La excúpula del "sindicato" colaboracionista UGT en Andalucía, al banquillo por un supuesto fraude de 40 millones. Un juez abre juicio oral contra 15 excargos y empresarios por desviar subvenciones de la Junta y declara al sindicato responsable civil
La excúpula del "sindicato" amarillo UGT en Andalucía se sentará en el banquillo de los acusados por un supuesto fraude de 40 millones de euros, dinero que recibió como subvenciones desde la Junta andaluza entre 2009 y 2013 para la formación, pero que destinó a sus gastos corrientes. El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ha abierto juicio oral contra el ex secretario general de UGT Francisco Fernández Sevilla, otros cuatro excargos del "sindicato" vendeobreros y 10 empresarios.
El magistrado Juan José García Vélez ha fijado una fianza de 40 millones para los acusados y ha designado a UGT como responsable civil subsidiario, por lo que en caso de una hipotética condena el "sindicato" debería afrontar la fianza si los acusados se declararan insolventes. Por otra parte, ya en vía administrativa la Junta de Andalucía le exige la devolución de 18 millones por las ayudas en formación que UGT recibió en 2007.
El juez, en un auto dictado el 13 de marzo pero que ha trascendido este miércoles, acusa a los 15 procesados de fraude continuado de subvenciones en concurso con otro delito de falsedad en documento mercantil, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide en total 26 años de cárcel y 200 millones en multas. Los 15 procesados están citados en el juzgado de instrucción entre los próximos 15 y 17 de junio para comparecer ante el magistrado, antes de que se celebre la vista oral en la Audiencia de Sevilla en los próximos años.
La investigación surgió hace siete años tras varias denuncias internas por la utilización de facturas falsas, lo que provocó la detención de 16 personas por parte de la Guardia Civil. El histórico exdirigente de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, fue acusado pero finalmente no se sentará en el banquillo al sufrir una enfermedad. Los cuatro miembros anteriores del "sindicato" reformista son Fernández Sevilla, sucesor de Pastrana, el ex secretario general de Administración de UGT Andalucía Federico Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la ex responsable del departamento de Compras, Dolores Sánchez y el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea.
Asimismo afrontan el banquillo 10 empresarios que actuaron como proveedores del sindicato a través de las firmas que representaban, entre ellas agencias de viajes e imprentas, a las que el juez les exige una fianza de cuatro millones en total.
El magistrado expuso en su auto de procesamiento cómo supuestamente defraudó UGT el dinero destinado a la formación de desempleados: “Existieron procedimientos concertados entre los responsables de UGT y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”. Para lograrlo, las empresas actuaron como proveedores que dieron al sindicato “la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del "sindicato”, según el juez. Este desvío de fondos se hacía mediante la técnica del rappel, el bote y la cesión de locales del "sindicato" reformista a una sociedad mercantil de UGT, Soralpe, que luego alquilaba las aulas sin generar un gasto.
