Hay ya 12 detenidos y tres imputados en la 'Operación Obra Nueva' que viene desarrollando desde el pasado mes de marzo en el municipio de Chiclana de la Frontera para desarticular una trama dedicada a la especulación urbanística. Han pasado a disposición de la Autoridad Judicial por delitos de falsedad en documento público y privado, estafa y contra la ordenación del territorio a un total de 15 personas. La operación se inició el pasado mes de marzo cuando tuvieron conocimiento de unas supuestas irregularidades urbanísticas ocurridas en el término municipal de Chiclana de la Frontera. La investigación determinó que ciertos promotores, agentes inmobiliarios, abogados urbanistas y arquitectos técnicos y tasadores, todos ellos en connivencia, realizaban declaraciones de obra nueva y su posterior división horizontal falseando certificados de antigüedad.
En dichos certificados se incluían en unos casos un inmueble que realmente no existía o la construcción de una casa de dimensiones muy inferiores a las reales. Todo ello con fecha de construcción posterior a la prescripción que marca la Ley (tres o cuatro años bien sean infracciones penales o administrativas). Así, conseguían inscribir en el registro de la propiedad las referidas viviendas y obtener una revalorización inmediata de los terrenos, ya que en todos los casos investigados se encuentran ubicados en zonas declaradas cómo urbanizable no consolidado, es decir, los propietarios de los terrenos no pueden obtener licencia de obra o de segregación en parcelas hasta tanto no pase a ser suelo urbano consolidado. Durante el transcurso de las investigaciones fueron detectados además varios casos de estafa a entidades bancarias en la concesión de créditos hipotecarios. Para ello, los presuntos autores presentaban informes de tasación falseados y emitidos por arquitectos técnicos y arquitectos tasadores para la solicitud de préstamos hipotecarios sobre inmuebles diferentes a los que realmente estaban hipotecando. Con la concesión de estos créditos hipotecarios se consumó un delito de estafa a diversas entidades financieras, desconociendo hasta el momento la cantidad estafada dada la abundante documentación a analizar. Por todo ello, hasta la fecha han sido detenidas 12 personas e imputadas otras tres por delitos de falsificación en documento público y privado, estafa y contra la ordenación del territorio, figurando entre ellas abogados urbanistas, arquitectos técnicos-tasadores, promotores, agentes inmobiliarios y particulares vendedores-compradores. No obstante, la operación, que se está llevando a cabo en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Cádiz, continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones en fechas próximas.
En dichos certificados se incluían en unos casos un inmueble que realmente no existía o la construcción de una casa de dimensiones muy inferiores a las reales. Todo ello con fecha de construcción posterior a la prescripción que marca la Ley (tres o cuatro años bien sean infracciones penales o administrativas). Así, conseguían inscribir en el registro de la propiedad las referidas viviendas y obtener una revalorización inmediata de los terrenos, ya que en todos los casos investigados se encuentran ubicados en zonas declaradas cómo urbanizable no consolidado, es decir, los propietarios de los terrenos no pueden obtener licencia de obra o de segregación en parcelas hasta tanto no pase a ser suelo urbano consolidado. Durante el transcurso de las investigaciones fueron detectados además varios casos de estafa a entidades bancarias en la concesión de créditos hipotecarios. Para ello, los presuntos autores presentaban informes de tasación falseados y emitidos por arquitectos técnicos y arquitectos tasadores para la solicitud de préstamos hipotecarios sobre inmuebles diferentes a los que realmente estaban hipotecando. Con la concesión de estos créditos hipotecarios se consumó un delito de estafa a diversas entidades financieras, desconociendo hasta el momento la cantidad estafada dada la abundante documentación a analizar. Por todo ello, hasta la fecha han sido detenidas 12 personas e imputadas otras tres por delitos de falsificación en documento público y privado, estafa y contra la ordenación del territorio, figurando entre ellas abogados urbanistas, arquitectos técnicos-tasadores, promotores, agentes inmobiliarios y particulares vendedores-compradores. No obstante, la operación, que se está llevando a cabo en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Cádiz, continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones en fechas próximas.
