Los principales investigados en el caso de supuesta corrupción internacional con la venta de armas desde la empresa pública DEFEX, de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el expresidente José Ignacio Encinas Charro y el directivo y coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe, han conseguido más de 10 millones de euros cada uno en comisiones irregulares entre 2002 y 2012, según fuentes del caso que se instruye en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, informó ayer la Cadena Ser. Mordidas por la venta de armamento y distinto equipo de seguridad en más de 70 contratos bajo sospecha suscritos con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros, que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en paraísos fiscales.
El que fuese presidente de la comercializadora estatal de armas DEFEX, José Ignacio Encinas Charro, obtuvo diez millones de euros en mordidas obtenidas en operaciones desde la filial pública. Y otros diez millones es lo que calcula la Audiencia Nacional que pudo embolsarse su socio en tales operaciones, el coronel retirado Ángel María Larumbe, de 2002 a 2012.
De ello informa este lunes la Cadena Ser: el alto tribunal tira del hilo en el caso de supuesta corrupción internacional y que comprende ventas de armas desde Defex a países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros.
Estas operaciones, más de 70 según la investigación judicial, acababan en cuentas opacas a nombre de empresas pantalla y testaferros en paraísos fiscales. Los acusados han explicado que tales comisiones eran legales y que estaban autorizadas por la propia empresa pública. El mismo medio informa de que trataron de mostrarlo con un folio sin membrete y con el porcentaje del beneficio escrito a bolígrafo: un 0,5% de cada contrato.
Pero DEFEX desmonta esa coartada asegurando que nunca autorizaron esas comisiones. Esta empresa estatal integrada en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) ya ha sido disuelta. El caso de presunta corrupción en su seno estalló en 2014 con el fraude de un contrato de equipamiento policial a Angola que databa de 2008.
Ese país recibió material equivalente a una tercera parte de lo pagado y más de cien millones acabaron en las manos de funcionarios angoleños y españoles jefes de la trama. Para ello utilizaron una compleja ingeniería societaria opaca en paraísos fiscales que fue diseñada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa, según recuerda Cadena Ser.
