Dos años después de que se aprobara el expediente de concesión de las ayudas de alquiler de vivienda y de haber recibido sin periodicidad fija el importe correspondiente (los abonos se retrasaban habitualmente), este joven matrimonio tiene ahora que hacer frente a una devolución de 1.600 euros como cantidad principal, a la que hay que añadir el recargo correspondiente.
La renta básica de emancipación es una ayuda establecida por el Gobierno central pero que gestiona, en este caso, la Generalitat Valenciana, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la devolución de estos importes por considerar que, por parte del Ministerio de Fomento, se invaden competencias al regular de una forma "desmesurada cuestiones procedimentales y de mera tramitación".
Nacho, licenciado en lenguas clásicas de 32 años, y Laura, administrativa de 31 años, se trasladaron a vivir a la provincia de Valencia en el año 2008, donde encontraron trabajo como profesor de secundaria y bachillerato y como administrativa en un colegio privado.
El traslado de residencia de Madrid a Valencia les supuso un gasto extraordinario, incluido el alquiler de una vivienda, que pudieron afrontar con cierta dificultad gracias a la renta básica de emancipación que solicitó Ana en el año 2009, año en el que también la pareja decidió casarse.
Después de varios meses de tramitación burocrática, Ana empezó a recibir 105 euros mensuales como ayuda al alquiler de vivienda, que le permitió hacer más llevaderos los gastos que suponía iniciar una vida independiente de su familia.
La ayuda en concepto de Renta de emancipación se mantuvo hasta el mes mayo de 2010, cuando Laura cumplió los 30 años, la edad máxima establecida para tener acceso a este tipo de ayudas.
La situación se volvió preocupante cuando hace unas semanas recibieron una carta certificada de la Conselleria de Territorio y Vivienda en la que se les comunicaba que en el año 2009 habían sobrepasado los ingresos máximos (22.000 euros) para acceder a la ayuda y tenían que devolver con recargo los importes recibidos.
La indignación subió algunos enteros cuando, con gran sorpresa, comprobaron que el importe total por el que habían sobrepasado el tope oficial de la ayuda "era de... 2 céntimos de euro".
En un primer momento, Nacho y Laura creyeron que se trataba de un error administrativo, pero la realidad es que no solo les han retirado las ayudas, sino que además las tienen que devolver con intereses.
Según han comentado Nacho y Laura, "lo que era una ayuda para emanciparnos de nuestras familias, ahora se ha convertido en una carga, pues tenemos que devolver más de lo recibido".
El recargo que les exigen, según han añadido, es "una forma de usura contra unos ciudadanos de a pie que estamos sosteniendo un país que se tambalea".
Fuentes de la Conselleria de Territorio y Vivienda han indicado que "por una imprevisión del Gobierno central y por la implantación de un sistema de cómputo de los ingresos erróneo, muchos jóvenes tendrán que devolver al Estado, años después, la ayuda que les correspondía según la normativa".
