El techo de gasto que pretende aprobar el Gobierno de Rajoy para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública entre 2018-2020 para cumplir con los compromisos presupuestarios impuestos por la Unión Europea supondrá perpetuar los problemas de financiación de la Sanidad Pública, sometida a una política salvaje de severos recortes durante los últimos años.
El Gobierno quiere que el déficit del PIB sea del 2,4% para 2018 el 2,7% para 2019 y el 2,8% en 2020 y que la deuda pública alcance el 97,6 %, y 95,4 % y 92,5 % respectivamente).
Así, el incremento del techo de gasto global para el 2018 será de 1.500 millones, una gota de agua para compensar los recortes acumulados de gasto sanitario público durante la crisis. España es el país de la OCDE, salvo Grecia, que más ha reducido este presupuesto. Por primera vez la participación de la sanidad en el PIB ha bajado del 6%, y se pretende reducirlo al 5,57% en el 2020.
Además de la escasa financiación, la sanidad pública que se enfrenta al pago de los cánones a las empresas privadas que gestionan los nuevos hospitales o servicios esenciales como el sistema de información o la historia clínica, que han multiplicado entre cuatro y siete veces los costes reales de las mismas.
A ello se une un brutal incremento del gasto farmacéutico derivado de una política del Ministerio de Sanidad complaciente con los intereses de Farmaindustria así como una enorme desviación del dinero sanitario público a la sanidad privada, que ha crecido un 52% en los últimos 10 años.
Esto supone, perpetuar los déficit del personal sanitario junto a la precariedad laboral, la pérdida de calidad asistencial, la falta de camas (se cerraron más de 6.000 pese a tener uno de los índices de camas por habitante más bajas de la UE), y sobre todo el brutal aumento de las listas de espera quirúrgica, que alcanza las 614.101 un record en las estadísticas del Ministerio de Sanidad (45.004 más que en junio de 2016), siendo el promedio de tiempo de espera de 115 días.
A ello se une un brutal incremento del gasto farmacéutico derivado de una política del Ministerio de Sanidad complaciente con los intereses de Farmaindustria así como una enorme desviación del dinero sanitario público a la sanidad privada, que ha crecido un 52% en los últimos 10 años.
Esto supone, perpetuar los déficit del personal sanitario junto a la precariedad laboral, la pérdida de calidad asistencial, la falta de camas (se cerraron más de 6.000 pese a tener uno de los índices de camas por habitante más bajas de la UE), y sobre todo el brutal aumento de las listas de espera quirúrgica, que alcanza las 614.101 un record en las estadísticas del Ministerio de Sanidad (45.004 más que en junio de 2016), siendo el promedio de tiempo de espera de 115 días.
