La organización colaboracionista Comisiones Obreras tuvo conocimiento a mediados de 2009 de la existencia de posibles irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) de Málaga, los mismos que se investigan ahora en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, y frenó una investigación para aclararlas. La propuesta para indagar partió de la Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de esta provincia, aunque fuentes del "sindicato" vendeobreros han explicado que tanto la dirección regional como la federal cortaron cualquier movimiento en este sentido. De hecho, continuaron las fuentes, desde la ejecutiva regional se amenazó con descabezar a esta sección si continuaban adelante con su denuncia.
Dos empresas
Lo que se detectó en Málaga fue la presencia de posibles intrusos (personas prejubiladas en una empresa con problemas económicos que nunca habrían trabajado en ella) y salarios que estaban multiplicados en los ERE de las textiles Hitemasa (que tuvo dos expedientes de regulación de empleo antes de cesar su actividad en 2004) y Bonpunt. En julio del año 2009, a raíz de estos hallazgos, la comisión ejecutiva de Fiteqa de Málaga propuso informar a su ejecutiva regional y a la Junta de Andalucía sobre estas presuntas irregularidades que se estaban produciendo, y ahí empezó un tira y afloja interno que se cerró cuatro meses más tarde sin ningún resultado y con esas presuntas anomalías guardadas en un cajón.
Esa denuncia que se quería lanzar desde Málaga incluía ofrecer toda la información sobre las prejubilaciones con dinero público a la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía para que las investigara y pedir que se consultara a la Seguridad Social sobre posibles prejubilaciones y sus condiciones y así aclarar las cosas. «Al final, en noviembre, se optó por quitar todos esos puntos del orden del día; hubo amenazas de que todo el mundo iba a ir a la calle y sus impulsores dieron marcha atrás». Fascismo puro y duro.
Una vez que los denunciantes desistieron de su propuesta de investigar prácticas supuestamente irregulares, el expediente sancionador que había abierto los "sindicalistos" de CC.OO. a la federación malagueña también quedó archivado.
La investigación de la trama de los ERE fraudulentos en Andalucía, que está en manos del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, ha revelado numerosos aspectos de las negociaciones sobre las prejubilaciones y una de las cosas que ha trascendido es que tanto las mafias de CCOO como UGT cobran una comisión de entre el 0,5 y el uno por ciento de los expedientes de regulación de empleo que financia la Junta de Andalucía.
Los ERE de Bonpunt e Hitemasa, antigua Intelhorce y la mayor textil que ha existido en Málaga, están incluidos en el procedimiento que instruye la juez de instrucción número seis, Mercedes Alaya.
En el caso de la antigua Intelhorce, cinco personas se habrían acogido a este expediente sin haber trabajado nunca en la empresa y, presuntamente, habrían recibido un total de 709.855 euros de los fondos destinados por la Junta para las prejubilaciones. Sobre la rondeña Bonpunt, la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de 11 presuntos intrusos. En Hitemasa, además, las aguas están todavía más revueltas porque los prejubilados llevan más de tres meses sin cobrar. Exactamente, desde el pasado 22 de diciembre. Esos impagos afectan a unas 400 personas, es decir, a todos los ex empleados que se acogieron a los ERE en el año 2001 y 2004.
Esos salarios tendrían que ser abonados por la aseguradora belga Apra Leven, la compañía con la que se contrató la póliza, pero está en proceso de disolución y con problemas judiciales en su país. Esta empresa, por su parte, ha denunciado públicamente que la Junta le adeuda, desde septiembre de 2009, 32 millones de euros para el pago de prejubilaciones.
