A río revuelto, ganancia de pescadores... y la patronal ya hace tiempo que tiene echada la caña. Tras los logros que alcanzó con la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012, ahora toca aprovecharse de las últimas declaraciones de los representantes de la 'troika' (Comisión Europea, FMI y BCE).
Aunque el miércoles se pusieron del lado de los sindicatos para rechazar su propuesta de reducir hasta un 10% los salarios en España a cambio de crear empleo, su programa real va en una línea parecida. En uno de los documentos aprobados en su asamblea general del pasado 18 de junio y remitidos luego tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ve «conveniente» que todos los sueldos tengan una parte variable –no sólo en los sectores donde ya es habitual, como el comercio–, cuyo porcentaje dependería tanto de la situación general de las empresas como de sus resultados periódicos concretos.
Para los sindicatos, una modificación sustancial de este tipo y extensible al conjunto de los trabajadores coincide en lo básico con la reciente petición de la 'troika': bajar los sueldos a los empleados–«que no a los grandes ejecutivos ni a los consejeros», apostillan desde CC OO y UGT y, además, de manera «muy sensible» para sus bolsillos. Desde la CEOE, no obstante, justifican tan polémica medida es que «es necesario sustituir conceptos retributivos obsoletos e improductivos por otros vinculados a la productividad».
Pero esa es sólo una de las controvertidas recetas que los empresarios plasman en su ideario «para salir de la crisis» que han trasladado al Ejecutivo y que éste «tendrá en cuenta cuando introduzca nuevos cambios en el mercado laboral», apuntan fuentes gubernamentales sin querer ir más allá. A su petición de recortar los sueldos –la patronal no señala nada respecto a la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido, e incluso aumentarlo, en caso de que la sociedad mejorase sus cuentas– se une la posibilidad, ya apuntada estos días, de «imponer» a los empleados la conversión de su contrato de jornada completa en otro a tiempo parcial.
Y es que, si bien en la CEOE valoran la reforma laboral como «un paso sustancial en el proceso de modernización» del mercado español, «echamos de menos que no se haya potenciado abiertamente» la contratación a tiempo parcial, hasta el punto de convertirla en «alternativa» a la temporalidad. Sin embargo, en otro apartado del documento critica las, a su juicio, «severas limitaciones» que hay al empleo temporal en algunas modalidades, por ejemplo, en los contratos por obra o servicio y eventuales.
Más horas extra
No reclama, no obstante, medida alguna que favorezca la contratación indefinida... salvo en los acuerdos a tiempo parcial donde, curiosamente, pide que se amplíe la posibilidad de hacer horas extras, reduciendo incluso los plazos de preaviso o la opción de denunciarlas por el trabajador. En el caso de los contratos temporales, y pese a la oposición frontal de los sindicatos y la desestimación inicial del Ejecutivo, quiere que se elimine cualquier limitación a la «concatenación» de los mismos, especialmente en tres supuestos: cuando un mismo empleado desempeñe diferentes puestos, si trabaja de forma sucesiva en distintas empresas de un grupo y en el caso de que una compañía suceda a otra se subrogue en sus obligaciones.
Otra de sus preocupaciones es convertir el contrato por obra y servicio, en teoría limitado, en uno más habitual en el variado catálogo que ofrece el mercado nacional, y ello a pesar de defender con ahínco la necesidad de reducirlos a unos pocos. Así, pide al Gobierno que extienda su duración «el tiempo que sea necesario», con la posibilidad de refundirlo con uno de tipo eventual de una duración máxima de 24 meses.
En la misma línea, reclama que el contrato de formación tenga igual consideración que uno de inserción y que pueda acceder al mismo cualquier trabajador –«con independencia de su edad», apunta– que se haya visto afectado por «procesos de readaptación profesional» en sectores «en declive» o afectados por la crisis, por ejemplo, un veterano de la construcción. Además, pide que «todos» sus costes sociales sean sufragados por el Estado y que haya «mayor libertad» para extinguirlos.
