La legislación andaluza establece la incompatibilidad de ocupar un escaño en el parlamento autonómico y ser alcalde de un municipio. Así que, el "camarada" Juan Manuel Sánchez Gordillo, tras 35 años, se ha visto obligado a abandonar su puesto de alcalde en el municipio sevillano de Marinaleda.
Pero ¿cuál es la realidad del pueblo que tras tres décadas largas deja de ser su edil, Sánchez Gordillo?
Pasen y lean:
Según el Servicio Público de Empleo Estatal, que Marinaleda no tenga paro ... va a ser que no: en los últimos tres años ha oscilado entre el 22 y el 18%, siendo el total de parados según datos, de 110 personas. En el año 2013 se registraron 1.704 contrataciones, de ellas 1.702 eran empleos temporales, y solamente 2 fueron contratos indefinidos. ¿defensa del empleo estable?
Económicamente hablando, el municipio actualmente presenta una deuda viva real de 2.830.000 euros, es decir: el 115% de su presupuesto anual. Una deuda que, en gran parte de esta cantidad, 1,1 millones de euros, corresponde al impago de agua al Consorcio de Aguas Plan de Écija. Sin embargo, los marinaleños deben abonar al consistorio todos los meses entre 12 y 15 euros en concepto de consumo de agua.
La renta media local es exactamente, según la Junta de Andalucía, de 9.273 euros, muy por debajo de la media nacional de España, que ronda los 18.000 euros, y la media andaluza que se queda al borde de los 14.000 euros. Además, no queda compensada por los servicios que daría el ayuntamiento ya que mientras que la media de gasto en bienes y servicios por habitante de los municipios españoles de entre 2.000 y 3.000 habitantes es de 310 euros, en este municipio sevillano de apenas 2.800 habitantes es de 191 euros al año.
Los ayuntamientos de poblaciones del tamaño de Marinaleda dedican anualmente una media de 16,31 euros por habitante para hacer frente a los gastos financieros derivados de la deuda, en este caso, la mala gestión de Gordillo obliga al consistorio a casi triplicar esa cantidad, elevándola hasta 44,59 euros por habitante.
La deuda pública por cada vecino de Marinaleda también es muy superior a la media nacional en municipios del mismo tamaño ya que en la localidad andaluza asciende a 86 euros, mientras que en el resto del territorio se reduce a 53 euros por vecino.
En cuanto al gasto en personal del ayuntamiento, sale un coste a cada habitante de Marinaleda la cantidad de 374 euros anuales, mientras que la media de municipios similares españoles no llega a los 300 euros.
Marinaleda ha sobrevivido con subvenciones provenientes de la Junta de Andalucía, el Gobierno Central y la Unión Europea. Durante varios ejercicios ha supuesto hasta el 80% del presupuesto total del consistorio. Un porcentaje que choca con lo que ocurre con los pueblos del entorno, para los que las subvenciones y ayudas no superan, en ningún caso, el 33% del total del dinero disponible. Eso sí la verdad sea dicha: se les redució la ayuda pública, en el último ejercicio, en casi un 40%.
En fin, Sánchez Gordillo opta por el puesto de parlamentario andaluz y no al de alcalde de Marinaleda. Aunque algo habrá influido también el hecho de que el sueldo de cualquier empleado en el municipio es de 47 euros brutos al día (unos 1.175 euros brutos al mes), y que el puesto de alcalde o concejal no está dotado económicamente por el consistorio. Quienes ejercen la función pública en el municipio sevillano deben, por tanto, tener un empleo que les permita ganar esos 47 euros diarios.
Muy diferente es la situación en la que queda el político optando por su empleo de parlamentario autonómico del grupo Izquierda Unida LV-CA por el que ingresa casi el triple: 3.113 euros brutos al mes en 14 pagas. Una cantidad de la que afirma entregar 1.000 euros al partido y hacer ciertas donaciones, pero esa es una decisión personal a la que no está obligado y de la que puede prescindir en cualquier momento obteniendo un sueldo neto que sería más del doble de lo que lo que ganan los trabajadores de Marinaleda.
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