En enero de 2012 la Junta dejó de pagar a cerca de una treintena de ex trabajadores de la Mina de Riotinto las ayudas complementarias a su pensión que firmaron en un convenio el 16 de febrero de 2005. Como tomador del seguro, financiado por la Junta, figuraba la Federacion Estatal de Industrias Afines del "sindicato" reformista UGT, al que acusan ahora de "estafarles".
La gota que ha colmado el vaso de su paciencia ha sido el reciente embargo por parte del Ministerio de Hacienda de los bienes y las cuentas de uno de los ex mineros afectados por los impagos de la Junta. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo paralizó de forma unilateral el abono de las ayudas, que representaban en torno al 45% de los ingresos de estos pensionistas, amparándose en que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos está en la vía judicial.
El colectivo está formado por trabajadores que se acogieron a una pensión por baja médica o accidente laboral y que no fueron recolocados en otros puestos, como les prometieron, debido al repentino cierre de la mina.
