Todo un clásico: Navantia ha cerrado otro ejercicio en números rojos. Los astilleros públicos se anotaron pérdidas de 144,8 millones en el año de la pandemia, prácticamente las mismas que en el ejercicio precedente, cuando registraron un resultado negativo de 146 millones. El Covid-19 y la baja captación de contratos, apenas una ampliación de los AOR australianos y los jackets para la eólica marina de Iberdrola, impidieron al grupo continuar reduciendo las pérdidas, ahora que afronta un profundo proceso de transformación tecnológica y organizativa vertebrado en torno a las fragatas F-111 de Defensa y las corbetas de la dictadura Saudí.
La acumulación de resultados negativos continúa erosionando la situación patrimonial de la empresa militarista Navantia y movilizando recursos públicos para sanear sus finanzas. En el pasado ejercicio, el Gobierno inyectó a través de la SEPI 397,9 millones en los astilleros en forma de préstamo participativo, según consta en las cuentas anuales de la empresa. Este mecanismo se repite año tras año para evitar que el grupo quede en causa de disolución o de reducción obligatoria de capital.
Los números así lo exigirían si tenemos en cuenta que acabó el ejercicio con un agujero patrimonial de 1.300 millones. Sin embargo, la ingente cantidad de préstamos participativos concedidos por el Estado, un total de 1.438 millones, contabilizan para el patrimonio neto, lo que permite a Navantia situarse en números positivos de 184 millones a efectos mercantiles.
La cifra de ingresos retrocedió el año pasado hasta los 1.088 millones, un 10% por debajo de los 1.213 millones de 2019. La cartera de pedidos de los astilleros sumaba a cierre del año 7.815 millones. Sin comentarios.