La federación andaluza de la chiquilicuatrera UGT, liderada desde 2014 por la secretaria general Carmen Castilla, utilizó en la etapa de su antecesor el "compañero" Manuel Pastrana locales cedidos de forma gratuita por el Gobierno central para engañar a la Junta de Andalucía en la justificación de las subvenciones millonarias que recibió durante años para que impartiera cursos de formación.
El "sindicato" amarillo se sirvió de 12 locales en Sevilla, Cádiz, Málaga, Huelva, Jaén, Córdoba y Granada -todas las provincias andaluzas salvo Almería- para simular unos gastos de alquiler ficticios que le sirvieron para justificar ante el Gobierno andaluz las ayudas para los cursos que le había concedido.
Se trata de gastos irreales porque UGT disfrutaba de todos esos locales a coste cero, ya que el Gobierno central, que es el verdadero propietario, se los cedió en virtud de la Ley 4/1986 de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado. Lo más llamativo es que, entre estos inmuebles cedidos de forma totalmente gratuita, figuran Casas del Pueblo de uso compartido entre la vendeobreros UGT y sus compinches PSOE.
Éste es el nuevo hallazgo de las pesquisas que desde el mes de septiembre de 2013 sigue el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que dirige Juan Jesús García-Vélez, sobre la presunta financiación irregular de UGT-A, después de que este diario destapara la trama de las facturas falsas implantada por el "sindicato" para desviar subvenciones. En el caso están imputados, entre otros, los ex secretarios generales de UGT-A Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Éste último se vio forzado a dimitir en pleno escándalo y después de permanecer sólo seis meses en el cargo.
La Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica (UCO) de la Guardia Civil está rastreando todos los locales empleados por UGT-A para impartir cursos y que luego fueron utilizados para justificar subvenciones. Los investigadores ya habían descubierto el "artificio" empleado por UGT, al autoarrendarse las sedes para poder justificar así ante la Junta parte de las subvenciones que recibía para formación. Sólo entre 2009 y 2013, los gastos de alquiler superan los 4,11 millones, según un atestado de la UCO de julio de 2015.
Este "artificio" -como lo denominaron los investigadores- también fue empleado por UGT-A con sedes cedidas de forma gratuita por el Gobierno central. Para ello, utilizó su Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) -la entidad encargada de los cursos y participada al 100% por UGT- y la empresa Soralpe I Mas P Asociados, cuyo socio único es el sindicato y que se encarga de gestionar las aulas que se usan para impartir la formación.
Locales en usufructo
La primera "operativa" descubierta por los investigadores revela las relaciones entre UGT, el IFES y Soralpe, a la que el sindicato cedió en usufructo sus locales. "Con la intermediación de Soralpe, generan de forma artificial un gasto subvencionable que, de otro modo, no podría serlo por no existir realmente", dice un atestado del 21 de junio.
La «segunda operativa» está «relacionada con una serie de locales que UGT tiene cedidos, de manera gratuita, por parte de la Administración General del Estado para el desarrollo de la actividad propia de su condición sindical», recoge el atestado, que insiste en que, al ser locales cedidos a coste cero, «no se estaría generando un gasto real».
Se trata de 12 locales repartidos por siete de las ocho provincias andaluzas, entre los que hay siete casas del pueblo, en algunos casos compartidas con el PSOE. En Sevilla hay dos: uno en la capital y otro en Osuna, en el que los "ugetistas" conviven con los "socialistas"; uno en la localidad malagueña de Fuengirola; tres en Cádiz: uno en la capital, otro en Villamartín y otro más en el Puerto de Santa María; dos en Huelva, uno en la capital y otro en Ayamonte; uno en la localidad cordobesa de Lucena; dos en Jaén: en Martos y Alcalá la Real; y uno en Baza (Granada).
De estos locales, el atestado de la UCO destaca el de Huelva, que sirvió para que UGT presentara ante la Junta facturas por gastos de alquiler de aulas por valor de 265.291,69 euros y el de Martos, con el que se justificaron 41.728,46 euros por el mismo concepto. En total y sólo por estos dos inmuebles, 307.020,15 euros que el "sindicato" reformista coló a la Junta en gastos ficticios, ya que ambos fueron cedidos gratuitamente por el Gobierno a UGT.
