Las compañías eléctricas anuncian importantes subidas de un bien necesario y esencial, especialmente en invierno y máxime con la última ola polar. Pretenden así presionar al pueblo para que, en un momento en el que es difícil prescindir de la energía, paguen lo que les pidan. Se trata de un atraco legal, no solo con el beneplácito del Estado, sino promovido también por éste, ya que la energía eléctrica es un negocio para muchos, pero también para el Estado que se lleva el 26 por 100 (21% del IVA y 5% del impuesto eléctrico).
El Gobierno de izquierdas se lava las manos porque dice que es cosa de la empresa privada, haciendo gala de su hipocresía habitual. Mientras tanto, crece la pobreza energética y barriadas obreras como la Cañada Real y otras muchas en donde abundan los parados y los trabajos precarios que aportan pocos ingresos en las casas, acusan el navajazo de estas grandes compañías, en cuyos consejos de administración se sientan burgueses, aristócratas y políticos de todo el espectro parlamentario que llegan por las llamadas puertas giratorias.
Controlar la energía es controlar a la población y someterla. Por eso existe y existieron siempre tan buenas relaciones entre la clase política, los gobiernos y las grandes empresas, que además administran este mercado como un oligopolio en donde se fijan las tarifas en base a artificios con el único objetivo de engrosar sus cuentas de resultados mientras arruinan a la clase obrera y la exprimen un poco más.
Es vergonzoso que las tarifas de la electricidad se fijen a partir del kilovatio que más cuesta producir, un sistema perfecto para que el atraco parezca perfectamente coherente cuando llega el sablazo del recibo de la luz. Además, el botín se reparte entre cuatro, pues las compañías productoras son a la vez las comercializadoras.
Un sistema muy complejo, oscuro y farragoso, creado con esa intención, confundir a los consumidores y desarmarlos frente a cualquier crítica o protesta manteniéndolos en la ignorancia.
Pero, afortunadamente, la coyuntura y el malestar entre la población está levantando protestas y hasta acciones directas contra los intereses de las grandes compañías, incluyendo ataques a sus bienes. No es de extrañar, pues la energía eléctrica española esté entre las más caras de Europa y los sueldos de los trabajadores los más precarios y reducidos. La fórmula es perfecta para la explosión social.
La energía es un bien esencial para los seres humanos y no puede estar en manos de intereses privados. Esta subida es la puntilla de una situación para los de abajo que ya no pueden aguantar más y puede ser la mecha de una revuelta de mayor calado contra el capitalismo y el Estado. Por eso creemos que hay que encender esa mecha, convocar protestas, y utilizar todos los medios que tengamos a mano para hacer daño al poder político y económico que pretende con la subida de las tarifas eléctricas condenar a la población a la pobreza, al frío y a la miseria.
El desorden y el caos que genera el sistema estatista-capitalista es inaguantable. Ha de ser el pueblo, la clase trabajadora, quien acabe con él, tomando posesión de los medios de producción (también los de la energía) para gestionarla sin que le falte a nadie. Pero para ello es necesario lo que siempre planteamos, la revolución social. Una revolución que elimine un sistema que condena a la mayoría de la población a la precariedad y la pobreza mientras unos pocos disfrutan de la riqueza que producimos todos.
Federación Anarquista Ibérica (FAI)
