«El acceso de las personas presas a la sanidad en España es precario; tienen una salud extraordinariamente más quebrantada que las personas en libertad. El Estado no garantiza la salud de los presos». Tres organizaciones no afines en ideología o punto de vista ante la realidad se han puesto de acuerdo este jueves para sostener estas comillas ante el Defensor del Pueblo.
La Organización Médica Colegial (OMC) -que agrupa a todos los colegios médicos de España-, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han entregado al Adjunto Primero de Soledad Becerril un informe y un argumentario en los que vierten durísimas críticas al sistema de atención sanitaria a los internos de las prisiones españolas. «La dependencia de los médicos al Ministerio del Interior hace difícil conjugar la normativa penitenciaria con el acto médico».
Tanto desde el habitual trabajo humanitario con reclusos que realiza la APDHA como el sanitario que hace la SESP y el institucional que desarrolla la OMC, la radiografía de la salud de los reclusos parece revelar malas noticias.
El informe detalla las «dificultades en el acceso a tratamientos de última generación, por ejemplo, de hepatitis C» o las «condiciones que padecen» los internos que sufren una enfermedad mental, un colectivo que «no debería estar en prisión porque no entiende la pena y que supone el 8% de la población penitenciaria».
Pese a las diferencias entre las tres organizaciones, tan dispares que la APDHA ha llegado a denunciar las prácticas de algunos médicos de prisión, todas «han constatado» que la salud de los encarcelados está «extraordinariamente» más deteriorada que la de quienes viven en libertad.
La patronal de los colegios médicos, la sociedad sanitaria de prisiones y la ONG sostienen que pese a que la legislación española obliga a la Administración a «garantizar la salud» de las personas presas, «el Estado no lo garantiza». «Estas personas tienen los mismos derechos reconocidos que las personas en libertad».
La Organización Médica Colegial (OMC) -que agrupa a todos los colegios médicos de España-, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han entregado al Adjunto Primero de Soledad Becerril un informe y un argumentario en los que vierten durísimas críticas al sistema de atención sanitaria a los internos de las prisiones españolas. «La dependencia de los médicos al Ministerio del Interior hace difícil conjugar la normativa penitenciaria con el acto médico».
Tanto desde el habitual trabajo humanitario con reclusos que realiza la APDHA como el sanitario que hace la SESP y el institucional que desarrolla la OMC, la radiografía de la salud de los reclusos parece revelar malas noticias.
El informe detalla las «dificultades en el acceso a tratamientos de última generación, por ejemplo, de hepatitis C» o las «condiciones que padecen» los internos que sufren una enfermedad mental, un colectivo que «no debería estar en prisión porque no entiende la pena y que supone el 8% de la población penitenciaria».
Pese a las diferencias entre las tres organizaciones, tan dispares que la APDHA ha llegado a denunciar las prácticas de algunos médicos de prisión, todas «han constatado» que la salud de los encarcelados está «extraordinariamente» más deteriorada que la de quienes viven en libertad.
La patronal de los colegios médicos, la sociedad sanitaria de prisiones y la ONG sostienen que pese a que la legislación española obliga a la Administración a «garantizar la salud» de las personas presas, «el Estado no lo garantiza». «Estas personas tienen los mismos derechos reconocidos que las personas en libertad».
En su entrevista con los responsables de la oficina del Defensor del Pueblo, estos tres colectivos subrayan un aspecto legal incumplido en España desde 2003. Aquel año, la Ley de Cohesión yCalidad del Sistema Nacional de Salud estableció que todas las competencias sanitarias de las prisiones se debían transferir a las comunidades autónomas en 2004, pero eso no ha ocurrido, salvo en el caso del País Vasco.
Contra lo fijado por una ley, los médicos de prisiones no dependen ni del Ministerio de Sanidad ni de las consejerías de las comunidades autónomas, sino del Ministerio del Interior, algo que «hace difícil conjugar la normativa penitenciaria con el acto médico».
Las organizaciones recuerdan que el Tribunal Supremo llegó a ilegalizar la imposición a los médicos de prisión de dispensar fármacos distintos a los del exterior.
De manera gráfica, la OMC, la SESP y la APDHA comparan las dos realidades: «Al no ser un sistema único, se desconocen antecedentes, enfermedades y tratamientos, tanto por unos como por los otros. La duplicidad de administraciones determina que el entrar en prisión y el salir es tanto como si se cambiase de país».
