La Subdelegación del Gobierno ratifica la sanción de 300 euros a dos activistas de PAH Fraga (Huesca) por colocar pegatinas en una entidad bancaria tras un desahucio
La Plataforma recurrirá la sanción que considera “totalmente arbitraria, carente de fundamento jurídico, y un intento descarado de la Subdelegación del Gobierno en Huesca de criminalizar la lucha social a base de multas aplicando la Ley Mordaza”
Subdelegación del Gobierno ha ratificado la multa de 300 euros para dos activistas de PAH Fraga, por colocación de adhesivos en una sucursal de Ibercaja de la capital del Baix Cinca en protesta por un desahucio ejecutado por dicha entidad bancaria el pasado 4 de mayo.
La Plataforma recurrirá la sanción que considera “totalmente arbitraria, carente de fundamento jurídico, y un intento descarado de la Subdelegación del Gobierno en Huesca de criminalizar la lucha social a base de multas aplicando la Ley Mordaza”, y “la prueba más evidente es que el Juzgado de Fraga archiva las denuncias al considerar que no hay ningún tipo de ilícito penal, pero Subdelegación saltándose el principio Non Bis Idem sigue adelante con el procedimiento por vía administrativa”.
“Si el juez no ve ningún tipo de delito y archiva el expediente, la actitud de Subdelegación del Gobierno en Huesca sólo se debe a un intento por callar el activismo mediante la represión pura y dura”, afirman desde el colectivo antidesahucios.
“Que un Organismo Público vele por los intereses de una entidad bancaria que desahucia y arruina la vida de familias vulnerables, mientras mira para otro lado cuando se desaloja impunemente a estas familias y además aplica la Ley Mordaza a quien protesta contra esta situación, demuestra claramente la colaboración interesada entre Administración y Banca”, concluyen.
La Plataforma recurrirá la sanción que considera “totalmente arbitraria, carente de fundamento jurídico, y un intento descarado de la Subdelegación del Gobierno en Huesca de criminalizar la lucha social a base de multas aplicando la Ley Mordaza”
Subdelegación del Gobierno ha ratificado la multa de 300 euros para dos activistas de PAH Fraga, por colocación de adhesivos en una sucursal de Ibercaja de la capital del Baix Cinca en protesta por un desahucio ejecutado por dicha entidad bancaria el pasado 4 de mayo.
La Plataforma recurrirá la sanción que considera “totalmente arbitraria, carente de fundamento jurídico, y un intento descarado de la Subdelegación del Gobierno en Huesca de criminalizar la lucha social a base de multas aplicando la Ley Mordaza”, y “la prueba más evidente es que el Juzgado de Fraga archiva las denuncias al considerar que no hay ningún tipo de ilícito penal, pero Subdelegación saltándose el principio Non Bis Idem sigue adelante con el procedimiento por vía administrativa”.
“Si el juez no ve ningún tipo de delito y archiva el expediente, la actitud de Subdelegación del Gobierno en Huesca sólo se debe a un intento por callar el activismo mediante la represión pura y dura”, afirman desde el colectivo antidesahucios.
“Que un Organismo Público vele por los intereses de una entidad bancaria que desahucia y arruina la vida de familias vulnerables, mientras mira para otro lado cuando se desaloja impunemente a estas familias y además aplica la Ley Mordaza a quien protesta contra esta situación, demuestra claramente la colaboración interesada entre Administración y Banca”, concluyen.
