De las protestas del metal de Cádiz de finales de noviembre jamás olvidaremos a la ciudad y a la comunidad entera respaldando a sus vecinos, participando en paros y cortes y mostrándonos, una vez más, la eficacia de estas tácticas en cualquier lucha colectiva. Otra cosa que no se nos borrará de la memoria es la tanqueta de la UIP recorriendo las calles gaditanas como si se encontrara en Belfast en 1975. O las cargas policiales. O el vídeo viral de los antidisturbios salvando la democracia española apaleando a un anciano.
A estas alturas a nadie se le escapa que, al menos de vez en cuando, hay funcionarios (de prisiones, policías, etc) que se exceden y cometen actos de tortura y/o de malos tratos. Si son habituales o no, sistemáticos o no, ordenados por sus superiores o no, entendemos que puede ser debatible. Nosotras tenemos nuestra opinión al respecto. Pero que esta violencia ocurre, al menos ocasionalmente, no es cuestionable.
El grado de intensidad del maltrato es variable. En el espectro más bajo podemos citar el ejemplo que han vivido muchas personas que han pasado por una detención, que relatan haber sufrido algún empujón, colleja o comentario vejatorio. En el más alto, desde golpes hasta disparos. El ejemplo más reciente se produjo en Villaverde el pasado 5 de noviembre, cuando – según los medios – unos agentes “abatieron” a Issa, un ciudadano ghanés que supuestamente había amenazado a uno de ellos con un cuchillo. Sin embargo, el relato de muchas vecinas que presenciaron los hechos, es que éstos se habían “excedido y habían disparado indiscriminadamente contra el fallecido, incluso cuando estaba en el suelo”[1].
Denuncias al denunciante
Pese a lo innegable de la existencia de casos de violencia institucional, existen personas que han sido condenadas por delitos de calumnias contra la policía por verbalizar casos de malos tratos. El caso más reciente es el del periodista Fonsi Loaiza, quien vinculó a la policía y al racismo institucional con la muerte del mantero Mame Mbaye y fue condenado por ello el pasado 13 de octubre[2].
Otro ejemplo es del profesor Iñaki Rivera, que fue denunciado e investigado por decir en la televisión catalana que se producen torturas en las cárceles[3]. Por fortuna, en su caso, el pasado 16 de noviembre su causa fue archivada.
En todos los ejemplos citados sobre estas líneas, los denunciantes fueron sindicatos policiales o de prisiones.
Torturas en centros penitenciarios: golpes como castigo para sacar información
La delegación del CPT examinó el trato y las condiciones de detención de personas recluidas en varias prisiones –Castelló II, Soto del Real, Estremera, Sevilla II y València/Picassent– y en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, así como en un centro de detención para menores en Algeciras. Además, se examinó el trato y las garantías ofrecidas a las personas privadas de libertad por la policía en comisaría.
Así, el Comité para la Prevención de la Tortura insta en su informe a las autoridades españolas a tomar “medidas decididas para prevenir los malos tratos en prisión y garantizar que los casos se investigan de forma eficaz”. También propone medidas para mejorar el tratamiento de los presos y pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos penitenciarios y para hacer frente a los malos tratos por parte de agentes de policía.
“La mayoría de las personas entrevistadas durante la visita afirmaron que los agentes los habían tratado correctamente”, afirma el informe. Sin embargo, la delegación del CPT “recibió un número significativo de denuncias de malos tratos”, afirma el documento, que detalla una veintena, “principalmente contra la Policía Nacional, consistentes en bofetadas, puñetazos y patadas, así como, ocasionalmente, el uso de porras con el supuesto fin de obligar a las personas a proporcionar información, confesar delitos o castigarlas por el presunto delito cometido”.
El CPT considera “muchas de denuncias consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte de funcionarios de prisiones, que consistieron principalmente en bofetadas en la cabeza y el cuerpo, puñetazos, patadas y golpes con porras”. Y añade que “en varios casos, los presuntos malos tratos fueron respaldados por lesiones documentadas por la delegación o anotadas en el historial médico de la persona«.
La delegación también recibió “varias denuncias creíbles de personas a las que se les había sometido las plantas de los pies a repetidos golpes de bastón, un método de tortura conocido como falaka”.
Según el documento, “el maltrato parece ser una reacción punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos. Abordar ese comportamiento requiere una supervisión más rigurosa por parte de la dirección, la formación del personal en técnicas de control, contención y desescalada, la documentación precisa de todas las lesiones y la denuncia inmediata de todas las denuncias de malos tratos a las autoridades fiscales”.
Mención especial a las contenciones mecánicas
En este medio hemos hablado largo y tendido del gravísimo problema que suponen las contenciones mecánicas: una práctica consistente en inmovilizar a una persona y atarla a una cama por las muñecas, tobillos o caderas[4]. Su existencia ha generado enormes críticas y años de luchas por parte de activistas de la salud mental, las cuales han desembocado en diferentes procesos de resistencia. En nuestro contexto más inmediato el colectivo LoComún lanzó en 2018 la campaña #0Contenciones, en la cual mediante la difusión de documentos y testimonios de afectadas abogan por acelerar la abolición de una práctica prohibida ya en otros países buscando politizar colectivamente el malestar con una mirada social.
Es un gusto ver que el trabajo de colectivos activistas de base está dando sus frutos y que cada vez son más los organismos oficiales que asumen que esta práctica es una barbaridad que debe llegar a su fin. Y, en este sentido, el CPT en su informe hace especial énfasis en la problemática de la fijación mecánica de una persona a una cama. El documento alaba “los considerables avances realizados en todas las cárceles de España en la reducción tanto del número como de la duración de las aplicaciones de la medida. Sin embargo, el CPT considera que el objetivo debe seguir siendo abolir esta medida en prisión, ya que está expuesta a abusos”. Y cita varios ejemplos de ellos.
Por ejemplo, en el Centro de Detención de Menores La Marchenilla de Algeciras, la delegación del CPT resaltó que “varios menores se quejaron del comportamiento del personal de seguridad al inmovilizarlos” y el CPT encontró que los menores “continuaban siendo sometidos a períodos prolongados de fijación mecánica y se les inyectaba a la fuerza medicamentos mientras estaban fijados”. En consecuencia, el CPT “vuelve a instar a las autoridades españolas a abolir la fijación mecánica de menores a nivel nacional”.
Mujeres en prisión: doblemente explotadas
En lo que respecta a las reclusas[5], el informe pide “un enfoque específico de género que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres, por ejemplo, en relación con la gama de actividades que se ofrecen, y la adopción de una política para prevenir los actos de autolesión”. Además, el CPT denuncia la falta de productos específicamente femeninos (higiénicos, por ejemplo) en centros de detención y la falta de protocolos contra el acoso sexual a presas.
Hospitales penitenciarios: deberían estar bajo la responsabilidad del sistema nacional de salud y no de Interior
El informe del CPT también es crítico con el tratamiento y las condiciones que se ofrecen a los pacientes en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, y considera que “deben gozar de plena separación institucional y funcional del servicio penitenciario y estar bajo la responsabilidad del sistema nacional de salud. Paralelamente, debería haber un cambio de paradigma en el tratamiento de los pacientes forenses basado en los principios del tratamiento individualizado, alejándose del enfoque actual basado en la farmacoterapia”.
En ambos hospitales, la delegación “recibió algunas denuncias de malos tratos físicos consistentes en golpes con porras de goma y fijaciones mecánicas dolorosas e inadecuadas”, relata el informe.
Se dota a la policía de porras extensibles de acero
Pese a la contundencia de informes como éste, la última jugada del Ministerio del Interior de Marlaska (que, no olvidemos, se encuentra en manos del PSOE y Podemos) ha sido anunciar la compra de más de 25.000 bastones extensibles de acero y su reparto entre los cuerpos policiales para sustituir la tradicional porra semirrígida de la policía que tan bien conocemos. A un precio de 80 euros la unidad, nos han costado 2 millones de euros.
Más allá del gasto público, es una pésima nueva, debido a que estas armas (de 26 cm plegadas y más de medio metro extendidas) resultan mucho más gravosas, por ser más duras. Sus consecuencias pueden resultar terribles.
Se preguntaba un tuitero cuando se hizo pública esta noticia “¿qué relación se puede tener con una institución a la que se contenta dándole cosas para pegarnos más fuerte?”. La respuesta, desde luego, no es positiva.
[3] Sobre la denuncia interpuesta contra Iñaki Rivera en el año 2019, nos remitimos a este artículo.
[4] Sobre las contenciones mecánicas en centros de menores, véase este artículo. En el ámbito de la salud mental véase este otro.
[5] Para profundizar más en la cuestión de las mujeres en prisión, nos remitimos a este artículo.
Extraído de "Todo por Hacer"
