La normativa española incumple el Convención del Comercio Internacional de especies amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre. Las especies exóticas amenazadas que son incautadas por contrabando en España pueden terminar siendo sacrificadas o entregadas a un centro de experimentación cuando el Estado no puede hacerse cargo de ellas.
Así lo establece el Real Decreto 1333/2006 que regula en España el destino de los especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestre y que ahora será investigado por la Unión Europea.
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha admitido a trámite una denuncia de la organización conservacionista Proyecto Gran Simio, que alertó a las autoridades europeas al considerar que la normativa infringe la Convención del Comercio Internacional de especies amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre (CITES) de la que España forma parte desde 1986. La Comisión de Peticiones ha pedido además a la Comisión Europea que realice una investigación preliminar, según consta en la carta remitida a la organización.
La Convención CITES se creó en 1975 para asegurar la supervivencia de especies amenazadas, y regular la compraventa internacional de animales y plantas exóticas, el cuarto negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo, por detrás del de las drogas, las armas y los seres humanos, según WWF.
Pero en España, la normativa establece que “en el caso de que sea imposible o inadecuada la reintroducción del espécimen al medio silvestre, su cesión para su mantenimiento en cautividad o su donación para fines de investigación, o los especímenes padecieran de una enfermedad incurable, crónica o infecciosa, podrá aplicarse la eutanasia y, en su caso, la destrucción del espécimen vegetal”.
El tráfico de especies es el cuarto negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo
Así lo establece el Real Decreto 1333/2006 que regula en España el destino de los especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestre y que ahora será investigado por la Unión Europea.
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha admitido a trámite una denuncia de la organización conservacionista Proyecto Gran Simio, que alertó a las autoridades europeas al considerar que la normativa infringe la Convención del Comercio Internacional de especies amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre (CITES) de la que España forma parte desde 1986. La Comisión de Peticiones ha pedido además a la Comisión Europea que realice una investigación preliminar, según consta en la carta remitida a la organización.
La Convención CITES se creó en 1975 para asegurar la supervivencia de especies amenazadas, y regular la compraventa internacional de animales y plantas exóticas, el cuarto negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo, por detrás del de las drogas, las armas y los seres humanos, según WWF.
Pero en España, la normativa establece que “en el caso de que sea imposible o inadecuada la reintroducción del espécimen al medio silvestre, su cesión para su mantenimiento en cautividad o su donación para fines de investigación, o los especímenes padecieran de una enfermedad incurable, crónica o infecciosa, podrá aplicarse la eutanasia y, en su caso, la destrucción del espécimen vegetal”.
El tráfico de especies es el cuarto negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo
Responsables de Proyecto Gran Simio, en conversación con este diario. “¿Cómo una ley para proteger las especies en peligro de extinción dice que se pueden sacrificar? Yo no estoy diciendo que el Estado lo haga, pero si ocurre tampoco nos íbamos a enterar”, prosigue.
Aunque las comunidades autónomas sí tienen centros especializados para hacerse cargo de los animales decomisados por tráfico ilegal, sólo acogen a las especies autóctonas. Para las especies exóticas, el Estado no dispone de centros de acogida, por lo que deriva esta función a zoológicos o centros privados, muchas veces con lazos en la redes ilegales.
Proyecto Gran Simio pone en cuestión que esta manera de actual garantice la libre independencia de los inspectores a la hora de denunciar posibles irregularidades en estos centros.
La organización denuncia además que “sólo se usa el CITES en calidad económica”. Las decomisiones por tráfico de especies se enmarcan dentro de la Ley de Contrabando, que se rige por el valor económico del material con el que se trafica y no por su valor ecológico, por lo que sólo se considera delito cuando el valor del género es igual o superior a 6.000 euros.
Aunque las comunidades autónomas sí tienen centros especializados para hacerse cargo de los animales decomisados por tráfico ilegal, sólo acogen a las especies autóctonas. Para las especies exóticas, el Estado no dispone de centros de acogida, por lo que deriva esta función a zoológicos o centros privados, muchas veces con lazos en la redes ilegales.
Proyecto Gran Simio pone en cuestión que esta manera de actual garantice la libre independencia de los inspectores a la hora de denunciar posibles irregularidades en estos centros.
La organización denuncia además que “sólo se usa el CITES en calidad económica”. Las decomisiones por tráfico de especies se enmarcan dentro de la Ley de Contrabando, que se rige por el valor económico del material con el que se trafica y no por su valor ecológico, por lo que sólo se considera delito cuando el valor del género es igual o superior a 6.000 euros.
Según el Seprona, entre 2005 y 2014 se incautaron cerca de 14.000 animales ilegales en España
Proyecto Gran Simio pidió por ello a la Unión Europea que se saque al CITES del Ministerio de Economía y se enmarque dentro de algunas de las Direcciones Generales de Ministerio de Medio Ambiente.
“No estamos tratando con objetos económicos, sino con seres vivos que han sido sustraídos ilegalmente de sus ecosistemas y se merecen un respeto a la vida como seres sintientes y que además sus poblaciones se encuentran en situación crítica de extinción”, señala la organización en un comunicado.
España se encuentra entre los países de Europa con mayor tráfico de especies al ser uno de los principales territorios elegidos por los traficantes para introducir animales exóticos a Europa desde Latinoamérica y África. Según datos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) encargado en mayor medida de las incautaciones, entre 2005 y 2014 se decomisaron cerca de 14.000 animales ilegales en el estado español.
