Según un estudio de la Fundación Altarriba, las administraciones públicas dedican en el conjunto del Estado 564 millones de euros a la subvención de actividades taurinas. Son más de 12 euros anuales por habitante. Una comparación puede ayudar a apreciar la magnitud de la cifra. Si el presupuesto para la construcción de un hospital de 40 camas, como el hospital Tres Mares, es de 15 millones de euros, con el dinero público que se destina a la tauromaquia se podrían construir 38 hospitales de esas características.
En Cantabria existen cinco plazas de toros y todas ellas son de titularidad pública. En un país en el que todo lo rentable ha sido ya privatizado, esto es indicativo de la falta de rentabilidad de los espectáculos taurinos. Nadie quiere hacerse cargo de un negocio que sólo produce pérdidas, pero los sucesivos gobiernos autonómicos y algunos municipales han venido asumiendo la carga y sufragándola con el dinero de los contribuyentes. En Santander, la Empresa Municipal Plaza de Toros S. A. tiene este año un presupuesto de 2.7 millones de euros. Esa empresa obtiene el grueso de sus ingresos de la venta de entradas –1.8 millones de euros–, la publicidad y los derechos de retransmisión por televisión –unos 100.000 euros por cada uno de estos conceptos–.
No obstante, es engañoso considerar el precio de las entradas vendidas como ingreso, ya que miles de ellas son adquiridas por organismos públicos y regaladas a multitud de asociaciones, grupos políticos y particulares. Es de nuevo gasto público que subvenciona la tauromaquia, pero que en las cifras oficiales aparece como ’ingresos’. A menudo esto no es suficiente, y el Ayuntamiento tiene que hacer alguna aportación adicional para cubrir los gastos de la Feria de Santiago. Tampoco es infrecuente que éste, al acabar el año, tenga que acudir en rescate de la Plaza con una aportación extraordinaria a fin de conseguir su reequilibrio patrimonial.
Llamativos, al tratarse de un municipio de unos mil habitantes, son los 210.000 euros que se emplearon hace no mucho tiempo en Rasines para acondicionar la plaza de toros. O los 1.2 millones de euros que ha destinado este año el Ayuntamiento de Santoña para rehabilitar su plaza de toros, lo que supone uno de cada diez euros del presupuesto del municipio para este año. Son cantidades muy elevadas para una actividad éticamente cuestionada y que, como indican las encuestas, es rechazada por la mayoría de la población. Lo exagerado de las cifras de dinero público que van a parar a este negocio llevó a la portavoz de la Fundación Altarriba a afirmar que "al final, los toreros van a ser casi funcionarios públicos".
