La juez Alaya ha acordado la imputación en el caso de otras 16 personas, entre ellos el ex secretario general del "sindicato" reformista UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla y al responsable de Acción Sindical de la amarilla CCOO en Sevilla, Francisco Figueroa, y otros "sindicalistas" de pata negra.
La juez Alaya, en un auto judicial, analiza las ayudas a las empresas Altadis y A-Novo Comlink y concluye que en la primera de ellas hubo al menos 15 irregularidades que supusieron un "cheque en blanco contra los fondos andaluces" y en la segunda, con unas ayudas gestadas en una reunión encabezada por el presidente de la Junta, siguió el "sangrado continuo de fondos públicos".
La juez acuerda un calendario de declaraciones entre el 14 y el 18 de julio que incluye a los "líderillos" de UGT y CCOO que firmaron en diciembre de 2004 el compromiso de pago de la Junta a Altadis, entre ellos Francisco Fernández Sevilla, que entonces era miembro de la dirección andaluza del "sindicato" colaboracionista UGT y posteriormente fue secretario general, y su compañera de "sindicato" Blanca Uruñuela, que comparecerán el día 15.
También declarará el 16 de julio Francisco Figueroa, secretario de Acción Sindical de CCOO en Sevilla, y José Luis Relea, ex responsable de Recursos Humanos de Altadis, y el día anterior el "sindicalista" de CCOO Antonio Perianes.
La juez decreta la citación como responsables subsidiarios de sus respectivos "sindicatos"-empresas, así como de Altadis y la matriz de A-Novo.
La juez vuelve a imputar por estas subvenciones a ex altos cargos ya acusados como los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
En Altadis, la juez enumera 15 irregularidades en los 26 millones de euros comprometidos por la Junta como el hecho de que las ayudas no fueron sometidas a fiscalización de la Intervención, no se hizo "ningún seguimiento", y no consta la aplicación de "criterios de publicidad, concurrencia y objetividad", todo ello "sin el mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos".
Sobre la malagueña A-Novo Comlink, dice el auto que las líneas básicas para su plan de viabilidad se acordaron en mayo de 2004 en una reunión en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la presidencia de la Junta, con asistencia del presidente -que entonces era el preimputado Manuel Chaves- pero, al igual que en Altadis, las ayudas "provocarían un sangrado continuo de los fondos públicos".
En este caso hubo un "dispendio in crescendo de los fondos públicos" cuyo "colofón" fueron las ayudas comprometidas para Manuel Jiménez de Miguel "por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla" pues no prestó "servicios efectivos" para la compañía y pese a ello se garantizó una suma de entre 2.159 y 9.221 euros al mes entre 2008 y 2017, añade el auto.
Alaya, a la vez, rechaza la petición de la Junta, personada como acusación, de imputar al empresario Alfonso Seoane, que ocupó varios cargos en la Expo 92 y recientemente fue asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), pues "en este caso su participación se habría limitado a ostentar cargos en las sociedades" de Rosendo y Sayago.
De la misma manera, "en el momento actual no se deducen indicios de la participación" de María José Cervantes (PSOE), exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) en las ayudas a la empresa Aglomerados Morell.
Alaya, que en recientes autos ha anunciado el fin próximo de la instrucción, aprovecha este auto para acordar diversas declaraciones que quedaron pendientes en años anteriores como las de responsables de la Asociación de Limpieza Pública (Aselip) de Granada y de dos jefes de Inversiones y de Créditos de Caja Rural de Granada por su intervención en las ayudas a Dhul.
