El Tribunal de Cuentas ha reclamado 9.745.882 euros al "sindicato" colaboracionista UGT en virtud de un expediente de responsabilidad contable que deriva del caso de los ERE de Andalucía. Hace más de 10 años que se inició la investigación y ha culminado este mes de julio en un acta de liquidación por la mencionada cifra, decisión que ha sido recurrida por el "sindicato socialista" denunciando indefensión. UGT hace constar en su recurso que la cantidad exigida supondrá la paralización de su actividad sindical si implica el bloqueo de fuentes de ingresos y cuentas bancarias, por lo que ofrece responder a la reclamación con su patrimonio inmobiliario como garantía.
El acta de liquidación describe las irregularidades atribuidas a las centrales "sindicales" como actividades relacionadas con “los expedientes de regulación de empleo tramitados en el ámbito de la Junta de Andalucía”, mediante ayudas que no se gestionaron debidamente. En su momento, dichos expedientes de regulación de empleo tuvieron por finalidad de atender a los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo y que, “por distintas razones, presentarían dificultades de integración en el mercado laboral”. Las ayudas perseguían, por tanto, amortiguar “el impacto sociolaboral que pudieran causar las crisis de las medianas y grandes empresas radicadas en la comunidad”.
Las ayudas se concedían a “trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo u otro tipo de despido”. Pero fueron incluidos y se beneficiaron de este mecanismo otros “trabajadores que no reunían las condiciones exigidas para ello”, según el Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable, en suma, se derivaría de que este tipo de prácticas dio lugar “a la existencia de unos menoscabos en los fondos públicos de la Junta de Andalucía que estarían constituidos por el importe de las primas correspondientes a las pólizas de seguros de rentas contratadas para la cobertura de estas contingencias”. Todo ello se refiere a los casos de “aquellos trabajadores que indebidamente hubieran sido incluidos en los expedientes de regulación de empleo, en los importes que hubieran sido financiados por la Junta de Andalucía”.
