La última reforma laboral ha disparado la cifra de
expedientes de regulación de empleo (ERE) en las empresas. Pero no solo
en las medianas y grandes compañías, las dos centrales sindicales de
este país, que claman contra esta modificación legislativa que abarató
el despido -entre otros efectos colaterales- también está aplicando esta
medicina a sus plantillas. En Cádiz, los trabajadores de UGT tienen
encima de la mesa el mismo futuro incierto que los miles de afectados
por regulaciones laborales masivas. Pero con una clara diferencia:
enfrente, como patronal, tienen al sindicato, quien a la hora de
adelgazar su estructura no duda en agarrarse al mismo texto legal contra
el que piden a la ciudadanía que se movilice.
Fuentes internas de UGT confirmaron que la
central sindical planea aplicar un ERE que afectaría a unas quince
personas. Si bien, se está sondeando a los trabajadores por si
aceptarían otras alternativas que no supusieran el despido definitivo
como un expediente temporal (ERTE). Los empleados que se acogieran a esa
regulación definida en el tiempo verían reducida la jornada a la mitad
y, por ende, el salario. Las mismas fuentes señalaron que la mayoría de
estos trabajadores no llegarían ni a los 600 euros mensuales.
UGT, al igual que CCOO, han visto seriamente reducidas
las inyecciones de dinero público; lo que ha tenido un efecto directo en
los ingresos que manejan las centrales. Tampoco corren buenos tiempos
para la afiliación, la otra vía de ingresos que tienen estas
organizaciones. Con el aumento brutal y constante del desempleo, las
afiliaciones están en caída libre. De ahí que hayan sacado las tijeras
en algunas comunidades autónomas. En el caso de UGT, desde que se
aprobara la reforma laboral, se han presentado expedientes en Madrid,
Castilla La Mancha, Cantabria, La Rioja y Canarias, que han supuesto la
salida de más de un centenar de trabajadores.
