El informe anual de Amnistía Internacional difundido este jueves señala seis aspectos en los que España debe mejorar respecto a los derechos humanos. Entre ellos se encuentran las medidas antiterroristas, el racismo o la violencia machista, pero destacan dos escenarios que se han multiplicado con la crisis económica: los desalojos forzosos, que están lejos de cumplir las garantías jurídicas internacionales, y el uso excesivo de la fuerza de los agentes de la policía al dispersar manifestaciones. En este sentido, AI insta al Gobierno de Mariano Rajoy a analizar si las reformas en materia social han puesto en riesgo los derechos de las personas.
Amnistía Internacional denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones que en los últimos tiempos reivindicaron cambios en el sistema político. En ellas, indica, se dieron escenarios de violencia cuyas investigaciones no pudieron prosperar posteriormente debido a la falta de identificación en el uniforme. "Las denuncias no fueron ni efectivas ni eficaces", asegura el texto, que recuerda distintos episodios a lo largo del 2012 que ponen de manifiesto la ausencia de defensa frente a estas prácticas.
Por otro lado, se alerta de que la investigación de las torturas y malos tratos fueron "a menudo inadecuadas". "No es sistemático, pero hay deficiencia estructural en la investigación de la tortura", ha destacado el director de AI en España, Esteban Beltrán.
Este organismo internacional destaca también la actuación en los desalojos forzosos, que se encuentran lejos de cumplir las garantías jurídicas internacionales por las reformas legislativas en relación con la crisis "sin evaluar sus repercusiones en los derechos de sectores de población vulnerables".
Recuerda los desalojos de La Cañada Real o de 300 personas de un asentamiento de romaníes en Puerta de Hierro sin un alojamiento alternativo "adecuado". Además, recoge la denuncia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, preocupada por los desalojos forzosos en incumplimiento con las garantías, que incluían un proceso de consulta previa, una indemnización y una vivienda alternativa. De este modo, se recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera las directrices previas antes de ejecutar este tipo de desalojos.
Esta última llamada de atención viene a manifestar que no se ha avanzado en proteger estos derechos en los dos últimos años, ya que la propia Amnistía Internacional denunció que cientos de miles de familias en España estaban en riesgo de perder su vivienda y que nueve millones de personas vivían en la pobreza sin respaldo jurídico.
