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La confesión de un alto funcionario de la Junta de Andalucía ha puesto en el disparadero judicial no sólo a UGT y sus facturas falsas, sino también a sus compinches de CCOO y a la patronal andaluza, a los que el empleado autonómico acusa también de irregularidades en los cursos de formación.
Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional -adscrito ahora a la Consejería de Educación de la Junta que dirige el "socialista" Luciano Alonso-, denunció en agosto de 2013 las "graves irregularidades" en la gestión de los cursos de formación que habrían consentido los sucesivos gobiernos autonómicos del PSOE en Andalucía.
En su declaración ante los especialistas en Delincuencia Económica de la Guardia Civil -que figura en el segundo tomo del sumario que terminó asumiendo el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla tras pasar por las manos de la juez Mercedes Alaya-, no deja títere con cabeza.
Además de señalar con el dedo al "sindicato" amarillo UGT, Montes acusa en firme al otro "sindicato" reformista, CCOO, y a la patronal andaluza, la CEA, de despreciar y burlar sin ningún complejo a los funcionarios de la Administración regional encargados de inspeccionar y controlar los cursos de formación, principalmente porque "los informes negativos o con impedimentos" que elevaban a los antiguos responsables de la Consejería de Empleo no tenían "ningún efecto", puesto que, "al contrario de lo que pudiera pensarse", la Junta les beneficiaba "con más adjudicaciones" de cursos al año siguiente.
Esa impunidad ha provocado que, según este jefe de departamento, "CCOO lleva sin justificar las programaciones de los últimos años, sin que ello haya impedido nuevas adjudicaciones". Cobra sentido que los responsables del "sindicato-empresa" UGT de Andalucía hayan estado presumiendo, desde que estallara el caso de las facturas falsas, de haber sido la organización que más cursos había realizado y justificado ante la Junta: una forma sutil de acusar al resto de firmantes de los acuerdos de la concertación social impulsados sucesivamente por los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Mucho antes de comprobar la justificación efectiva de los cursos celebrados, la Administración regional tenía que homologar los centros de formación donde se iban a impartir aquéllos. Pero esa fase de control previa tampoco era efectiva, entre otras razones por artimañas de los agentes sociales. Ahí, Montes señala con el dedo a la patronal andaluza, ya que la CEA habría llegado a presentar "más de cien cursos justo el día anterior" de su comienzo, "lo que impide la labor de homologación de los centros por falta material de tiempo".
El funcionario resalta que, paradójicamente, "sindicatos" reformistas y empresarios han llegado a alegar ante la Junta que, si iniciaban los cursos sin tener los centros homologados, era "por el mal funcionamiento del departamento de control". Y al final salían ganando, ya que los responsables de la Consejería de Empleo mantuvieron abierto el generoso grifo de las ayudas para la formación mientras internamente se dedicaban a dar "órdenes" para poner "todo tipo de impedimentos" a la labor inspectora.
El Gobierno andaluz también habría ajustado la ley a la medida de los presuntos infractores. Como las ayudas concedidas eran multimillonarias, se comprobó que "los agentes sociales no eran capaces de gestionar todas las acciones formativas, lo que motivó que cambiara la legislación permitiendo la subrogación, incluso dos veces, de la asignación de las acciones formativas". Con esa reforma, asegura el alto funcionario, se permitió a "sindicatos" amarillos y empresarios cobrarle a las subcontratas una "comisión cuya cuantía no especifica la norma, pero que normalmente asciende al 20%", justo el porcentaje al que apelaba el pasado viernes la líderilla de UGT-A, Carmen Castilla.
En el resumen de la declaración de Montes remitido por la Guardia Civil al juzgado, se resalta que "pone en evidencia la existencia de presuntas irregularidades en todos los órdenes", destacando los agentes de la UCO que éstas "permitían que los fondos dedicados a cursos de formación se adjudicaran de manera arbitraria a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del PSOE en Andalucía, así como de la propia Junta".
