La Fiscalía Anticorrupción quiere asegurar que el dinero defraudado con las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) se recupere. En un escrito remitido a la jueza Mercedes Alaya le pide que imponga fianzas como responsables civiles subsidiarias no sólo a las empresas beneficiadas por las ayudas públicas, sino al "sindicato" colaboracionista CC.OO. al ser uno de los imputados alto cargo del mismo.El Ministerio Público insiste otra vez en que declaren todos los imputados y reclama que los despachos de abogados implicados justifiquen con documentación la labor de asesoramiento que llevaron a cabo en los ERE.
El fiscal pide que se le comunique a las empresas Acyco, Surcolor, Aglomerados Morell y Cenforpre «su condición de responsable civil subsidiario» en caso de que los imputados no respondan a las fianzas que en su día solicitó que se les impusiera. Una petición que eleva a la aseguradora Vitalia, a una asociación de extrabajadores de Acyco, a dos despachos de abogados, y a CC.OO.
El fiscal cree que el "sindicato" amarillo debe hacerse cargo de la fianza si no lo hace el secretario general de la Federación de Industria Enrique Jiménez, imputado por la inclusión de un intruso en el ERE de Calderinox, al haber actuado «en nombre y cuenta» del mismo. Estas fianzas le serán reclamadas tanto al "sindicato" vendeobreros como a las empresas, «en la misma comparecencia» sobre medidas cautelares que se celebrará con cada imputado tras declarar.
