El pasado año, un soldado de la Unidad Militar de Emergencias tuvo una media de 0,017 intervenciones; mientras que las de los bomberos de Madrid se elevan a 13,7; a 34,5 en Barcelona, y 13,4 en Bilbao.
Los soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) siguen desinfectando residencias, estaciones y papeleras. Los bomberos podrían hacerlo por un precio más módico y eficiente. Pero la UME es una cuestión de Estado en la que se invierte una media de 150 millones de euros al año para mantener a una plantilla de más de 3.500 soldados, que en 2019 colaboraron en las tareas de extinción de 34 incendios y participaron en otras 26 intervenciones (inundaciones, nevadas, colaboraciones internacionales).
El pasado año, los 1.800 bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizaron un total de 24.669 salidas. Los 607 de Barcelona, casi 21.000. Los 186 de Bilbao, alrededor de 2.500. Un soldado de la UME tuvo una media de intervención de 0,017; mientras que la de los bomberos de Madrid se eleva a 13,7; 34,5 en Barcelona, y 13,4 en Bilbao.
Con el presupuesto de la UME se podría ampliar con un bombero más todos los parques del Estado, pasando de 20.000 a 23.500 profesionales, indica el bombero Ina Robles. “Eso sí aumentaría la protección civil considerablemente”, sostiene.
A Robles también le duele la desproporcionalidad entre los materiales militares y civiles: la UME posee casi mil vehículos terrestres, aviones, helicópteros, embarcaciones ligeras y drones. “Incluso su vestimenta técnica es mejor, y eso que la nuestra es buena”, indica.
Es difícil trazar la inversión realizada en la UME desde los opacos presupuestos de Defensa, pero el Centre Delàs ha constatado que entre 2007 y 2011 se invirtieron 80 millones para cuatro helicópteros Cougar, 40,5 millones para el avión apagafuegos de Airbus Defence y 60,4 millones para nodos CIS de Indra. Los respiradores hospitalarios tienen un precio de entre 10.000 y 20.000 euros, según fabricante.
En una situación de 40 años de democracia, el gasto militar se elevó en 2018 a casi 20.000 millones de euros, mientras que el del gasto sanitario público, del que todas las personas son beneficiarias, asciende a 68.500 millones.
Desobediencia civil
En Catalunya hay ayuntamientos que han reclamado la intervención de la UME, incluso el de Barcelona, pero en Bizkaia los bomberos crearon la pasada semana grupos de voluntarios gestionados para llevar a cabo las tareas de desinfección de residencias. “Si desinfectamos nosotros, ellos no son necesarios”, insiste Robles, conocido por sus acciones de desobediencia civil, como negarse a cargar armas en el puerto de Bilbao, por lo que fue expedientado por una falta muy grave.
La insumisión ha sido probablemente la campaña de desobediencia civil más exitosa de la historia de los movimientos sociales del Estado. Cuando en 2002 se decretó el fin del servicio militar y del servicio social sustitutorio, la imagen del Ejército, precedida por golpes de Estado y lealtad al dictador Francisco Franco, quedó dañada. Tres años después, en el verano de 2005, una oleada de incendios arrasó el monte, desde Guadalajara a Galicia. Fue en ese contexto que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero consideró poner en marcha la UME.
“El Ejército cerró 2002 con una herida fuerte, y para legitimarlo pusieron en marcha misiones humanitarias y de paz, pero el nacimiento de la UME supuso un paso más en el objetivo de mejorar la imagen de una institución socialmente cuestionada, cuyo presupuesto es visto como inútil por gran parte de la sociedad”, asegura Ignacio Sanz, miembro del MOC. “El problema es que el gasto militar supone recortes para los servicios que sostienen la vida”.
“Desde el punto de vista económico y funcional, la UME es absurda”, añade Ina Robles, quien considera que “la militarización de la vida civil solo ocurre en países poco desarrollados; los desarrollados tienden a desmilitarizarse”.
Grabarse en los incendios
Los bomberos forestales tienen que trabajar codo con codo con la UME cuando un incendio se desboca y pasa a emergencia de nivel 2. “Vienen con sus cámaras para grabarse y difundir los vídeos, pero las cámaras no llegan a la primera línea de fuego, donde estamos nosotras”, resume Cristina García. “Deberíamos tener en cuenta que su presencia significa priorizar recursos en alguien que no es bombero forestal ni pertenece a los dispositivos locales, que somos quienes tenemos la capacidad de conseguir que los conatos de fuego no se propaguen”.
La bombera forestal destaca también la dificultad que supone coordinarse con los efectivos de la UME, ya que “todas las instrucciones deben recibirlas de sus propios mandos, lo cual dificulta la coordinación con nosotras, que somos quienes la dirigen”. En un contexto de crisis climática, en el que se prevén más sequías, más incendios y más catástrofes, “la prioridad debería ser la primera intervención, que es la más rápida, y esta depende de los ratios que tengamos y del presupuesto”.
Desde la CGT, la abogada Mercè Teodoro, en una carta abierta, considera que “la mejor contribución social que puedo hacer es denunciar la gran campaña de propaganda militarista que está llevando a cabo el Gobierno español, porque el virus nos priva temporalmente de salir a la calle, nos enferma y nos puede hacer morir, pero no nos priva de nuestras facultades intelectuales ni nos convierte en rebaño”.
Desde el Grup Antimilitarista Tortuga, Adrián Vaíllo añade que para ellos el gasto militar no se circunscibe solo a los 19.926 millones del Ejército en todas sus variantes, sino que superarían los 30.000, incluyendo a todas las fuerzas de seguridad.
Gessamí Forner
