Según una información generada por la organización Christian Aid y difundida por la BBC sobre la evasión que las empresas multinacionales realizan en América Latina y el Caribe, se cuantificó en 50.000 millones de dólares el monto que estas compañías dejan de tributar cada año en las naciones ubicadas el sur del río Bravo. La misma fuente señala que esta conducta penalmente punible 'limita seriamente el desarrollo de esos países'.
La misma fuente estima en 160.000 millones de la moneda estadounidense la evasión de estas empresas en todo ese universo llamado Tercer Mundo. Esta es una cantidad entre tres y cuatro veces superior a los entre 40.000 y 60.000 millones de dólares que el Banco Mundial estima que se precisan para financiar los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.
El director de Christian Aid, Daleep Mukrji, sostiene que las muertes de '5.600.000 niños en todo el mundo podrían evitarse entre los años 2000 y 2015 si el pago de impuestos de estas compañías fuese un hecho'. El cuánto llama mucho la atención. La cifra de 50.000 millones de dólares es el monto de las exportaciones argentinas en 2007, por ejemplo. Esa cifra es, a su vez, el total de las reservas monetarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Así como el cuánto, también el quiénes llama poderosamente la atención. British Petroleum (petrolera británica, ganancias en 2005 22.450 millones de dólares), Wal-Mart (minorista estadounidense, ganancias en 2007 11.300 millones), Royal Dutch Shell (petrolera angloholandesa, 22.500 millones en 2006) y ExxonMobil (petrolera estadounidense, 39.500 millones en 2006) entre otras, son blanco de acusaciones de esta asociación. Según el informe, esta millonaria pérdida significa un obstáculo a un crecimiento sostenible e independiente de los países pobres.
Este es el dato frío: las empresas multinacionales evaden impuestos en América Latina y el Caribe por 50.000 millones de dólares anuales. Ahora, ¿qué hacer? Aquí es donde resurge con todo su impulso el concepto restringido de seguridad jurídica. El discurso que enuncia el bloque hegemónico sería algo así como 'no debe sancionarse a las empresas (por la evasión impositiva) porque este tipo de acciones atenta contra la seguridad jurídica'. Luego, todo lo que mencionamos antes: sin seguridad jurídica no vienen las inversiones de largo plazo, no hay inversión, no hay crecimiento sostenido, mayor atraso y pobreza.
Lo más destacable del dato aportado por Christian Aid es que se ha cuantificado el costo de la seguridad jurídica acotada: 50.000 millones de dólares. Ese monto es, precisamente, lo que la falta de seguridad jurídica ha generado como ingresos a las empresas multinacionales que operan en nuestro medio. Y que los países han dejado de percibir. De existir auténtica seguridad jurídica, esas empresa habrían sido denunciadas penalmente y sus directivos deberían responder ante la Justicia por violar las leyes tributarias. Y los Estados dispondrían de esa enorme suma de dinero para cumplir con sus deberes. Pero las empresas, los medios y sus adláteres solo claman cuando se le exige a las empresas que cumplan con sus obligaciones legales.
En estas condiciones, no sólo se torna necesario poner en evidencia estas cuestiones y señalar a los culpables, sino también tratar de leer correctamente cómo se construyen los discursos en la eterna lucha de poder. Porque si tanto se pregona que debe respetarse la seguridad jurídica, las empresas mediáticas y sus voceros deberían poner el grito en el cielo para que estas compañías sean juzgadas y condenadas por alta evasión impositiva.
La misma fuente estima en 160.000 millones de la moneda estadounidense la evasión de estas empresas en todo ese universo llamado Tercer Mundo. Esta es una cantidad entre tres y cuatro veces superior a los entre 40.000 y 60.000 millones de dólares que el Banco Mundial estima que se precisan para financiar los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.
El director de Christian Aid, Daleep Mukrji, sostiene que las muertes de '5.600.000 niños en todo el mundo podrían evitarse entre los años 2000 y 2015 si el pago de impuestos de estas compañías fuese un hecho'. El cuánto llama mucho la atención. La cifra de 50.000 millones de dólares es el monto de las exportaciones argentinas en 2007, por ejemplo. Esa cifra es, a su vez, el total de las reservas monetarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Así como el cuánto, también el quiénes llama poderosamente la atención. British Petroleum (petrolera británica, ganancias en 2005 22.450 millones de dólares), Wal-Mart (minorista estadounidense, ganancias en 2007 11.300 millones), Royal Dutch Shell (petrolera angloholandesa, 22.500 millones en 2006) y ExxonMobil (petrolera estadounidense, 39.500 millones en 2006) entre otras, son blanco de acusaciones de esta asociación. Según el informe, esta millonaria pérdida significa un obstáculo a un crecimiento sostenible e independiente de los países pobres.
Este es el dato frío: las empresas multinacionales evaden impuestos en América Latina y el Caribe por 50.000 millones de dólares anuales. Ahora, ¿qué hacer? Aquí es donde resurge con todo su impulso el concepto restringido de seguridad jurídica. El discurso que enuncia el bloque hegemónico sería algo así como 'no debe sancionarse a las empresas (por la evasión impositiva) porque este tipo de acciones atenta contra la seguridad jurídica'. Luego, todo lo que mencionamos antes: sin seguridad jurídica no vienen las inversiones de largo plazo, no hay inversión, no hay crecimiento sostenido, mayor atraso y pobreza.
Lo más destacable del dato aportado por Christian Aid es que se ha cuantificado el costo de la seguridad jurídica acotada: 50.000 millones de dólares. Ese monto es, precisamente, lo que la falta de seguridad jurídica ha generado como ingresos a las empresas multinacionales que operan en nuestro medio. Y que los países han dejado de percibir. De existir auténtica seguridad jurídica, esas empresa habrían sido denunciadas penalmente y sus directivos deberían responder ante la Justicia por violar las leyes tributarias. Y los Estados dispondrían de esa enorme suma de dinero para cumplir con sus deberes. Pero las empresas, los medios y sus adláteres solo claman cuando se le exige a las empresas que cumplan con sus obligaciones legales.
En estas condiciones, no sólo se torna necesario poner en evidencia estas cuestiones y señalar a los culpables, sino también tratar de leer correctamente cómo se construyen los discursos en la eterna lucha de poder. Porque si tanto se pregona que debe respetarse la seguridad jurídica, las empresas mediáticas y sus voceros deberían poner el grito en el cielo para que estas compañías sean juzgadas y condenadas por alta evasión impositiva.
