La decisión del Gobierno de Nicolas Sarkozy de expulsar a los gitanos y la ley que prepara para quitar la nacionalidad a los criminales de origen extranjero han encendido el debate en Francia. Mientras muchos intelectuales, organizaciones de derechos humanos y hasta la misma ONU sostienen que las medidas están "recrudeciendo" los actos racistas y xenófobos en el país.
Las medidas son parte de la ofensiva electoral de Sarkozy con vistas a la reelección de 2012 y tras la derrota en los comicios regionales de marzo pasado. En Grenoble, frente a cientos de policías, Sarkozy no dudó en unir la seguridad ciudadana con la inmigración en su discurso para anunciar que los delincuentes de origen extranjero no merecen ser franceses. Cuando dijo esto, la decisión de expulsar a los gitanos ya estaba tomada. La justificación se originó en los disturbios registrados en Saint-Aignan tras la muerte de un joven gitano a manos de la policía. Desde que el ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció el 28 de julio el desmantelamiento de los poblados gitanos, más de 40 de estos campamentos han sido erradicados y alrededor de 700 personas han sido repatriadas a Bulgaria y Rumania en vuelos chárter. Lo último es el desalojo por la policía de un millar de gitanos de 274 caravanas en Anglet.
La ONU ha criticado duramente la política de Sarkozy. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que esta semana analizó la situación en Francia concluyó que en el país había un "notable recrudecimiento del racismo y la xenofobia".
Lo más preocupante es que, los sondeos apuntan a que el Gobierno francés cuenta con el apoyo de la población. Según una encuesta publicada, el 79% de los entrevistados se declara a favor del desmantelamiento de los poblados de gitanos. Entre el electorado de derechas, el porcentaje se dispara al 94%. Más del 70% se muestra favorable a la retirada de la nacionalidad para cierto tipo de criminales. En otra encuesta, el 62% considera necesarios los desmantelamientos de los campos gitanos y el 57% está de acuerdo con las medidas relativas a la ciudadanía.
Las medidas son parte de la ofensiva electoral de Sarkozy con vistas a la reelección de 2012 y tras la derrota en los comicios regionales de marzo pasado. En Grenoble, frente a cientos de policías, Sarkozy no dudó en unir la seguridad ciudadana con la inmigración en su discurso para anunciar que los delincuentes de origen extranjero no merecen ser franceses. Cuando dijo esto, la decisión de expulsar a los gitanos ya estaba tomada. La justificación se originó en los disturbios registrados en Saint-Aignan tras la muerte de un joven gitano a manos de la policía. Desde que el ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció el 28 de julio el desmantelamiento de los poblados gitanos, más de 40 de estos campamentos han sido erradicados y alrededor de 700 personas han sido repatriadas a Bulgaria y Rumania en vuelos chárter. Lo último es el desalojo por la policía de un millar de gitanos de 274 caravanas en Anglet.
La ONU ha criticado duramente la política de Sarkozy. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que esta semana analizó la situación en Francia concluyó que en el país había un "notable recrudecimiento del racismo y la xenofobia".
Lo más preocupante es que, los sondeos apuntan a que el Gobierno francés cuenta con el apoyo de la población. Según una encuesta publicada, el 79% de los entrevistados se declara a favor del desmantelamiento de los poblados de gitanos. Entre el electorado de derechas, el porcentaje se dispara al 94%. Más del 70% se muestra favorable a la retirada de la nacionalidad para cierto tipo de criminales. En otra encuesta, el 62% considera necesarios los desmantelamientos de los campos gitanos y el 57% está de acuerdo con las medidas relativas a la ciudadanía.
