El 8 de enero de 2016, el medio digital Yemen Fights Back publicaba una imagen en la frontera entre Arabia Saudí y Yemén en la que se podía apreciar el armamento abandonado por fuerzas adheridas a la coalición saudí en una huida frente a los rebeldes hutíes. Como parte de ese botín, junto a fusiles de asalto y cargadores, se encontraba un lanzagranadas C90 fabricado por una empresa española.
Al mes siguiente, la escena se repetía, esta vez, en una región cercana al Mar Rojo y con un vehículo blindado de origen español. Si bien los ejemplos podrían continuar, todos ellos muestran una realidad que los sucesivos gobiernos han pretendido obviar, e incluso silenciar, reiterando el exhaustivo control de las autorizaciones de las armas españolas exportadas. Sin embargo, la praxis de este opaco y lucrativo negocio es bien distinta.
España se encuentra entre los 10 países del mundo que más armas exportan y la tendencia seguida en los últimos años lo sitúa cada vez más cerca de las primeras posiciones. De esta manera, no es de extrañar que, atendiendo a los últimos datos anuales disponibles, las exportaciones de armas autorizadas en 2017 superase la nada desdeñable cifra de 21.500 millones de euros y el importe de las exportaciones realizadas alcanzara los 4.652 millones.
Precisamente, Arabia Saudí, estado que lidera una coalición militar en Yemen contra las fuerzas hutíes apoyadas, a su vez, por Irán, se encuentra entre los países a los que ese año fueron a parar desde armas ligeras y municiones hasta aviones no tripulados. Poco parece importar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya acusado a la coalición saudí de cometer crímenes de guerra contra la población de Yemen y que en el marco de dicha “proxy war” existan pruebas fehacientes de ataques indiscriminados a hospitales, áreas residenciales e incluso funerales. Más aún, a Arabia Saudí, le siguen en el listado de estados receptores Ghana, Kenia, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos o Egipto. Países cuyos gobiernos no se desatacan precisamente por el respeto que dispensan a los derechos humanos ni a la legislación internacional vigente.
Ante esta situación, ¿están realmente en lo cierto los distintos gobiernos españoles cuando aseguran el cumplimiento exhaustivo de los tratados y leyes que vinculan a España? Veamos primero cuáles son tales tratados y leyes. El 2 de abril de 2014 España ratificó el Tratado sobre el Comercio de Armas, todo un hito en el ordenamiento jurídico internacional y en cuyas negociaciones nuestro país participó de manera muy activa. Igualmente, en el ámbito europeo, España se encuentra vinculado por la Posición Común 944/2008/PESC que fija entre los criterios que deben guiar las autorizaciones de armas la situación interna del estado receptor, su respecto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, así como el riesgo de que la tecnología o el equipo militar se desvíen dentro del país comprador o se reexporten en condiciones no deseadas.
Por su parte, en el ámbito nacional, no sería hasta 2008 cuando entró en vigor una Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, Ley 53/2007, que establece similares exigencias a las mencionadas y ahonda en una pretendida transparencia. Decimos pretendida sin titubeos y es que es en nuestro ordenamiento jurídico existe un blindaje normativo que hace imposible verificar si se están cumpliendo los principios que la propia ley exige para autorizar la exportación de armas.
Pero vayamos por partes. Con objeto de cumplir con la legislación vigente, España ha establecido un proceso para la exportación de armas que consta esencialmente de dos fases: inscripción en el registro de exportadores (REOCE) y autorización de la exportación. Quedando ambos subordinados a un mismo organismo: la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), integrada en su mayoría por representantes de ministerios económicos. Asimismo, el Gobierno tiene la obligación de remitir al Congreso un informe semestral relativo a las exportaciones de material de defensa. Sin embargo, el principal escollo radica en la limitada información proporcionada, no incluyendo cuestiones tan significativas como las razones que han llevado a vender armas a un país concreto o las salvaguardas a las que se ha comprometido los países receptores respecto de la mercancía adquirida.
Detrás de todo ello se encuentra la omnipresente Ley de Secretos Oficiales (Ley 9/1968) que ha venido siendo utilizada por los distintos gobiernos para incluir como material clasificado información relativa a la exportación de armas y, concretamente desde 1987, las actas de la referida Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. De ahí que una materia en suma delicada sortee el control del resto de contrapesos del Estado y, por ende, también del conjunto de la ciudadanía. Ante esta opacidad no es de extrañar que la información que nos llega a cuenta gotas cause un revuelo de tamaño mayúsculo. Probablemente el lector recordará el caso del bombero vasco al que se le abrió un expediente sancionador por negarse a colaborar en la carga de bombas en la naviera saudí Bahri.
Más cercano en el tiempo tenemos el episodio de las 400 bombas de precisión destinadas a Arabia Saudita, donde tras ser anunciado por el Ministerio de Defensa la cancelación de su venta, desde Moncloa se rectificó optando por asegurar un contrato millonario de cinco corbetas. El cuenta gotas sigue y seguirá. La empresa de armas Defex, participada en un 51% por el Estado (SEPI) está siendo investigada por la presunta utilización de un complejo entramado de sociedades pantalla, comisiones y cuentas en paraísos fiscales de distintos países, entre ellos, como no, Arabia Saudí emerge.
Lo expuesto son solo pinceladas que constatan la palpable necesidad de un mayor control y trasparencia en todo lo relativo al sector armamentístico español, desde la concesión de las autorizaciones al destino final de las armas exportadas, y que evidencian el imperativo de dejar de una vez a un lado la retórica y pasar a los hechos. “Res, non verba” que dirían nuestros amigos los romanos. A principios de este año el Gobierno de Pedro Sánchez dio algunos pasos para establecer inspecciones voluntarias sobre el uso final de las armas que se exportan. No obstante, la disolución de las Cortes paralizó el recorrido de esta, bienvenida, aunque insuficiente iniciativa. Esperemos que su aprobación no quede postergada sine die como es usual en todo lo que concierne a dicha materia y que a ella le sigan otras tantas, acabando así con una de nuestras asignaturas pendientes: el opaco y lucrativo negocio de armas marca España.
España y la exportación de armas: “Verba, non res”
Juan Bautista Cartes Rodríguez, doctorando de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación “Globalización, Derechos Humanos y Unión Europea".
