El anuncio de Zapatero el pasado viernes en Bruselas sobre la determinación de su Gobierno de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años supone, de hecho, la ruptura del Pacto de Toledo; un acuerdo suscrito en 1995 para sacar del debate electoral las sucesivas reformas de las pensiones, que se han realizado desde entonces con un muy elevado grado de consenso político.
Sí hay consenso en el órgano parlamentario en la necesidad de que los trabajadores se mantengan más tiempo en el mercado, lo que en otras palabras es retrasar la edad de retiro. Hay dos vías para hacerlo: la mejora de los incentivos para seguir en el tajo de una manera voluntaria después de los 65 años, y la supresión de las facilidades que existen en la actualidad para abandonar el mercado laboral y cobrar una pensión pública antes de cumplir esa edad.
Desde el PSOE se argumenta que los incentivos para trabajar más allá de los 65 van a beneficiar sobre todo a las personas que tienen empleos más cómodos y mejor retribuidos, con lo que al final se estaría aportando dinero público a quien menos lo necesita. La obligatoriedad de los 67 años, con las excepciones y flexibilidad pertinentes, sería lo más equitativo, según defienden los socialistas.
Todos de acuerdo
Que la reforma de las pensiones es imprescindible es algo en lo que prácticamente todos los sectores sociales están de acuerdo. Los problemas vienen cuando se plantean las medidas concretas para garantizar su viabilidad a partir de la próxima década. Hay razones demográficas que hacen indispensable abordar cambios en el sistema; dentro de pocos años comenzarán a jubilarse las generaciones del 'baby boom', lo que supondrá que frente a los 8,7 millones de pensiones actuales se alcanzarán los 12,5 millones en 2030 y los 15,3 millones en 2040. Otra razón es la esperanza de vida, que crece sin parar. De otra está la presión de los mercados, que exigen al Gobierno reformas profundas e inmediatas.
Una cifra mitificada
Alargar la edad de jubilación a los 67 años se ha convertido en el paradigma del ajuste en materia de pensiones. Hay países que ya han adoptado esa decisión -Alemania, Reino Unido, Suecia o Dinamarca- y todo indica que es la cifra que exigen a Zapatero las instituciones internacionales. Sin embargo, pese a que parece ser un guarismo mágico si se quiere aliviar presiones, existen otras fórmulas para elevar la edad de retiro. Por ejemplo, se ha barajado exigir más años cotizados, lo que inevitablemente llevará a la larga a retirarse más tarde.
El peor momento para trabajar
Aunque el proyecto del Gobierno apunta a que en las ocupaciones más penosas no se tenga que llegar a los 67 años en el mercado laboral, la decisión tendrá indefectiblemente consecuencias sobre la cuantía de las prestaciones. Es un hecho que en la recta final de la vida laboral las carreras de cotización son menos regulares. A los parados que a esa edad perciben el subsidio por desempleo -que son legión- solo se les considera lo cotizado por la base mínima; en otras casos, los empleos para las personas con poca estabilidad laboral tienen niveles salariales muy bajos.
Ello supondrá, según algunos estudios, un tijeretazo del 20% o el 30% en muchas pensiones. Por otro lado, alargar la vida laboral cuando existe un nivel de paro elevado y cuando los jóvenes no tienen ocupación es desviar el empleo de una generación a otra, con consecuencias nefastas para la productividad.
Se acabó lo que se daba
Todo parece indicar que los casos de jubilación anticipada a cargo de la Seguridad Social tienen muy poco futuro. Las dos principales vías para retirarse antes de los 65 son la jubilación parcial por contrato de relevo y la jubilación anticipada para los mayores de 61 años en paro. Vías que suman al año en torno a cien mil personas, más de un tercio de todas las jubilaciones. Ello ha llevado a que la edad media de salida del mercado laboral sea de 62,6 años -medida con criterios europeos- según aseguró Zapatero, aunque la cifra manejada por el Ministerio de Trabajo es de 63,74 años.
Pese a que el retiro anticipado habitual no tiene coste para la Seguridad Social debido a las penalizaciones fortísimas que se aplican, el que se produce por medio de un contrato de relevo, que permite conservar íntegra al pensión al cumplir los 65 años, cuesta unos 120.000 euros por persona.
