El "sindicato" reformista UGT Andalucía pedía discreción a sus "dirigentes" provinciales para que la manipulación de facturas permaneciese oculta. Así se puso de manifiesto en una comisión interna que reunió el 29 de mayo de 2008 a los máximos responsables de las finanzas de la organización en Andalucía en la sede regional de la amarilla UGT en Sevilla.
En el encuentro, de cuyas deliberaciones existe incluso una transcripción, el entonces secretario de Administración, el "compañero" Federico Fresneda Heredero, a la sazón tesorero de UGT-A, hizo hincapié en que el secreto debía quedar restringido a unos "cuantos custodios", a un número limitado de proveedores. "No todos los días vas a comprar una mesa ni un ordenador, pero hay que justificar el programa. Nosotros modificamos facturas y con esto hay que tener cuidado, no se puede hablar con todos los proveedores, hay que tener cuidado con esto", insistió. Fue su respuesta a las dudas expresadas por el secretario de Administración de UGT-Jaén, el "compañero" Pedro Fuentes, acerca del acceso de las empresas proveedoras a la central de compras que había montado el "sindicato" vertical con la finalidad de controlar los "rápeles" que descontaban a los proveedores.
De ello da prueba el borrador del acta. A la comisión asistieron, además de Fresneda y Fuentes, los secretarios de Administración en Málaga y Sevilla, Juan Otero y Antonio Rodríguez de la Torre, respectivamente.
Federico Fresneda, el hombre que controlaba la caja del "sindicato" colaboracionista UGT-A de la que salían los sobresueldos de sus dririgentes, los aleccionó para que negociaran con sigilo con los proveedores contratados con fondos públicos a la hora de cambiar las facturas: "Más de dos empresas no se pueden tener, no se puede abrir tanto el abanico". La "defensa" de los trabajadores despedidos por el sindicato (159 en total) a finales del pasado año da validez a esta acta y se refiere a la misma en la demanda colectiva que ha presentado ante el Juzgado de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Durante el proceso, pendiente de sentencia, solicitó sin éxito que la chiquilicuatrera UGT-A aportara el acta original para desmontar el argumento de la reducción de fondos que había esgrimido la empresa sindical para aligerar plantilla.
