Unas 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir alguna prestación o servicio han fallecido en los últimos cinco años sin llegar a percibir esas ayudas, es decir, unas 90 personas mueren al día esperando que se materialice su derecho a una atención, según el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El trabajo analiza a nivel nacional y por comunidades autónomas los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a 31 de diciembre de 2016, cuando constaban 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración, lo que significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
De esa población con dependencia reconocida y derecho por tanto a recibir alguna prestación o servicio, el 28,69%, 348.309 personas, no estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, aunque el 35% de ellas, unas 122.000, han sido diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III, de modo que tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
No obstante, la tasa de lista de espera varía en función de las comunidades autónomas, pues mientras en Castilla y León sólo el 0,61% de los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias son el 45,22%. Por encima de la media nacional están también Cataluña, donde el 41,72% de los dependientes aún no tienen la ayuda reconocida; Aragón, con el 37,36% esperando; Castilla-La Mancha, donde la lista llega al 35,96%; Andalucía con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y Extremadura, con el 30,45%. Castilla y León tiene la menor lista de espera En el lado opuesto, siguen a Castilla y León con menor lista de espera de dependencia Ceuta y Melilla, con un 4,11; Madrid, con un 14,42%; Asturias, donde la tasa está en el 15,6%; y Murcia, con un 16,48%. En los límites de la media nacional se encuentran Baleares (21,36%), País Vasco (22,48%), Cantabria (23,28%), Comunidad Valenciana (24,36%), Galicia (26,16%) y La Rioja (27,255), según el informe.
"En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Por supuesto que estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones", denuncia el Observatorio. Por otra parte, se refiere al presupuesto para la atención de estos dependientes señala que "el recorte acumulado" de la Administración General del Estado en dependencia desde 2012 "es de 3.734 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares".
En concreto, afirma que la financiación a las comunidades autónomas (nivel mínimo y acordado) desde julio de 2012 a hasta diciembre de 2016 se ha reducido en 2.236 millones de euros. Mientras, en las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares el Estado ha dejado de invertido "casi mil millones de euros", recortes estos que además, "supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema", según el observatorio.
"Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio", dice el informe.
Asimismo, asegura que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones mientras el resto (1.455,3 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supondría un 20%". Existe otro "copago añadido" soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de muy difícil cálculo que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de cuidados, de las normas que aseguren el acceso a los servicios y la libre elección por parte del usuario y de una inspección y control públicos adecuados, señala la organización. El estado aporta el 17% y no el 50% concluye así que del gasto público directo en dependencia en 2016, la Administración General del Estado soportó el 17% y las comunidades autónomas el 83% restante, muy lejos de la pretendida aportación al 50%" e incide en que en 2016, se generaron 35 empleos directos por cada millón de euros de gasto público, con una tasa de retorno del 39,5%. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera se generarían más de 90.000 empleos directos.
Unas 150.000 personas
dependientes con derecho reconocido a recibir alguna prestación o
servicio han fallecido en los últimos cinco años sin llegar a percibir
esas ayudas, es decir, unas 90 personas mueren al día esperando que se
materialice su derecho a una atención, según el XVII Dictamen del
Observatorio de la Dependencia que elabora anualmente la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El trabajo analiza a nivel nacional y por comunidades autónomas los
datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD) a 31 de diciembre de 2016, cuando constaban 1.213.873 personas en
situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban
pendientes de valoración, lo que significa que el 2,6% de la población
necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las
actividades básicas de la vida diaria.
De esa población con dependencia reconocida y derecho por tanto a
recibir alguna prestación o servicio, el 28,69%, 348.309 personas, no
estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, aunque el 35% de ellas, unas
122.000, han sido diagnosticadas como dependientes de grado II o grado
III, de modo que tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones
continuado.
No obstante, la tasa de lista de espera varía en función de las
comunidades autónomas, pues mientras en Castilla y León sólo el 0,61% de
los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias son el
45,22%. Por encima de la media nacional están también Cataluña, donde el
41,72% de los dependientes aún no tienen la ayuda reconocida; Aragón,
con el 37,36% esperando; Castilla-La Mancha, donde la lista llega al
35,96%; Andalucía con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y
Extremadura, con el 30,45%.
Castilla y León tiene la menor lista de espera
En el lado opuesto, siguen a Castilla y León con menor lista de espera
de dependencia Ceuta y Melilla, con un 4,11; Madrid, con un 14,42%;
Asturias, donde la tasa está en el 15,6%; y Murcia, con un 16,48%. En
los límites de la media nacional se encuentran Baleares (21,36%), País
Vasco (22,48%), Cantabria (23,28%), Comunidad Valenciana (24,36%),
Galicia (26,16%) y La Rioja (27,255), según el informe.
"En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas
dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin
haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Por supuesto que
estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la
expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones",
denuncia el Observatorio.
Por otra parte, se refiere al presupuesto para la atención de estos
dependientes señala que "el recorte acumulado" de la Administración
General del Estado en dependencia desde 2012 "es de 3.734 millones de
euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del
nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras
familiares".
En concreto, afirma que la financiación a las comunidades autónomas
(nivel mínimo y acordado) desde julio de 2012 a hasta diciembre de 2016
se ha reducido en 2.236 millones de euros. Mientras, en las cuantías de
las prestaciones por cuidados familiares el Estado ha dejado de
invertido "casi mil millones de euros", recortes estos que además,
"supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del
sistema", según el observatorio.
Cantabria, la que más invierte
Al cierre del año pasado, la comunidad autónoma donde más dinero se
invertía por habitante potencialmente dependiente era Cantabria, con
906,51 euros, seguida del País Vasco, con 898,09 euros. Les siguen por
encima de la media nacional, que está en 554,97 euros, La Rioja, que
destinó 767,59 euros; Castilla-La Mancha, con 758,03 euros; Madrid,
donde son 675,24; Murcia, 651,44 euros; Cataluña, 628,25 euros;
Andalucía, 613,48; y Extremadura, con 610,80 euros.
En el lado opuesto, Canarias, con 300,10 euros, es la comunidad autónoma
que menos invierte por dependiente, junto a Valencia, con 366, 73;
Baleares, con 409,6 euros; Galicia, donde son 409,69; Aragón, que llega a
424,97 euros; Asturias, con 443,35; y Ceuta y Melilla, que están en
484,68 euros por cabeza. Navarra, con 529,33 es la más cercana a la
media nacional. "Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido
la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en
una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa
por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y
en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de
trabajo netos y anclados al territorio", dice el informe.
Asimismo, asegura que el coste directo de las prestaciones y servicios
entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los
cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones mientras
el resto (1.455,3 millones) "lo aportan los usuarios en forma de copago
regulado, lo que supondría un 20%". "Existe otro "copago añadido"
soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de muy difícil cálculo
que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al
servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de
cuidados, de las normas que aseguren el acceso a los servicios y la
libre elección por parte del usuario y de una inspección y control
públicos adecuados", señala la organización.
El estado aporta el 17% y no el 50%
Concluye así que del gasto público directo en dependencia en 2016, la
Administración General del Estado soportó el 17% y las comunidades
autónomas el 83% restante, "muy lejos de la pretendida aportación al
50%" e incide en que en 2016, se generaron 35 empleos directos por cada
millón de euros de gasto público, con una tasa de retorno del 39,5%. "Si
se atendiera ya a las 350.000 personas en espera se generarían más de
90.000 empleos directos", asegura.
Con estos y otros indicadores como las tasas de dictamenes de valoración
en que no se asigna grado al dependiente o el incremento y decremento
anual de personas atendidas, el observatorio asigna puntuaciones a las
distintas comunidades autónomas por su gestión del SAAD. Ocho suspenden y
sólo dos superan el notable, mientras el resto se quedan entre un
'suficiente' y un 'bien'.
La nota media para toda España no llega al cinco: 4,96 sobre 10. En
concreto, Castilla y León saca un 8,93 y La Rioja consigue un 7,86, las
dos notas más altas de la tabla. Después van Andalucía, con un 6,79;
Castilla La Mancha, con 6,79; Madrid, Galicia y Murcia que obtienen 6,07
puntos; País Vasco saca un 5,36; y Extremadura un 5. Suspenden
Asturias, con un 4,64; Ceuta y Melilla con un 4,29; Cataluña, que tiene
un 3,93; Baleares y Cantabria, con 3,57: Comunidad Valenciana con un
3,21; Navarra con 2,86; Aragón con un 2,5; Canarias 1,79.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2963105/0/dependientes-mueren-sin-recibir-ayuda/#xtor=AD-15&xts=467263
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Unas 150.000 personas
dependientes con derecho reconocido a recibir alguna prestación o
servicio han fallecido en los últimos cinco años sin llegar a percibir
esas ayudas, es decir, unas 90 personas mueren al día esperando que se
materialice su derecho a una atención, según el XVII Dictamen del
Observatorio de la Dependencia que elabora anualmente la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El trabajo analiza a nivel nacional y por comunidades autónomas los
datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD) a 31 de diciembre de 2016, cuando constaban 1.213.873 personas en
situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban
pendientes de valoración, lo que significa que el 2,6% de la población
necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las
actividades básicas de la vida diaria.
De esa población con dependencia reconocida y derecho por tanto a
recibir alguna prestación o servicio, el 28,69%, 348.309 personas, no
estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, aunque el 35% de ellas, unas
122.000, han sido diagnosticadas como dependientes de grado II o grado
III, de modo que tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones
continuado.
No obstante, la tasa de lista de espera varía en función de las
comunidades autónomas, pues mientras en Castilla y León sólo el 0,61% de
los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias son el
45,22%. Por encima de la media nacional están también Cataluña, donde el
41,72% de los dependientes aún no tienen la ayuda reconocida; Aragón,
con el 37,36% esperando; Castilla-La Mancha, donde la lista llega al
35,96%; Andalucía con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y
Extremadura, con el 30,45%.
Castilla y León tiene la menor lista de espera
En el lado opuesto, siguen a Castilla y León con menor lista de espera
de dependencia Ceuta y Melilla, con un 4,11; Madrid, con un 14,42%;
Asturias, donde la tasa está en el 15,6%; y Murcia, con un 16,48%. En
los límites de la media nacional se encuentran Baleares (21,36%), País
Vasco (22,48%), Cantabria (23,28%), Comunidad Valenciana (24,36%),
Galicia (26,16%) y La Rioja (27,255), según el informe.
"En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas
dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin
haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Por supuesto que
estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la
expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones",
denuncia el Observatorio.
Por otra parte, se refiere al presupuesto para la atención de estos
dependientes señala que "el recorte acumulado" de la Administración
General del Estado en dependencia desde 2012 "es de 3.734 millones de
euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del
nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras
familiares".
En concreto, afirma que la financiación a las comunidades autónomas
(nivel mínimo y acordado) desde julio de 2012 a hasta diciembre de 2016
se ha reducido en 2.236 millones de euros. Mientras, en las cuantías de
las prestaciones por cuidados familiares el Estado ha dejado de
invertido "casi mil millones de euros", recortes estos que además,
"supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del
sistema", según el observatorio.
Cantabria, la que más invierte
Al cierre del año pasado, la comunidad autónoma donde más dinero se
invertía por habitante potencialmente dependiente era Cantabria, con
906,51 euros, seguida del País Vasco, con 898,09 euros. Les siguen por
encima de la media nacional, que está en 554,97 euros, La Rioja, que
destinó 767,59 euros; Castilla-La Mancha, con 758,03 euros; Madrid,
donde son 675,24; Murcia, 651,44 euros; Cataluña, 628,25 euros;
Andalucía, 613,48; y Extremadura, con 610,80 euros.
En el lado opuesto, Canarias, con 300,10 euros, es la comunidad autónoma
que menos invierte por dependiente, junto a Valencia, con 366, 73;
Baleares, con 409,6 euros; Galicia, donde son 409,69; Aragón, que llega a
424,97 euros; Asturias, con 443,35; y Ceuta y Melilla, que están en
484,68 euros por cabeza. Navarra, con 529,33 es la más cercana a la
media nacional. "Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido
la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en
una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa
por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y
en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de
trabajo netos y anclados al territorio", dice el informe.
Asimismo, asegura que el coste directo de las prestaciones y servicios
entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los
cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones mientras
el resto (1.455,3 millones) "lo aportan los usuarios en forma de copago
regulado, lo que supondría un 20%". "Existe otro "copago añadido"
soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de muy difícil cálculo
que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al
servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de
cuidados, de las normas que aseguren el acceso a los servicios y la
libre elección por parte del usuario y de una inspección y control
públicos adecuados", señala la organización.
El estado aporta el 17% y no el 50%
Concluye así que del gasto público directo en dependencia en 2016, la
Administración General del Estado soportó el 17% y las comunidades
autónomas el 83% restante, "muy lejos de la pretendida aportación al
50%" e incide en que en 2016, se generaron 35 empleos directos por cada
millón de euros de gasto público, con una tasa de retorno del 39,5%. "Si
se atendiera ya a las 350.000 personas en espera se generarían más de
90.000 empleos directos", asegura.
Con estos y otros indicadores como las tasas de dictamenes de valoración
en que no se asigna grado al dependiente o el incremento y decremento
anual de personas atendidas, el observatorio asigna puntuaciones a las
distintas comunidades autónomas por su gestión del SAAD. Ocho suspenden y
sólo dos superan el notable, mientras el resto se quedan entre un
'suficiente' y un 'bien'.
La nota media para toda España no llega al cinco: 4,96 sobre 10. En
concreto, Castilla y León saca un 8,93 y La Rioja consigue un 7,86, las
dos notas más altas de la tabla. Después van Andalucía, con un 6,79;
Castilla La Mancha, con 6,79; Madrid, Galicia y Murcia que obtienen 6,07
puntos; País Vasco saca un 5,36; y Extremadura un 5. Suspenden
Asturias, con un 4,64; Ceuta y Melilla con un 4,29; Cataluña, que tiene
un 3,93; Baleares y Cantabria, con 3,57: Comunidad Valenciana con un
3,21; Navarra con 2,86; Aragón con un 2,5; Canarias 1,79.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2963105/0/dependientes-mueren-sin-recibir-ayuda/#xtor=AD-15&xts=467263
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