Algunos ya han puesto tierra de por medio. Las agencias de alquiler de viviendas y los colegios dan fe de ello. Pero la mayoría de los inmigrantes irregulares mexicanos que viven en Arizona, casi medio millón, ponen en orden sus cosas y esperan.
Los ilegales que ya han abandonado Arizona se han movido, como es lógico suponer, a otros estados de la Unión. Son los menos quienes han regresado a México.
El 29 de julio es la fecha marcada en rojo en el calendario: ese día, salvo que una juez federal lo impida, entra en vigor la ley SB-1070, que permite a las policía locales detener a cualquier persona sospechosa de estar irregularmente en el país, lo cual supondría un delito penal. Una ley que, basándose en las características raciales de las personas, afectará a inmigrantes legales e ilegales y a norteamericanos de pleno derecho.
Por lo pronto, los cinco consulados de México en Arizona recomiendan a sus nacionales que respeten todas las leyes y reglamentos, eviten conflictos en la vía pública y en sus domicilios, porten siempre consigo su documentación y hagan valer sus derechos ante una posible detención.
Arizona vivió en la última década un importante desarrollo económico e industrial, que atrajo mucha mano de obra extranjera. El mayor control fronterizo desde el 11-S también facilitó la inmigración ilegal por esta parte de la linde entre México y USA., puro desierto difícil de vigilar. Pero la crisis financiera de 2008 golpeó muy fuerte y, a la hora de buscar culpables, se eligió la parte más débil, el inmigrante; y, además, criminalizándolo al vincularlo injustamente con el crimen organizado y el narcotráfico.
