El secretario ejecutivo del organismo, José Luis Machinea, dijo en un comunicado que “la pobreza e indigencia aumentarán” si no se adoptan medidas urgentes para aminorar los efectos de las alzas en los precios de los alimentos en los países latinoamericanos.
“El alza intensa y persistente de los precios internacionales de los alimentos está castigando con especial dureza a los sectores más pobres de América Latina y el Caribe, generando un impacto distributivo regresivo”, aseveró.
Explicó que el incremento de los precios internacionales es un fenómeno que se ha acelerado en los últimos 12 meses, afectando en especial los precios del maíz, el trigo, el arroz y las oleaginosas, aumentos que en algunos casos superan al 100 por ciento.
Desde principios de 2006 la inflación se ha acelerado en la mayoría de las economías de la región, registrando un ritmo anual que oscila entre 6.0 y 20.0 por ciento en los distintos países, con promedio regional cercano al 15 por ciento.
Sobre la base de las proyecciones de indigencia realizadas , la Cepal calculó que un incremento del 15 por ciento en el precio de los alimentos elevará la incidencia de la indigencia en casi tres puntos, de 12.7 a 15.9 por ciento.
Esa alteración de los precios, por lo tanto, provocaría que 15.7 millones más de latinoamericanos caigan en la indigencia. En el caso de la pobreza, los aumentos son parecidos ya que la misma cantidad de personas pasaría a ser pobre.
“Pero si se considera una mejora de los ingresos de los hogares del cinco por ciento, similar al promedio de la inflación regional, alrededor de 10 millones de personas pasarían a la indigencia como consecuencia del aumento de precios”.
El secretario ejecutivo del organismo del sistema de Naciones Unidas advirtió que “esto representa una situación dramática para un vasto contingente de personas”.
Sostuvo, además, que el panorama se complica aún más por los efectos de los incrementos que están experimentando los combustibles, que impactan las tarifas del transporte y de varios servicios públicos.
Ante este escenario, se consideró que “resulta de la mayor prioridad poner en marcha y/o mantener políticas dirigidas a suprimir esos efectos”.
“Las políticas que pueden desplegarse son de diverso tipo y dependerán de la realidad de cada país y la experiencia que tengan en el manejo de diversos instrumentos o su situación fiscal”.
Estas políticas deben incluir acciones que disminuyan las alzas de los precios de los alimentos en los mercados internos y mejoren los ingresos de la población, especialmente de los sectores de bajos recursos.
Entre otras medidas, el secretario ejecutivo de la Cepal propuso reducciones de aranceles y/o de impuestos al consumo, subsidios focalizados a ciertos sectores o un incremento de los subsidios ya existentes.
También sugirió un aporte excepcional de los países desarrollados y, en cierta medida, de las naciones de ingreso medio que son exportadoras netas de alimentos a organismos internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.