcanzar la cifra de 5,1 millones en nuestro país viviendo con menos de 16 euros al día. En el mundo serían más de 200 millones de personas. El virus se ha cebado con los más vulnerables, han sido las mujeres, los jóvenes, las personas racializadas o los migrantes los que han sufrido el impacto más fuerte”. Lara Contreras, responsable de Contenidos e Incidencia de Oxfam Intermón resume así el impacto de la pandemia entre los más vulnerables, recogido en el informe anual de desigualdad que realiza la organización, presentado hoy de cara a la cumbre que se celebra en Davos.

“La desigualdad entre los jóvenes se ha incrementado 1,6 veces más por encima de la media”, añade la portavoz de Oxfam; así como se ha incrementado la vulnerabilidad “entre las mujeres, sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por la pandemia y que sufren más precariedad laboral” y entre los migrantes “que pueden sufrir un incremento de su pobreza hasta llegar al 57%”.

Además, la tasa de pobreza relativa en España pasaría del 20,7% hasta el 22,9%, lo que supone un millón de personas más por debajo de la línea de pobreza, estimada en 24 euros al día, hasta alcanzar los 10,9 millones de personas durante el 2020. Por Comunidades Autónomas destaca el incremento de la pobreza relativa en Baleares, con un 19%, seguida de La Rioja, con un 16,9%, Navarra, con un 16,1%, Castilla y León con un 14,6 % y Extremadura con un 14,2%.

Mientras, el Ingreso Mínimo Vital solo ha llegado a 160.000 de los 850.000 hogares previstos. Oxfam estima que de haberse aplicado en su totalidad durante el segundo trimestre del año, habría salvado de la pobreza a 277.000 personas. Del otro lado, los ERTE, destacados como ejemplo a imitar por esta organización, podrían haber evitado que más de 710.000 personas hayan caído en la pobreza.

El informe recoge también que este aumento de la pobreza va unido a un aumento en la desigualdad social. Así, las personas más pobres en nuestro país habrían perdido, proporcionalmente, hasta siete veces más renta que las más ricas. “El 10% más pobre de la población podría perder proporcionalmente siete veces más que el 10% más rico. De hecho, los milmillonarios en España han recuperado más de la mitad de su fortuna que perdieron tras el impacto del coronavirus, unos 26.500 millones de euros que podrían haber pagado totalmente los ERTE desde mayo a septiembre en nuestro país” explica Contreras. Según el índice de Gini, que marca la desigualdad en un territorio, los datos del informe recogen que este aumentaría principalmente en comunidades como Extremadura, con un 5,31%, Murcia, con un 4,74% y Andalucía con un 4,60%.

“Oxfam advierte de que por primera vez en la historia la desigualdad se podría incrementar en todos los países del mundo como resultado del impacto de la pandemia del coronavirus. De hecho nuestras estimaciones nos dicen que las mayores fortunas del planeta ya han recuperado lo que han perdido por el impacto de la pandemia en tan solo 9 meses mientras que la población más pobre del planeta puede tardar una década en recuperarse” destaca la portavoz de Intermón Oxfam. “El incremento de la fortuna de las 10 personas más ricas del planeta podría pagar en su totalidad la vacunación de todas las personas del planeta y el impacto económico de la pandemia”, acaba.

Fuente: El Salto

Los trabajadores afectados por un ERE con acuerdo sí pueden recurrir su cese

Los empleados afectados por un despido colectivo finalizado con acuerdo no tienen por qué asumir sus consecuencias. Los trabajadores descontentos pueden acudir a los tribunales para impugnar el cese si consideran que este fue injusto. Así lo establece una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de las Islas Baleares, en la que da la razón a dos trabajadoras de un centro deportivo que llevaron a juicio a su exempresa. Según concluye el tribunal, la mercantil no tenía derecho a despedirles porque la situación de cierre la provocó ella misma al incumplir la normativa urbanística, lo que paralizó gran parte de las actividades del gimnasio.

El fallo (cuyo texto puede consultar aquí) da un giro de 180 grados al criterio seguido hasta ahora por el Tribunal Supremo, según el cual, si hay acuerdo entre patronal y trabajadores se presume que la causa del despido es válida. En consecuencia, estos ya no pueden reclamar individualmente. Sin embargo, para el tribunal balear, esta interpretación es contraria al Convenio número 158 de la OIT ratificado por España en 1985. La vía judicial no puede limitarse en estos casos, afirma la Sala, “a la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho” en la negociación.La solución otorgada, recuerda el tribunal, viene impuesta por el artículo 96 de la Constitución, que insta a cualquier magistrado a aplicar preferentemente estos convenios en detrimento de la ley española o su interpretación jurisprudencial en caso de conflicto

Obras ilegales

Según recoge el relato de los hechos probados de la sentencia, la empresa inició el ERE (que afectaba a 73 trabajadores) el 30 de mayo de 2018. La causa que lo motivó fue una resolución del Ayuntamiento de Palma que les obligaba a cerrar diversas superficies y a paralizar actividades en el gimnasio por no ajustarse a las condiciones de la licencia. La situación motivó el cierre del negocio.

Las negociaciones con los representantes elegidos por los trabajadores se llevaron a cabo en el mes de junio, finalizando con un acuerdo por el que se indemnizaba a los empleados cesados con 25 días por año trabajado. La Inspección de Trabajo denunció mala fe del empresario y fraude de ley, pero la compañía resultó absuelta.

Dos de las trabajadoras afectadas decidieron entonces recurrir su despido, que consideraban injustificado. Sin embargo, la primera sentencia, del juzgado de lo social, rechazó la demanda. En síntesis, el juez afirma que estas no podían cuestionar la causa del despido una vez que se había firmado con el acuerdo de los representantes legales de los trabajadores. Permitir pleitos individuales en estas circunstancias, explica, daría lugar a una “enorme inseguridad jurídica”.
No obstante, las empleadas recurrieron la resolución del juzgado, consiguiendo que el TSJ balear les diera finalmente la razón y les indemnizara por despido improcedente, esto es, con 33 días por año trabajado y no con 25.

Tutela judicial

El derecho de los afectados por un ERE a acudir a los jueces para impugnar su situación es, según el tribunal balear, una exigencia de la tutela judicial que garantiza concretamente el Convenio número 158 de la OIT.

Los magistrados rechazan, en este sentido, el criterio seguido en una sentencia de 2018 por el Tribunal Supremo respecto de aquellos expedientes que finalizan con acuerdo entre las partes. El hecho de que los representantes de los trabajadores hayan admitido la causa que justifica el despido no significa que esta exista, argumentan los jueces baleares. Se trata de una presunción que debe poder refutarse en juicio.

Es decir, según argumentan, tras un despido colectivo pactado, los pleitos individuales no pueden limitarse a casos de mala fe en la negociación. Es cierto, reconocen, que el acuerdo final tiene un valor reforzado (en tanto que se ha consensuado), pero no absoluto, por lo que se puede revisar en juicio.

En el caso concreto, argumentan los magistrados, la mercantil no tenía un motivo justificado para iniciar el ERE. El cierre de las instalaciones y la paralización de actividades se produjo por una actuación ilícita de la empresa, no por una causa ajena a ella. “Tanto en los supuestos de fuerza mayor como en los supuestos de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la procedencia de la medida extintiva requiere que nos encontremos ante circunstancias independientes de la voluntad del empresario”, afirman.


Por este motivo, el tribunal concluye que el despido de las trabajadoras es improcedente, y condena a la compañía a readmitirlas o a pagarles la diferencia respecto de la indemnización que realmente les corresponde.

Murcia: Grupo Anarquista Aurora

El 10 de enero de 2021 se constituyó en Murcia el Grupo Anarquista Aurora, cuyo ámbito de actuación es el Sureste Ibérico. Nuestros principios son el apoyo mutuo, la solidaridad, la acción directa y el internacionalismo. Nos pronunciaremos y actuaremos en todos los aspectos de la vida defendiendo los principios anarquistas que asumimos como nuestros. Este grupo pretende, mediante el ejemplo individual y la difusión de sus principios en forma de propaganda, combatir al sistema en todos sus aspectos que nos condenan a tener una vida antinatural.

Estudiaremos varios campos como la religión, el Estado, el anarcofeminismo, el anarcosindicalismo, la cultura, la ecología, etc…

Estaremos donde nos pidan y consideremos que debamos estar, siendo totalmente contrarios a la participación con instituciones o sectas religiosas.

Trabajamos por y para la revolución social, no queremos líderes que nos gobiernen, porque nos negamos a aceptar cualquier autoridad.

Esta página junto a la de twitter, así como nuestro blog, serán nuestra herramienta pública de expresión, pero editaremos una revista para que podáis tener de forma física aquello que publiquemos.

Llamamos a este grupo “Aurora” por la belleza de la palabra en sí, por ser una luz en el amanecer de cada día, por ser la esperanza de que, un día, el mundo pueda ser un lugar donde exista la libertad en su más alta expresión.

Para contactar con el grupo os dejamos la siguiente dirección:

grupoaurora@riseup.net

Para enviarnos vuestros artículos para publicar escríbenos a esta otra dirección:

cikitrake@riseup.net

Nuestro blog:

https://grupoaurora.noblogs.org/

Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT): Solidaridad Obrera de Chile

En Solidaridad Obrera, somos una organización anarcosindicalista formada por trabajadores y trabajadoras formales e informales, que reconocemos la importancia de la asociación de los trabajadores y trabajadoras en una organización de lucha con ideas claras, una organización revolucionaria, en tanto buscamos cambiar la estructura de producción y distribución capitalista por una solidaria, autogestionaria y que respete el medio ambiente y la vida silvestre. 

No aceptamos subvenciones del estado y sus instituciones así como de iglesias o partidos políticos, ya que creemos que la autonomía económica es la fuente de la autonomía política.

Tampoco aceptamos lideres o dirigentes de tiempo completo, financiados por la organización, ya que la lucha social es una actividad donde todos y todas hacemos nuestro aporte. 

En Solidaridad Obrera no hay un grupo especializado que dirija, sino mas bien un secretariado escogido por todos en Congreso y con facultades restringidas, sin poder resolutivo y revocable en cualquier momento.

En Solidaridad Obrera nos hacemos parte de los principios y el trabajo que la Asociación Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras (AIT) tiene como referente revolucionario internacional, que agrupa a trabajadores y trabajadoras en sindicatos que no tiene pactos con ningún partido político, estado, gobierno, iglesia o empresas nacionales ni trasnacionales. Es por esto que Solidaridad Obrera, se esfuerza en la propaganda de las ideas anarcosindicalistas y en la concientización de la fuerza de l@s trabajadores y trabajadoras para enfrentar a los patrones y empresas nacionales y trasnacionales a través de la solidaridad en la lucha, con la unidad que da la fuerza de la organización.

Para esto, creemos que la solidaridad es un arma tanto a nivel regional como internacional, no reconocemos los límites nacionales. Si creemos necesario que l@s trabajadores y trabajadoras debemos entender que solos y aislados somos presa fácil de los empresarios y de las peores formas de explotación. 

La historia nos da lecciones que organizad@s y unidos somos fuerza. También creemos que somos l@s trabajadores y trabajadoras en conjunto al resto de la sociedad quienes somos l@s llamados a construir una sociedad sin clases, sin explotación y sin opresores ni oprimidos por el anarquismo

En la actualidad constamos con dos secciones una en Valparaiso y la otra en el Bio Bio.

solidaridadobrera@riseup.net

El Defensor del Pueblo detecta “información confusa” en la historia clínica de tres reclusos fallecidos en la cárcel de Alicante

Una visita sorpresa del organismo público alerta sobre la falta de personal sanitario, partes de lesiones con lagunas y funcionarios sin identificar

Tres técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, además de un médico forense externo, detectaron graves carencias en el centro penitenciario Alicante II de Villena durante una visita sin previo aviso realizada el 29 de junio de 2020. La inspección del organismo público, que incluye entrevistas reservadas con los internos, ha descubierto que la prisión, con 845 celdas, sólo cuenta con dos facultativos, que casi todos los funcionarios no portaban su identificación y la existencia de partes de lesiones con lagunas, entre otras graves carencias denunciadas por los presos. La dirección del centro no ha contestado a ninguna de las recomendaciones.

La ficha de la visita, cuyas conclusiones se han publicado seis meses después, alude al fallecimiento de tres internos en los últimos tres años. “La información recogida en la historia clínica correspondiente al día del fallecimiento es confusa y no incluye la información necesaria para clarificar las circunstancias de la muerte”, señalan los técnicos del organismo público dirigido, en funciones, por Francisco Fernández Marugán.

“La adecuada investigación de una muerte en situación de privación de libertad es responsabilidad de la autoridad a cargo de la custodia, teniendo como objetivos principales clarificar las circunstancias de la muerte, contribuyendo a disipar preocupaciones sobre una posible atención inadecuada y proporcionar información esencial para prevenir futuras muertes similares”, según las recomendaciones y guías internacionales citadas por el Defensor del Pueblo.

El organismo recomienda a los responsables del centro penitenciario, que cuenta con un total de 845 celdas, que en caso de fallecimiento de un preso se indique en la historia clínica del interno las actuaciones desarrolladas con posterioridad a la muerte, incluyendo la eventual intervención judicial o la autopsia. Las cárceles valencianas, tal como informó este diario, han registrado 108 fallecimientos de presos entre 2015 y 2019.

Sin médico “de dos a tres días a la semana”

La plaza de subdirector médico, vacante desde hace dos años, la ocupa una facultativa que no se encontraba presente en el momento de la visita y que, “a pesar de los reiterados intentos de recabar información de esta profesional y pese a que, en varias ocasiones, aseguró que remitiría lo solicitado, la doctora no envió documentación ni información alguna”. La ficha de la visita indica que el organismo público no formula un recordatorio de deber legal al tratarse de una “rara excepción en el contexto de continua colaboración” entre el Defensor del Pueblo e Instituciones Penitenciarias.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la prisión de Alicante II incluye siete plazas de médico pero solo se cubren cuatro, de las que “solo dos” estaban en activo en el momento de la visita sorpresa. Durante la pandemia, la asistencia médica se organiza con turnos de guardia de 24 horas que se alternan dos facultativos. “Ello supone la ausencia de médico en el centro de dos a tres días a la semana a consecuencia de los plazos de libranza (48 horas tras las 24 de guardia)”, según apuntan las conclusiones de la visita. Los días que no hay médico, se deriva la asistencia al 112 de la Generalitat Valenciana.

La falta de médicos “limita, en las condiciones actuales, el adecuado control facultativo de las urgencias en ausencia del médico del centro”, concluye el organismo fiscalizador del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. Además, según han detectado los técnicos del Defensor del Pueblo, los internos entrevistados en el módulo de régimen cerrado aseguraron que, desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el equipo médico “no había acudido a dicho módulo en ninguna ocasión”. “Todo ello”, advierte, “compromete el deber de garantizar a todos los internos una adecuada atención médico sanitaria, tal y como prevé la normativa penitenciaria”.

El personal de la prisión, a diferencia de lo que manifestaron los internos entrevistados, sostenía que se facilitaba una mascarilla a los presos “cada pocos días”. Aunque las instalaciones de los servicios médicos de la prisión son, “en términos generales, modernas y amplias” —cuentan con un área de ingreso para 64 internos con diferentes patologías o problemas de movilidad— los técnicos alertan de una “escasa integración de los servicios médicos en las actividades de prevención y difusión de información” sobre la COVID-19.

Partes de lesiones con lagunas

En la cárcel de Alicante II, “con frecuencia no se incluye en la historia clínica la copia de los partes de lesiones u otros documentos médico-legales emitidos” ni la asistencia prestada. Los partes describen de “forma poco detallada” las lesiones y, “con frecuencia”, no se cumplimentan los apartados correspondientes a hora y lugar, ni las manifestaciones del interno sobre el origen del daño sufrido.

Los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también advierten de que “prácticamente ningún funcionario” portaba su identificación durante la visita, por lo que urgen a la dirección del centro a “adoptar con carácter urgente” las medidas necesarias para que los trabajadores de la prisión cumplan con su deber de portar su placa identificativa.

Las mujeres presas que fueron entrevistadas durante la visita denunciaron un trato discriminatorio respecto a los hombres, que tendrían un mayor acceso a destinos retribuidos y a más actividades. Así, el Defensor del Pueblo ha solicitado la lista de los destinos retribuidos y de actividades del centro desagregada por sexos.

El equipo directivo de la prisión de Alicante II aseguró a los técnicos que los internos que permanecen en régimen cerrado participan en un programa especial con actividades que ayudan al preso a obtener el segundo grado. Los internos del módulo entrevistados aseguran, por el contrario, que no conocen el Programa de Intervención de Internos en Régimen Cerrado (PIRC) y que apenas tienen actividades.