El siniestro tuvo lugar el 8 de noviembre de 2004. Los operarios, que entonces tenían 40, 48 y 56 años, cayeron al vacío desde una altura de unos 12 metros mientras eran izados en una cabina metálica por una grúa que sufrió un fallo mecánico. El pasado 7 de noviembre, justo siete años después, el juzgado de Puerto Real que se encargó de la instrucción notificó al fin el auto que da apertura al juicio oral, que se celebrará el próximo año en los juzgados de lo Penal de Cádiz.
La Fiscalía pide ocho años de cárcel para la nueve personas que están acusadas como supuestos responsables de aquel accidente: el que entonces era jefe de recursos humanos de Dragados, el jefe de la subestación y el encargado de ésta. Además, fueron imputados un técnico de prevención de riesgos de Dragados y su homólogo de la subcontrata a la que pertenecían los operarios: Montajes Sacekon. También se sentarán en el banquillo el dueño de esta empresa auxiliar y el jefe de la cuadrilla. Otras dos personas están imputadas, el dueño de Grúas San Telmo y el gruista.
Tanto el Ministerio Público como los operarios (que están personados en el caso) achacan a estas nueve personas tres delitos de lesiones imprudentes (uno por cada herido) y otro delito más contra el derecho de los trabajadores, pues estiman que las condiciones de seguridad de las instalaciones no eran las apropiadas e influyeron, en buena medida, en el resultado del accidente.
El desplome de la cabina en la que se encontraban los tres empleados se debió supuestamente a una sucesión de fallos mecánicos en la grúa, pero durante la instrucción se constató que esta 'canastilla' no estaba homologada para el traslado de personas. Tras la caída, fue necesario abrirla con sopletes para rescatar a los operarios que quedaron atrapados en ella. Durante dos días, después del siniestro, el resto de trabajadores de Dragados Offshore paró la actividad en la planta como señal de protesta.
Gabriel, Julio y José quedaron gravemente heridos: uno sufrió lesiones en los tobillos, otros dos se fracturaron los huesos calcáreos en la base de los pies. El más afectado, quizá, fue uno de ellos al que hubo que amputar el dedo meñique de la mano izquierda.
El juez de Puerto Real ha ordenado en el mismo auto que los acusados y las aseguradoras de las tres empresas implicadas ingresen una fianza de 980.000 euros a lo largo de esta semana. Con este dinero se pagarían las indemnizaciones, en el caso de que los procesados acaben condenados.
