El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha ordenado el sobreseimiento provisional de la operación Piñata, la segunda gran operación realizada en los últimos años sobre el “terrorismo anarquista”.
El auto del juzgado, con fecha 29 de enero de 2018, señala que la fiscalía había solicitado el sobreseimiento y no constaban más acusaciones en la causa. La petición de fiscalía ha sido a instancias de las defensas de los acusados en la operación.
“Nos alegramos enormemente por la decisión judicial, y especialmente por las personas investigadas, que no tienen ya sobre sus cabezas la espada de Damocles de la Audiencia Nacional, pero estamos preocupados porque se ha usado al movimiento anarquista como objeto de una operación policial, lo que luego los tribunales no han convalidado”, señala Eduardo Gómez Cuadrado, uno de los abogados de los acusados en la operación Piñata.
La operación Piñata supuso la detención de 38 personas, en Madrid, Barcelona y Palencia. Once de ellas, acusadas de pertenencia a organización terrorista, estuvieron en prisión provisional durante tres meses, y se les aplicó la política de dispersión. Fue en marzo de 2015. Tres meses antes, otro gran operación policial bautizada como operación Pandora acabó con la detención de once personas, y en octubre de 2015, en una segunda fase de la misma operación la policía detuvo a nueve personas más.
El denominado “terrorismo anarquista”, protagonizado por un supuesto grupo llamado Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), se había convertido en una de las mayores preocupaciones de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra desde que, en octubre de 2013, un pequeño explosivo detonara en la Basílica de El Pilar de Zaragoza, produciendo la rotura de algunos bancos de madera y algo de escayola, y provocando la rotura de un tímpano a una persona que estaba dentro del templo.
La última operación por el “terrorismo anarquista”, la ICE, fue el 4 de noviembre de 2015. Detuvieron a cinco personas, y una de ellas, Nahuel, pasó un año y cuatro meses en prisión preventiva, hasta que en marzo de 2017 fue puesto en libertad provisional con cargos.
En junio de 2016 y mayo de 2017, la Audiencia Nacional ordenó el archivo de las dos partes en las que estaba dividida la operación Pandora. Mónica C. y Francisco S. fueron condenados, en marzo de 2016, a doce años de cárcel cada uno de ellos por la explosión en la Basílica de El Pilar de Zaragoza de octubre de 2013, condena que fue rebajada por el Tribunal Supremo en diciembre de ese mismo año a cuatro años y medio de cárcel —poco más de lo que ya llevaban cumplido en prisión preventiva— y cambiada por la expulsión del país.
En el texto en el que la fiscalía pedía el sobreseimiento para los detenidos en la operación Pandora, con fecha 10 de enero, esta señalaba que las pruebas obtenidas en los diferentes registros en los domicilios de los acusados y en centros sociales en Madrid, Barcelona y Palencia no son suficientes para sostener que los acusados formaban parte de una organización terrorista coordinada para provocar disturbios en movilizaciones sociales.
Apunta que entre la documentación requisada había revistas, una “Guía básica de seguridad”, instrucciones para crear un “servidor informático ilegal”, documentos relacionados con solidaridad con personas presas. También listados de acciones realizadas en apoyo a los detenidos de la operación Pandora y a Mónica y Francisco.
El auto del juzgado, con fecha 29 de enero de 2018, señala que la fiscalía había solicitado el sobreseimiento y no constaban más acusaciones en la causa. La petición de fiscalía ha sido a instancias de las defensas de los acusados en la operación.
“Nos alegramos enormemente por la decisión judicial, y especialmente por las personas investigadas, que no tienen ya sobre sus cabezas la espada de Damocles de la Audiencia Nacional, pero estamos preocupados porque se ha usado al movimiento anarquista como objeto de una operación policial, lo que luego los tribunales no han convalidado”, señala Eduardo Gómez Cuadrado, uno de los abogados de los acusados en la operación Piñata.
La operación Piñata supuso la detención de 38 personas, en Madrid, Barcelona y Palencia. Once de ellas, acusadas de pertenencia a organización terrorista, estuvieron en prisión provisional durante tres meses, y se les aplicó la política de dispersión. Fue en marzo de 2015. Tres meses antes, otro gran operación policial bautizada como operación Pandora acabó con la detención de once personas, y en octubre de 2015, en una segunda fase de la misma operación la policía detuvo a nueve personas más.
El denominado “terrorismo anarquista”, protagonizado por un supuesto grupo llamado Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), se había convertido en una de las mayores preocupaciones de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra desde que, en octubre de 2013, un pequeño explosivo detonara en la Basílica de El Pilar de Zaragoza, produciendo la rotura de algunos bancos de madera y algo de escayola, y provocando la rotura de un tímpano a una persona que estaba dentro del templo.
La última operación por el “terrorismo anarquista”, la ICE, fue el 4 de noviembre de 2015. Detuvieron a cinco personas, y una de ellas, Nahuel, pasó un año y cuatro meses en prisión preventiva, hasta que en marzo de 2017 fue puesto en libertad provisional con cargos.
En junio de 2016 y mayo de 2017, la Audiencia Nacional ordenó el archivo de las dos partes en las que estaba dividida la operación Pandora. Mónica C. y Francisco S. fueron condenados, en marzo de 2016, a doce años de cárcel cada uno de ellos por la explosión en la Basílica de El Pilar de Zaragoza de octubre de 2013, condena que fue rebajada por el Tribunal Supremo en diciembre de ese mismo año a cuatro años y medio de cárcel —poco más de lo que ya llevaban cumplido en prisión preventiva— y cambiada por la expulsión del país.
En el texto en el que la fiscalía pedía el sobreseimiento para los detenidos en la operación Pandora, con fecha 10 de enero, esta señalaba que las pruebas obtenidas en los diferentes registros en los domicilios de los acusados y en centros sociales en Madrid, Barcelona y Palencia no son suficientes para sostener que los acusados formaban parte de una organización terrorista coordinada para provocar disturbios en movilizaciones sociales.
Apunta que entre la documentación requisada había revistas, una “Guía básica de seguridad”, instrucciones para crear un “servidor informático ilegal”, documentos relacionados con solidaridad con personas presas. También listados de acciones realizadas en apoyo a los detenidos de la operación Pandora y a Mónica y Francisco.
