Los Barrios. El alcalde andalucista admite un millón de euros en deuda de telefonía y da por hecha la denuncia porque no hay recursos para pagar.
Alcalá de los Gazules. El alcalde Julio Toscano admite que la deuda municipal por este concepto se eleva a 7.000 euros.
Algeciras. El nuevo gobierno local (PP) ha descubierto un millón de euros en facturas sin pagar.
La Línea. La alcaldesa socialista admite 600.000 euros en facturas pendientes y reduce los móviles a la tercera parte.
Jerez y Chiclana. Han iniciado la auditoría y aún carecen de la cifra concreta por deuda en telefonía aunque no descartan que sea elevada.
Uno de los alcaldes considera imposible el pago y da por hecho que le denunciarán La alcaldesa linense ha reducido el número de terminales en uso a la tercera parte
Los ayuntamientos de la provincia donde se produjo un cambio de gobierno a partir del pasado 22 de mayo, un total de 23 localidades de los 44 municipios gaditanos, avanzan cada día en sus respectivas auditorías contables. Este análisis financiero y económico tiene como único objetivo dejar claro en qué situación se encuentran sus arcas. Los primeros resultados de estos exámenes fiscales reflejan cientos de facturas pendientes de pago, grandes deudas a proveedores y subvenciones destinadas a obras públicas que han servido para pagar las nóminas de los funcionarios.
Los ayuntamientos ya han iniciado planes de recorte para aguantar el tipo pero antes de buscar y aplicar soluciones es preciso diagnosticar exactamente cada pequeña parte del problema de liquidez. En el desglose que han iniciado las distintas concejalías de Hacienda destacan las deudas detectadas en telefonía móvil.
Solo en tres ayuntamientos provinciales, los nuevos equipos de gobierno han detectado impagos en facturas por estos servicios que superan, sumadas, los 2,5 millones de euros. En la tradicional y ya desfasada traducción a las pesetas, resultarían más de 400 millones. Uno de los mayores ejemplos está en Algeciras. El nuevo regidor, José Ignacio Landaluce (PP), se ha encontrado en el imaginario cajón una sorpresa desagradable que ilustra la situación en otros puntos de la provincia: Un paquete de un millón de euros que adeuda el Consistorio a varias operadoras por consumos realizados durante el gobierno de la anterior corporación.
El nuevo alcalde ha comprobado que los impagos eran habituales, así co-mo el cambio de compañía para tratar de esquivarlos. A la vuelta de cuatro años, los saltos de operador no han eliminado el problema y la deuda se sitúa en el alarmante y redondo millón de euros. El equipo de Landaluce se ha visto obligado poner en marcha un plan de choque para atajar el gasto de móviles en su corporación y ha firmado contratos para reducir el consumo y convertirlos en corporativos, además de pactar horarios. El plan de choque del nuevo alcalde tiene en la telefonía móvil uno de sus muchos apartados. También incluye, entre muchas medidas, un recorte salarial. Así, Landaluce no cobrará sueldo de alcalde, solo de diputado, se reducen un 8% los salarios de los tenientes de alcalde y un 10% las asignaciones a los grupos políticos. Esto permite un ahorro anual de 257.000 euros, la cuarta parte de lo que debe la administración en telefonía móvil.
La deuda ligada a la telefonía móvil, uno de los gastos que la población entiende parcialmente prescindibles si no están ligados a urgencias y servicios públicos, no sabe de distinciones por siglas políticas. También ha saltado una alarma similar en La Línea de la Concepción. Tras acceder al gobierno local el PSOE y desbancar al PP, con el apoyo de los andalucistas, la nueva alcaldesa, la socialista Gemma Araujo, ha encontrado más de 600.000 euros de impagos acumulados en concepto de telefonía móvil a cargo del Ayuntamiento.
Los anteriores gobiernos del PP, tanto de Juan Carlos Juárez como de Alejandro Sánchez, no hacían frente a estas reclamaciones. La consecuencia es que la deuda ha crecido hasta superar el medio millón de euros.
Para tratar de hacer frente a este apartado, Araujo ha reducido el número de terminales del Ayuntamiento. Los ha dejado casi en un tercio de los que estaban operativos. Han pasado de 172 móviles a 67 terminales en funcionamiento.
Para confirmar que las siglas partidistas no están ligadas a la denuncia, el primero en denunciar una situación similar ha sido el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero que pertenece al Partido Andalucista. El dirigente barreño fue el que alertó antes de que al nuevo equipo de Gobierno le «han presentado facturas por importe de un millón de euros» por gastos de telefonía móvil.
Romero es el más sincero al asegurar que a corto plazo, en un Ayuntamiento que ya no puede hacer frente a las nóminas que, como todos, considera más urgente las deudas ante proveedores particulares o pequeñas empresas, las grandes firmas de telefonía acreedoras van «a denunciar». Todavía no han dado ese paso, pero lo da por hecho.
El Ayuntamiento de Los Barrios es, de hecho, el que tiene los antecedentes más graves, puesto que en sus dependencias ya se han vivido cortes de conexión y suministro por impagos. Afectaron, principalmente, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento.
La preocupación de la dirigente socialista linense, como en el resto de los casos, tiene muchos más frentes. El de la telefonía móvil es uno de los apartados más llamativos, pero no el más grave ni urgente. Ese es el pago de las nóminas de sus 800 funcionarios. En estos momentos, el sueldo de la plantilla asciende a 1,4 millones de euros mensuales y hay que reducirlo en medio millón, hasta los 900.000 euros.
En el Ayuntamiento de Arcos, el nuevo alcalde popular, José Luis Núñez, se ha encontrado con otro tipo de sorpresa. La Corporación tendrá que devolver algo más de tres millones de euros a la Junta, gastados por la anterior alcaldesa, la socialista Josefa Caro, de forma teóricamente indebida. Ese dinero formaba parte de subvenciones destinadas a obras públicas que, sin embargo, se dedicó a tapar agujeros de las nóminas de los funcionarios.
Es otra modalidad de impactos económicos que encuentran los nuevos alcaldes. Los gobiernos locales de Jerez y Chiclana aún no quieren ofrecer cifras concretas, pero no descartan grandes deudas en apartados como la telefonía móvil, entre otros gastos comunes
Alcalá de los Gazules. El alcalde Julio Toscano admite que la deuda municipal por este concepto se eleva a 7.000 euros.
Algeciras. El nuevo gobierno local (PP) ha descubierto un millón de euros en facturas sin pagar.
La Línea. La alcaldesa socialista admite 600.000 euros en facturas pendientes y reduce los móviles a la tercera parte.
Jerez y Chiclana. Han iniciado la auditoría y aún carecen de la cifra concreta por deuda en telefonía aunque no descartan que sea elevada.
Uno de los alcaldes considera imposible el pago y da por hecho que le denunciarán La alcaldesa linense ha reducido el número de terminales en uso a la tercera parte
Los ayuntamientos de la provincia donde se produjo un cambio de gobierno a partir del pasado 22 de mayo, un total de 23 localidades de los 44 municipios gaditanos, avanzan cada día en sus respectivas auditorías contables. Este análisis financiero y económico tiene como único objetivo dejar claro en qué situación se encuentran sus arcas. Los primeros resultados de estos exámenes fiscales reflejan cientos de facturas pendientes de pago, grandes deudas a proveedores y subvenciones destinadas a obras públicas que han servido para pagar las nóminas de los funcionarios.
Los ayuntamientos ya han iniciado planes de recorte para aguantar el tipo pero antes de buscar y aplicar soluciones es preciso diagnosticar exactamente cada pequeña parte del problema de liquidez. En el desglose que han iniciado las distintas concejalías de Hacienda destacan las deudas detectadas en telefonía móvil.
Solo en tres ayuntamientos provinciales, los nuevos equipos de gobierno han detectado impagos en facturas por estos servicios que superan, sumadas, los 2,5 millones de euros. En la tradicional y ya desfasada traducción a las pesetas, resultarían más de 400 millones. Uno de los mayores ejemplos está en Algeciras. El nuevo regidor, José Ignacio Landaluce (PP), se ha encontrado en el imaginario cajón una sorpresa desagradable que ilustra la situación en otros puntos de la provincia: Un paquete de un millón de euros que adeuda el Consistorio a varias operadoras por consumos realizados durante el gobierno de la anterior corporación.
El nuevo alcalde ha comprobado que los impagos eran habituales, así co-mo el cambio de compañía para tratar de esquivarlos. A la vuelta de cuatro años, los saltos de operador no han eliminado el problema y la deuda se sitúa en el alarmante y redondo millón de euros. El equipo de Landaluce se ha visto obligado poner en marcha un plan de choque para atajar el gasto de móviles en su corporación y ha firmado contratos para reducir el consumo y convertirlos en corporativos, además de pactar horarios. El plan de choque del nuevo alcalde tiene en la telefonía móvil uno de sus muchos apartados. También incluye, entre muchas medidas, un recorte salarial. Así, Landaluce no cobrará sueldo de alcalde, solo de diputado, se reducen un 8% los salarios de los tenientes de alcalde y un 10% las asignaciones a los grupos políticos. Esto permite un ahorro anual de 257.000 euros, la cuarta parte de lo que debe la administración en telefonía móvil.
La deuda ligada a la telefonía móvil, uno de los gastos que la población entiende parcialmente prescindibles si no están ligados a urgencias y servicios públicos, no sabe de distinciones por siglas políticas. También ha saltado una alarma similar en La Línea de la Concepción. Tras acceder al gobierno local el PSOE y desbancar al PP, con el apoyo de los andalucistas, la nueva alcaldesa, la socialista Gemma Araujo, ha encontrado más de 600.000 euros de impagos acumulados en concepto de telefonía móvil a cargo del Ayuntamiento.
Los anteriores gobiernos del PP, tanto de Juan Carlos Juárez como de Alejandro Sánchez, no hacían frente a estas reclamaciones. La consecuencia es que la deuda ha crecido hasta superar el medio millón de euros.
Para tratar de hacer frente a este apartado, Araujo ha reducido el número de terminales del Ayuntamiento. Los ha dejado casi en un tercio de los que estaban operativos. Han pasado de 172 móviles a 67 terminales en funcionamiento.
Para confirmar que las siglas partidistas no están ligadas a la denuncia, el primero en denunciar una situación similar ha sido el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero que pertenece al Partido Andalucista. El dirigente barreño fue el que alertó antes de que al nuevo equipo de Gobierno le «han presentado facturas por importe de un millón de euros» por gastos de telefonía móvil.
Romero es el más sincero al asegurar que a corto plazo, en un Ayuntamiento que ya no puede hacer frente a las nóminas que, como todos, considera más urgente las deudas ante proveedores particulares o pequeñas empresas, las grandes firmas de telefonía acreedoras van «a denunciar». Todavía no han dado ese paso, pero lo da por hecho.
El Ayuntamiento de Los Barrios es, de hecho, el que tiene los antecedentes más graves, puesto que en sus dependencias ya se han vivido cortes de conexión y suministro por impagos. Afectaron, principalmente, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento.
La preocupación de la dirigente socialista linense, como en el resto de los casos, tiene muchos más frentes. El de la telefonía móvil es uno de los apartados más llamativos, pero no el más grave ni urgente. Ese es el pago de las nóminas de sus 800 funcionarios. En estos momentos, el sueldo de la plantilla asciende a 1,4 millones de euros mensuales y hay que reducirlo en medio millón, hasta los 900.000 euros.
En el Ayuntamiento de Arcos, el nuevo alcalde popular, José Luis Núñez, se ha encontrado con otro tipo de sorpresa. La Corporación tendrá que devolver algo más de tres millones de euros a la Junta, gastados por la anterior alcaldesa, la socialista Josefa Caro, de forma teóricamente indebida. Ese dinero formaba parte de subvenciones destinadas a obras públicas que, sin embargo, se dedicó a tapar agujeros de las nóminas de los funcionarios.
Es otra modalidad de impactos económicos que encuentran los nuevos alcaldes. Los gobiernos locales de Jerez y Chiclana aún no quieren ofrecer cifras concretas, pero no descartan grandes deudas en apartados como la telefonía móvil, entre otros gastos comunes
