Las víctimas fueron fusiladas por su vinculación con el sindicato anarcosindicalista CNT. Se trata del primer proceso por vía civil en la necrópolis donde yace el dictador Franco
Una familia zaragozana ha iniciado el primer pleito civil para intentar que se exhumen en el Valle de los Caídos los restos de dos antepasados anarquistas que fueron fusilados al comienzo de la guerra civil en el barranco de la Bartolina, cerca de Calatayud, y en el cementerio de la localidad.
En la necrópolis de la sierra madrileña, repartidos en cuatro criptas, están enterrados los restos de 33.000 personas fallecidas en la contienda. Y los parientes de los represaliados han aportado documentación oficial donde consta la cripta y el columbario exacto donde se encuentran sus seres queridos.
"Se trata de un proceso novedoso por dos motivos", explicó ayer Eduardo Ranz, joven abogado madrileño que lleva el caso. "Por un lado, se trata de la primera exhumación de fusilados del bando republicano en el Valle de los Caídos, y, por otro, tampoco se había ensayado nunca la vía civil para recuperar los esqueletos de los represaliados".
Las víctimas son dos hermanos que residían en Villarroya de la Sierra, y que eran, respectivamente, abuelo y tío abuelo de Purificación Lapeña, esposa de Miguel Ángel Capapé, responsable en Aragón de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico). Su vinculación con el sindicato anarquista CNT, que habían introducido en la comarca bilbilitana, les costó la vida.
"Para nosotros es una burla que mis parientes estén enterrados en el mismo lugar en que se hallan los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera, que están en el origen del golpe de Estado que derrocó la República", comentó ayer Purificación Lapeña.
El caso se está tramitando en los juzgados de San Lorenzo de el Escorial, en la Comunidad de Madrid, que ayer tomó declaración a los demandantes. "En cada columbario hay enterradas entre seis y ocho personas, por lo que será necesario realizar la prueba del ADN para determinar quiénes son los antepasados de mis clientes", explicó Ranz, que se ha especializado en casos relacionados con la recuperación de la memoria histórica.
Los fusilados, Manuel y Antonio Lapeña, estuvieron enterrados en fosas comunes hasta 1959. Ese año, el Ministerio de la Gobernación, sin consultar con los familiares, ordenó la apertura de numerosas zanjas en toda España y el traslado de los restos al Valle de los Caídos.
"Nosotros buscamos crear un precedente humanitario y justo que permita enterrar dignamente a personas que fueron víctimas de la represión hace casi 80 años", subrayó Ranz.
No es la primera vez que los demandantes tratan de recuperar los restos de los dos fusilados. "Ya lo hicimos hace unos años, por vía penal, pero entonces el caso se archivó", señaló Miguel Ángel Capapé.
Su esposa guarda en la memoria el relato que le hacía su padre de la guerra civil y sus consecuencias en la comarca de Calatayud y en su propia familia. "Uno de los fusilados era veterinario inspector, y el otro herrero, y el primero iba trabajando de pueblo en pueblo", explicó Purificación.
El segundo de ellos, Antonio, logró huir tras ser detenido, pero poco tiempo después se entregó voluntariamente y fue asesinado en las tapias del cementerio de Calatayud.
