Casi 655.000 desempleados reciben ayudas estatales · La franja más castigada de la población son las mujeres de entre 25 y 44 años procedentes del sector servicios
La cuenta del paro es cara. En realidad, carísima. Andalucía, o más bien el Estado en la comunidad, asumió en abril una factura de 531,32 millones de euros por sus pagos a los 654.952 beneficiarios a cierre del mes. Ambas cifras, la del dinero y la de los desempleados, crecerán probablemente en los próximos tiempos pese al levísimo descenso de mayo, al fin y al cabo coyuntural por la llegada del verano y el efecto calmante de los "planes del Gobierno". Tan claro está que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes una partida extra de 17.000 millones para afrontar estos costes en toda España.
La prestación media contributiva de un andaluz supera por céntimos los 808 euros mensuales. La Administración tarda seis días en reconocer el derecho a un sueldo. Hoy lo reciben en la comunidad 292.730 personas. Al agotarse esa paga entra en juego el subsidio por desempleo. Es el último cartucho, la antesala de la tan temida exclusión social: 195.880 andaluces viven esa situación extrema. El Ejecutivo -lo ha repetido hasta la saciedad- se ha fijado como prioridad arropar con uñas y dientes a este colectivo. Con más dinero del contribuyente, claro, dinero que necesita recaudar y que de momento espera obtener, al menos parcialmente, con la subida de determinados impuestos especiales -hidrocarburos y tabaco-.
Dicen las empresas de trabajo temporal que la crisis es universal y democrática. Golpea a todos los segmentos sin excepción. No es lo que se desprende de las estadísticas aportadas por la Consejería de Empleo, vigilante mes a mes de la evolución del mercado laboral. Su radiografía determina que son las profesiones de menor valor añadido las más castigadas por la recesión. El personal de limpieza, por ejemplo, absorbe un 12% del paro registrado en la comunidad. Especial mención merece en este apartado la desproporción hombres (4.578 desempleados)/mujeres (90.475). ¿De verdad los tiempos han cambiado?
Anoten el resto de integrantes de la lista: dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados (9,60% de la población parada); peones de industrias manufactureras (6,93%); taquígrafos y mecanógrafos (6,75%); peones de la construcción de edificios (6,33%); albañiles y mamposteros (5,51%); camareros y asimilados (3,04%); trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agrícolas (2,42%); carpinteros (1,71%); peones agrícolas (1,53%), cocineros (1,40%) y un largo etcétera. Confirma la sospecha un porcentaje todavía más demoledor: el 81% de los parados tiene un nivel mínimo de formación equivalente a estudios secundarios. El problema es que ese mínimo es la norma: sólo el 13% acredita un historial académico superior.
Si hubiera que fijar un retrato robot del parado andaluz por antonomasia, los datos apuntan directamente a una mujer de entre 25 y 44 años integrada en el sector servicios (21% del total, 163.465 personas). Una de cada cinco víctimas de la crisis pertenece a esta categoría. Pero hay otros perfiles igualmente golpeados: hombres de entre 25 y 44 años adscritos a la otrora golosa y rentable construcción (12% del total; 93.429 personas); hombres de entre 25 y 44 años procedentes del sector servicios (11%; 84.749 parados) y mujeres de 45 o más años también del sector servicios (9,66%; 76.202 desempleadas).
El perfil no es casual: construcción y servicios han sido minas de oro y se han convertido en minas de lodo en España y sobre todo Andalucía. La idea del Gobierno, apadrinada por la Junta, consiste en transformar lo superficial en cualificado, pero el tránsito exige años y esfuerzos. Como decía la pasada semana un ilustre catedrático de Economía, "los albañiles no se convierten en ingenieros de la noche al día". Las pausas, reza la biblia del buen laboralista, deben rellenarse con cursos de formación. Los expertos debaten además sobre la conveniencia de abrir la actividad de la intermediación a la empresa privada porque el antiguo Inem no es todo lo eficaz y visionario que debería. Las compañías, por último, aún desprecian el chip del lazo empleado/empleador como método óptimo de fidelización y estabilidad.
El Servicio Andaluz de Empleo maneja cifras distintas de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es un viejo desfase que nadie en España parece dispuesto a remediar. Y el espectador, entre tanto, se confunde. La EPA habla de un millón de parados en la comunidad; el SAS de 789.121. Una u otra verdad conducen en cualquier caso a conclusiones similares: el reparto hombres/mujeres es casi simétrico (395.044 varones; 394.077 féminas a cierre de mayo). Quienes se aproximan a los cincuenta años son los que peor lo tienen: suponen uno de cada tres casos de paro. Los menores de 25 años, representantes de esa franja que se incorpora por vez primera al mercado laboral, también castañean (12% del desempleo registrado, con predominio una vez más de la mujer).
Los dirigentes combaten este desolador panorama con la teoría de los brotes verdes, que incluye el ya mencionado descenso de parados en mayo y el vaticinio de otro buen mes en junio. Las previsiones macroeconómicas, sin embargo, desmontan cualquier atisbo de euforia. En el mejor de los escenarios, y siempre según el Ejecutivo, España cerrará el año con una tasa del 17,9%. El Banco de España pronostica un 19%. Y la CE un 20,5%. Triste puja.
La prestación media contributiva de un andaluz supera por céntimos los 808 euros mensuales. La Administración tarda seis días en reconocer el derecho a un sueldo. Hoy lo reciben en la comunidad 292.730 personas. Al agotarse esa paga entra en juego el subsidio por desempleo. Es el último cartucho, la antesala de la tan temida exclusión social: 195.880 andaluces viven esa situación extrema. El Ejecutivo -lo ha repetido hasta la saciedad- se ha fijado como prioridad arropar con uñas y dientes a este colectivo. Con más dinero del contribuyente, claro, dinero que necesita recaudar y que de momento espera obtener, al menos parcialmente, con la subida de determinados impuestos especiales -hidrocarburos y tabaco-.
Dicen las empresas de trabajo temporal que la crisis es universal y democrática. Golpea a todos los segmentos sin excepción. No es lo que se desprende de las estadísticas aportadas por la Consejería de Empleo, vigilante mes a mes de la evolución del mercado laboral. Su radiografía determina que son las profesiones de menor valor añadido las más castigadas por la recesión. El personal de limpieza, por ejemplo, absorbe un 12% del paro registrado en la comunidad. Especial mención merece en este apartado la desproporción hombres (4.578 desempleados)/mujeres (90.475). ¿De verdad los tiempos han cambiado?
Anoten el resto de integrantes de la lista: dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados (9,60% de la población parada); peones de industrias manufactureras (6,93%); taquígrafos y mecanógrafos (6,75%); peones de la construcción de edificios (6,33%); albañiles y mamposteros (5,51%); camareros y asimilados (3,04%); trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agrícolas (2,42%); carpinteros (1,71%); peones agrícolas (1,53%), cocineros (1,40%) y un largo etcétera. Confirma la sospecha un porcentaje todavía más demoledor: el 81% de los parados tiene un nivel mínimo de formación equivalente a estudios secundarios. El problema es que ese mínimo es la norma: sólo el 13% acredita un historial académico superior.
Si hubiera que fijar un retrato robot del parado andaluz por antonomasia, los datos apuntan directamente a una mujer de entre 25 y 44 años integrada en el sector servicios (21% del total, 163.465 personas). Una de cada cinco víctimas de la crisis pertenece a esta categoría. Pero hay otros perfiles igualmente golpeados: hombres de entre 25 y 44 años adscritos a la otrora golosa y rentable construcción (12% del total; 93.429 personas); hombres de entre 25 y 44 años procedentes del sector servicios (11%; 84.749 parados) y mujeres de 45 o más años también del sector servicios (9,66%; 76.202 desempleadas).
El perfil no es casual: construcción y servicios han sido minas de oro y se han convertido en minas de lodo en España y sobre todo Andalucía. La idea del Gobierno, apadrinada por la Junta, consiste en transformar lo superficial en cualificado, pero el tránsito exige años y esfuerzos. Como decía la pasada semana un ilustre catedrático de Economía, "los albañiles no se convierten en ingenieros de la noche al día". Las pausas, reza la biblia del buen laboralista, deben rellenarse con cursos de formación. Los expertos debaten además sobre la conveniencia de abrir la actividad de la intermediación a la empresa privada porque el antiguo Inem no es todo lo eficaz y visionario que debería. Las compañías, por último, aún desprecian el chip del lazo empleado/empleador como método óptimo de fidelización y estabilidad.
El Servicio Andaluz de Empleo maneja cifras distintas de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es un viejo desfase que nadie en España parece dispuesto a remediar. Y el espectador, entre tanto, se confunde. La EPA habla de un millón de parados en la comunidad; el SAS de 789.121. Una u otra verdad conducen en cualquier caso a conclusiones similares: el reparto hombres/mujeres es casi simétrico (395.044 varones; 394.077 féminas a cierre de mayo). Quienes se aproximan a los cincuenta años son los que peor lo tienen: suponen uno de cada tres casos de paro. Los menores de 25 años, representantes de esa franja que se incorpora por vez primera al mercado laboral, también castañean (12% del desempleo registrado, con predominio una vez más de la mujer).
Los dirigentes combaten este desolador panorama con la teoría de los brotes verdes, que incluye el ya mencionado descenso de parados en mayo y el vaticinio de otro buen mes en junio. Las previsiones macroeconómicas, sin embargo, desmontan cualquier atisbo de euforia. En el mejor de los escenarios, y siempre según el Ejecutivo, España cerrará el año con una tasa del 17,9%. El Banco de España pronostica un 19%. Y la CE un 20,5%. Triste puja.
