la Casa Real, los "sindicatos", partidos políticos y la organización de Empresarios, quedarán excluidos, o lo que es lo mismo, podrán seguir teniendo cuentas e informaciones opacas.
La futura ley de la Transparencia, proyecto estrella de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha puesto de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Dos son los puntos de acuerdo. Por un lado, acelerar la tramitación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados con la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional durante este mes de enero –tradicionalmente inhábil para las tareas parlamentarias-. Por otro, ambos grupos han convenido los cuatro nombres que serán llamados a comparecer en esa jornada excepcional: el presidente de Transparencia Internacional de España, Jesús Lizcano Álvarez; el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez; Emilio Guichot, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla; y Antonio Garrigues Walker, miembro del comité ejecutivo de Transparencia Internacional España.
Esteban González Pons y Enrique Serrano, son los negociadores de ambos partidos. Todo indica, y aunque parezca increíble, la Casa Real, los "sindicatos", partidos políticos y la organización de Empresarios, quedarán excluidos, o lo que es lo mismo, podrán seguir teniendo cuentas e informaciones opacas.
