La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público en Andalucía amplía la investigación a la gestión del PP en el Gobierno andaluz al e incluye como imputados por prevaricación y malversación a dos exaltos cargos del Ministerio de Trabajo en la época de José María Aznar, "sindicalistas" de UGT y CCOO, además de ex altos cargos del Gobierno andaluz.
Todos están relacionados con unas ayudas de 40 millones de euros en 2002 a empresas mineras de Huelva en la que se han detectado intrusos y sobrecomisiones en la tramitación.
La juez instructora María Nuñez Bolaños no tiene tan clara la limpieza de los expedientes por parte del Gobierno central, e investiga tres posibles actuaciones delictivas: la inclusión de intrusos entre los prejubilados, la falsificación de los coeficientes para modificar la edad de los perceptores e incrementar así el número de los beneficiarios e incluso las sobrecomisiones de las aseguradoras y bufetes que tramitaban el pago a través de asociaciones de trabajadores constituidas por los representantes "sindicales" para el cobro de las ayudas.
Entre los 25 imputados en esta nueva pieza separada se encuentran la secretaria general de Empleo y la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, Carmen de Miguel y Soledad Córdova, acusadas de un delito de prevaricación y malversación "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia administración para ser receptores de las subvenciones".
Por parte de la Junta se investiga a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, a quienes se acusa de "conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria, careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que posiblemente permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos".
Se investiga asimismo a diez sindicalistas, entre ellos los exsecretarios generales de UGT Andalucía Manuel Pastrana, quien dejó el cargo en mayo de 2013, y de CCOO Francisco Carbonero, quien abandonó en mayo pasado, por supuestamente desviar fondos abonados por el Fondo de Garantía Social destinados a la Junta de Andalucía, que había adelantado el pago de las prejubilaciones. Los últimos investigados son los responsables de una de las aseguradoras que tramitaban los expedientes, Uniter, y el abogado Carlos Leal Bonmatí.
Todos están relacionados con unas ayudas de 40 millones de euros en 2002 a empresas mineras de Huelva en la que se han detectado intrusos y sobrecomisiones en la tramitación.
La juez instructora María Nuñez Bolaños no tiene tan clara la limpieza de los expedientes por parte del Gobierno central, e investiga tres posibles actuaciones delictivas: la inclusión de intrusos entre los prejubilados, la falsificación de los coeficientes para modificar la edad de los perceptores e incrementar así el número de los beneficiarios e incluso las sobrecomisiones de las aseguradoras y bufetes que tramitaban el pago a través de asociaciones de trabajadores constituidas por los representantes "sindicales" para el cobro de las ayudas.
Entre los 25 imputados en esta nueva pieza separada se encuentran la secretaria general de Empleo y la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, Carmen de Miguel y Soledad Córdova, acusadas de un delito de prevaricación y malversación "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia administración para ser receptores de las subvenciones".
Por parte de la Junta se investiga a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, a quienes se acusa de "conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria, careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que posiblemente permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos".
Se investiga asimismo a diez sindicalistas, entre ellos los exsecretarios generales de UGT Andalucía Manuel Pastrana, quien dejó el cargo en mayo de 2013, y de CCOO Francisco Carbonero, quien abandonó en mayo pasado, por supuestamente desviar fondos abonados por el Fondo de Garantía Social destinados a la Junta de Andalucía, que había adelantado el pago de las prejubilaciones. Los últimos investigados son los responsables de una de las aseguradoras que tramitaban los expedientes, Uniter, y el abogado Carlos Leal Bonmatí.
