OXFAM acaba de publicar su “Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad”. En este índice se trata de ordenar a los países por su compromiso en promover políticas que reduzcan la desigualdad entre ricos y pobres. El índice mide tres ámbitos: el gasto social, la política tributaria y los derechos laborales.
Mientras que la posición de España en el índice de gasto social en salud, educación y protección social no es mala (puesto 16 de 152 países evaluados), la situación empeora en progresividad fiscal (puesto 48). Pero donde es peor es en protección de los derechos laborales: aquí España ocupa el puesto 55 a nivel mundial.
Para ver lo que esto significa, reduzcamos la comparación a los países de la OCDE (los más ricos): mientras que en el índice general España ocupa el puesto 26 (de 47 países), en políticas laborales su puesto es el 36 sobre 47, justo por encima de Trinidad y Tobago y por debajo, no sólo de todos los Estados de la Unión Europea y de países como Australia o Japón, sino también de países como Estados Unidos (donde el acoso antisindical es una verdadera industria) o -ampliando la comparación a Estados de fuera de la OCDE- de países no europeos como Togo, Guinea, Liberia, Burkina Faso, Malawi, Kenya o Tayikistán.
El índice de protección de derechos laborales está formado por tres indicadores: salario mínimo legal, protección legal a las trabajadoras, protección de los derechos de los trabajadores (especialmente de asociación, sindicación y negociación colectiva).
El pisoteo de los derechos de los trabajadores es la realidad cotidiana en una inmensa cantidad de empresas. Y las políticas del gobierno han hecho lo posible por amparar ese pisoteo, mediante unas reformas laborales con las que han pretendido erosionar lo que quedaba de mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores.
¿Qué dirá el gobierno ante estos datos? Presumiblemente negará que sean objetivos o se refugiará en el puesto global en gasto social (el 16 de 152) o en la clasificación general (puesto 27). Lo que es seguro que no hará es plantear una verdadera reforma laboral para perseguir de verdad todas las ilegalidades que se cometen diariamente en las empresas, para evitar que se despida a las mujeres embarazadas, para frenar la avalancha de horas extras impagadas y de jornadas laborales completamente abusivas, para poner diques a todos los abusos que se hacen con la contratación temporal (4 horas semanales de contrato y 56 de jornada real) o para proteger de verdad el derecho a sindicarse en vez de mirar a otro lado mientras se acosa, amenaza, maltrata y despide cotidianamente a quien intente organizarse sindicalmente.
Lo que es seguro que el gobierno español no hará es tomar nota del siguiente extracto del informe:
“Las posibilidades de obtener recompensas retributivas en el trabajo están determinadas por el poder individual y colectivo de quienes determinan los salarios (empleadores) en relación con los asalariados (empleados). También están determinadas por la manera en que el Gobierno interviene para regular estas relaciones y salarios. En las últimas décadas se han producido algunas tendencias importantes en el mercado de trabajo, que han visto cómo el poder de los empleados se ha desplazado hacia los empleadores y los propietarios de capital. En particular, ha habido un marcado descenso en el porcentaje de trabajadores afiliados a sindicatos en los países desarrollados, así como un crecimiento insignificante de la afiliación sindical en los países en desarrollo. Existe una fuerte evidencia de que el grado de sindicalización de la fuerza de trabajo es un factor determinante para ayudar a los trabajadores a exigir mayores salarios y mejores derechos”
Se puede acceder al informe en:
https://www.oxfam.org/es/informes/indice-de-compromiso-con-la-reduccion-de-la-desigualdad-cri
¿Qué dirá el gobierno ante estos datos? Presumiblemente negará que sean objetivos o se refugiará en el puesto global en gasto social (el 16 de 152) o en la clasificación general (puesto 27). Lo que es seguro que no hará es plantear una verdadera reforma laboral para perseguir de verdad todas las ilegalidades que se cometen diariamente en las empresas, para evitar que se despida a las mujeres embarazadas, para frenar la avalancha de horas extras impagadas y de jornadas laborales completamente abusivas, para poner diques a todos los abusos que se hacen con la contratación temporal (4 horas semanales de contrato y 56 de jornada real) o para proteger de verdad el derecho a sindicarse en vez de mirar a otro lado mientras se acosa, amenaza, maltrata y despide cotidianamente a quien intente organizarse sindicalmente.
Lo que es seguro que el gobierno español no hará es tomar nota del siguiente extracto del informe:
“Las posibilidades de obtener recompensas retributivas en el trabajo están determinadas por el poder individual y colectivo de quienes determinan los salarios (empleadores) en relación con los asalariados (empleados). También están determinadas por la manera en que el Gobierno interviene para regular estas relaciones y salarios. En las últimas décadas se han producido algunas tendencias importantes en el mercado de trabajo, que han visto cómo el poder de los empleados se ha desplazado hacia los empleadores y los propietarios de capital. En particular, ha habido un marcado descenso en el porcentaje de trabajadores afiliados a sindicatos en los países desarrollados, así como un crecimiento insignificante de la afiliación sindical en los países en desarrollo. Existe una fuerte evidencia de que el grado de sindicalización de la fuerza de trabajo es un factor determinante para ayudar a los trabajadores a exigir mayores salarios y mejores derechos”
Se puede acceder al informe en:
https://www.oxfam.org/es/informes/indice-de-compromiso-con-la-reduccion-de-la-desigualdad-cri
