Manuel Lapeña nunca fue a escuchar las misas de Bienvenido, el cura de Villaroya de la Sierra (Zaragoza). Cuando la Comisión de Incautaciones le citó a declarar en diciembre de 1937, el sacerdote dijo: “Manuel Lapeña era veterinario. Fue el fundador de la CNT y causante de todo el mal que ha ocurrido al pueblo, pues supo engañar a la juventud arrastrándola por estos derroteros tan nefastos. Un tipo verdaderamente cretino, hombre funestísimo por todos los conceptos, que fue fusilado”. Purificación, nieta de Manuel, enseña el documento de esa declaración que ha leído mil veces. “Hubo curas que salvaron, y por desgracia, hubo curas que se dedicaron a hacer listas de rojos”. No tuvo juicio, ni sentencia. Los falangistas le pegaron un tiro en julio de 1936 y lo arrojaron a una fosa. Pero un año después, el bando franquista abrió un expediente al muerto para imponer a su familia una multa de 1.000 pesetas y embargar sus bienes: un huerto. un corral. Tenía 44 años y cuatro hijos cuando lo mataron...
El requerimiento al organismo internacional busca "un fallo humanitario" con el que la ONU "haga cumplir al Gobierno español" el mandato jurídico, apunta el abogado especializado en Memoria Histórica Eduardo Ranz, que ha puesto la denuncia. "Los familiares ya tienen reconocido su derecho judicial a exhumar, ahora falta liberarles de su secuestro" en la mayor fosa común del país, donde yacen 33.000 personas, 12.000 de ellas sin identificar.
El fallo que permite exhumar a Antonio y Manuel Lapeña, afiliados a la CNT, ejecutados por franquistas y enterrados luego en Cuelgamuros, ha encontrado la oposición firme del prior de la abadía del Valle de los Caídos. La Iglesia impedía incluso a técnicos del Estado a entrar en la basílica para comprobar la situación en que se encuentran las criptas y los restos óseos.
El Gobierno ocultó además que los monjes del Valle habían vetado la exhumación de los hermanos Lapeña, como confirmó en el Congreso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Aludía a la "oposición de terceros" que continúa, pese a que Patrimonio Nacional había decidido ignorar el veto de la Iglesia para iniciar el trabajo exhumatorio.
Sentencia firme y sin cumplir desde hace 14 meses
De los "fundamentos legales" tratados en la denuncia presentada en la ONU, destaca el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala: "Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". Extremo incumplido en los casos de desaparición forzada como esta.
"La sentencia adquirió firmeza hace 14 meses y a día de hoy ningún ente público, administrativo o judicial, ni persona física alguna, ha procedido a su cumplimiento", recuerda el abogado de la familia Lapeña. La solicitud a Naciones Unidas pretende "que el Estado español sea denunciado por incumplir los pactos civiles y políticos y se dicte fallo por el que la denunciante recupere de facto los restos de su abuelo y tío abuelo", los hermanos Lapeña Altabás.
El "fallo humanitario" sería "la culminación de más de 80 años de lucha", asegura Eduardo Ranz. "No existe peligro para el Gobierno exhumando", apunta, "sino un refuerzo para la democracia española" y la oportunidad "de no cometer otro error histórico".
El "caso de los Lapeña" ha sido visto en diferentes tribunales "en los últimos cinco años": Juzgado de Instrucción de San Lorenzo del Escorial, Audiencia Provincial de Madrid, Tribunal Constitucional de España, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial y Juzgado de lo Central número 5, enumera el letrado.
A pesar de ello, impedir la ejecución de la sentencia firme supone una "vulneración reiterada del derecho a la tutela judicial efectiva de la familia Lapeña", subraya Ranz. De ahí la denuncia a la ONU para lograr "un fallo humanitario" contra España que permita el reencuentro familiar "con su abuelo y tío abuelo fusilados como tantos otros en la misma situación", añade. Ahora el organismo internacional tendrá que pronunciarse.
