Pedro y Rafaela son dos jubilados cordobeses, de 70 y 65 años, a los que las cosas no les han ido bien en los últimos años. Pedro trabajaba en una empresa de transportes de Córdoba, Ávila SA, que quebró en la década pasada y despidió a medio centenar de padres de familia que llevaba casi toda la vida trabajando en ella. Pero no se rindió. Pedro compró un camión, hipotecó su casa (que compró en 1981 y que ya tenía pagada) y las cosas le volvieron a ir mal.
“Hay un momento en el que tienes que decidir entre comer o pagar la hipoteca”, explica este jubilado cordobés al que iban a desahuciar de su casa el 29 de noviembre tras una orden de un juzgado cordobés en julio. La casa, en la que vive desde 1981, ya no es suya, sino que pertenece a BBK Bank Cajasur. Pero desde ayer, la vivienda ha vuelto a ser de su propiedad, al menos temporalmente. La Junta de Andalucía, con su nueva Ley de Vivienda -aún no recurrida por el Gobierno-, ha expropiado temporalmente su uso para que Pedro, su mujer y sus hijos puedan vivir en ella al menos durante tres años más.
Pedro y Rafaela viven con apenas 1.000 euros al mes de sus pensiones, que no les llega para pagar las facturas, en una casa de 76 metros cuadrados en la calle Nuestra Señora de la Merced, de la capital cordobesa. Poco antes de jubilarse, Pedro tuvo un accidente con el camión en el que había depositado todos los ahorros de su vida, se rompió un dedo y ya todo le fue mal. Ahora, al menos, “hemos recuperado la esperanza”, asegura, al tiempo que declina seguir hablando del pasado porque se le pone un nudo en el estómago y le brotan las lágrimas.
“Este caso evidencia la utilidad social de la labor de intermediación y protección que realiza la Consejería de Fomento y Vivienda”, ha señalado Marisantos Córdoba, delegada territorial del departamento que dirige Elena Cortés. Córdoba ha animado a todas las personas que se encuentren en riesgo de perder su vivienda a acudir a la oficina provincial del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. “El Gobierno andaluz tiene herramientas eficaces para defender el derecho a la vivienda. Es fundamental que las personas que ven amenazado este derecho tomen la iniciativa y hagan uso de todos los recursos que ponemos a su alcance”, ha añadido.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer el inicio de este procedimiento, el número 33 desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda, el segundo en la provincia de Córdoba tras el incoado el pasado 18 de noviembre en Doña Mencía. El anuncio publicado en el BOJA es el paso inicial del proceso de expropiación, de aplicación durante un máximo de tres años a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, siempre que amenacen el derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión social. Una vez realizada esta publicación, la sociedad adjudicataria del piso dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
