La jornada de ayer pasará a la historia como el día en el que las víctimas españolas del franquismo fueron escuchadas por una jueza extranjera, por primera vez, para denunciar los delitos de lesa humanidad cometidos en su propio país durante la guerra civil y la posterior dictadura.
Merçona Puig Antich, entre otros ha sido una de los querellantes que este martes han acudido a los tribunales de Buenos aires para que la jueza argentina María Servini de Cubría impute, al ex ministro franquista José Utrera Molina (de 79 años).
La primera en dar su testimonio fue la hermana de Salvador Puig Antich, que era miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) cuando fue acusado de matar al subinspector Francisco Anguas. Salvador fue juzgado en un consejo de guerra, y asesinado a garrote vil el 2 de marzo de 1974 en una prisión de Barcelona.
"Son muchas emociones juntas y cuesta hablar porque recordar y querer decir las cosas ordenadamente no es fácil", contaba Merçona a los medios, apenas salió del despacho de la jueza, tras dos horas de declaración. "Estoy muy cansada pero muy contenta de explicar cómo fue toda la historia: por qué mi hermano militaba, dónde lo detuvieron, cómo fue el juicio y qué hemos hecho hasta ahora para demostrar cómo funcionó todo".
Puig Antich acude a la Justicia de Argentina para que otro Estado, el español, anule la sentencia que condenó a muerte a su hermano, retire los cargos en su contra y se disculpe por el daño causado. Además solicita a la jueza que se impute a Utrera Molina por firmar la sentencia a muerte del joven.
"Le he pedido justicia, con el fin de que podamos hablar en nuestro país de estas cosas para ir recuperando la memoria y cerrar estos capítulos de una manera sana, porque de momento no es así", añadió Merçona.
A la hermana de Puig Antich, le fué asignada una hora de audiencia privada con el juzgado de Servini de Cubría. Decidió acudir a Argentina después de que las videoconferencias que habían acordado con la jueza, programadas para mayo, fueran canceladas por un comunicado de protesta que envió el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español al embajador argentino Carlos Bettini.
