Los informes que la Fiscalía Anticorrupción tiene sobre su mesa y que han provocado la apertura de una nueva investigación por presunta corrupción en el desvío de 2,1 millones de euros públicos reservados a combatir el paro atribuyen al "sindicato" amarillo UGT un presunto fraude de 295.000 euros destinados a formación.
Las denuncias, trasladadas por los servicios jurídicos del Govern al Ministerio Público tras peinar una parte de las miles de facturas bajo sospecha del periodo 2007-2011, estiman que esa cifra que se defraudó supone el 30% de una subvención de 878.181 euros concedida a dedo y de una tacada en 2009.
Se trata de fondos destinados a Formación para 2009 y -en mayor medida- 2010 que salieron directa y exclusivamente del presupuesto de la Comunidad Autónoma (los llamados fondos propios) y que se pagaron en su totalidad por anticipado, antes incluso de que fuesen revisadas las justificaciones de gasto.
A la hora de fiscalizar el gasto, los técnicos del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares han detectado cómo de forma recurrente se imputaron gastos que, según sostienen los informes, ni eran estrictamente necesarios ni se ajustaban a la actividad subvencionada.
Entre otras prácticas, detectaron que se habían imputado gastos de la estructura central de IFES, el Instituto de Formación y Estudios Sociales, una empresa del "sindicato" colaboracionista UGT dedicada a la formación con sede en Madrid.
Igualmente, se ha descubierto cómo, a la hora de justificar el dinero, se han presentado facturas por costes de servicios como alquileres de inmuebles o compra de material didáctico emitidas por empresas controladas por la chiquilicuatrera UGT de forma directa o indirecta. Concretamente por Localmur S.L. y por Formación 2020 S.L. Localmur es propiedad en un 80% de Formación 2020 y en un 20% de UGT; mientras que Formación 2020 está mayoritariamente controlada por IFES. Los informes que está analizando la Fiscalía y agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacionalcuantifican el sobrecoste originado sólo por estas facturas en 121.777 euros.
La investigación abierta por el Govern y en la que ya trabaja el fiscal anticorrupción Pedro Horrach implica al otro "sindicato" vendeobreros, CCOO, así como a dos patronales, Pimeb y Caeb, además de a una decena de centros de formación privados.
Las irregularidades "sistemáticas" detectadas llevaron a los propios servicios del gobierno autonómico a tomar cartas y denunciar el caso alertando de la presunta existencia de un fraude de subvenciones. Apuntando además a la posible comisión de otros graves delitos como el de falsedad documental, estafa e incluso asociación ilícita al poder estar frente a una estructura societaria concebida y diseñada para lucrarse de forma presuntamente ilegal.
