Los trabajadores, que nos dedicamos a la producción de calzado en esta zona, estamos siendo perjudicados constantemente, por el sistema que los industriales y empresarios del gremio practican con los operarios.
Queda en evidencia una excesiva permisividad y dejadez, por parte de las autoridades locales y de la inspección de la magistratura del trabajo, hacia los empresarios del calzado, que nos abocan a aceptar condiciones cercanas a la esclavitud, para poder seguir trabajando.
La "justicia" (permitansemé las minúsculas y el entrecomillado), solo toma facto en contra de los trabajadores de la economía sumergida, sin considerar la procedencia de la mercancía producida, que seguirá dando los frutos deseados al empresario especulador.
Todo ello, con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios, gobiernos locales y regionales y todos los grupos componentes de estamentos parlamentarios y administrativos, que prometen servicio al pueblo. No escatimando en exhibirse junto a estos empresarios de tan cuestionable proceder, ni de figuras mediáticas de similar calaña, en sus medios de difusión, donde suelen presentarles como benefactores de los pueblos y sus habitantes.
Se da la circunstancia, además, de que a los trabajadores de este gremio, en todas sus especialidades, nos presentan como los únicos causantes y los mayores beneficiados con el fraude cometido a la seguridad social, lo cual ya clama a escándalo.
A los trabajadores, obligados a sufrir la falta de seguridad, de higiene, de unas mínimas condiciones de regularización que nos permita prevenir, en lo más básico, nuestra asistencia sanitaria o nuestra jubilación. Se nos muestra como culpables, calificándonos como estúpidos que realizan prácticas, que curiosamente devienen en su propio perjuicio y en beneficio de los especuladores, que continúan subvencionando con nuestro sudor, campañas electorales y festejos locales.
Reclamemos por tanto, a las autoridades locales y a las administraciones competentes, que se tomen las medidas oportunas contra estas prácticas y la creación de un sistema, que permita establecer el orígen de las mercancías que se producen en los talleres clandestinos interceptados por la fiscalía.
Que se revisen, así mismo, las facturaciones de mercancía que se llevan a cabo desde empresas que no cuentan con operarios de producción en plantilla. Reclamemos, también, que se tenga en cuenta nuestra precariedad actual y que se nos conceda algún tipo de compensación salarial o ayuda, que nos permita subsistir, en tanto que trabajan para solucionar esta indeseable e involuntaria situación para la mayoría de los trabajadores del calzado.
Que aquellas empresas que obtienen beneficio de la economía sumergida, del fraude y de nuestro trabajo, sean expropiadas y gestionadas por los obreros, para que el fruto de nuestro sudor se reparta de forma más justa y no como ahora, que solo sirve para mantener el nivel de vida excesivo de unos cuantos parásitos.
Concejales, policía, líderes políticos... TODOS, pasan por delante y conocen la existencia de talleres operando en clandestinidad, permitiendo y fomentando multitud de agresiones contra los derechos humanos más básicos.
CNT-AIT, Elche
