CC.OO. ha llegado a tener a 400 abogados laboralistas trabajando a tiempo completo en negociaciones de expedientes de regulación de empleo. En cuanto al "sindicato" del PSOE, para dar abasto han necesitado a cerca de 300 letrados.
Los sumarios que la juez Alaya instruye en Sevilla están demostrando hasta qué punto un expediente de regulación de empleo (ERE) puede constituir una pesadilla para un trabajador, pero, al mismo tiempo, reportar beneficios a los "sindicatos" reformistas que lo protegen. A estos últimos no les hace falta caer en lo delictivo para obtener réditos de ellos; no en vano, muchos de las 373.380 personas que tuvieron que pasar por ese trago en 2011 quizá nunca lo sepan pero, aun cuando no estuvieran afiliados a ningún sindicato, estos tuvieron derecho a cobrar una media de 250 euros en concepto de "asesoría jurídica y técnica" a cada uno de ellos, que se descontó de la indemnización que finalmente cobraron por su despido.
Esa cantidad, multiplicada por las casi 380.000 personas que afrontaron un ERE, arroja unas ganancias de 93,3 millones de euros para estas centrales mafiosas, especialmente las llamadas "mayoritarias", en el que fue el último ejercicio antes de la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012.
Con el decreto Ley de hace ya más de un año, la negociación de este tipo de expedientes ha ganado en flexibilidad, pero hasta entonces se daban las condiciones para que empresarios y "sindicatos" vendeobreros se vieran enfrascados en un proceso de diálogo arduo y prolongado, en el que se daba por supuesto que el único representante legítimo de todos los trabajadores eran los liberados del "sindicato".
"En teoría, un trabajador tiene que dejar constancia por escrito de que quiere beneficiarse de la asesoría jurídica sindical", explican desde un importante bufete laboralista madrileño. Ahora bien, "casi nadie se toma la molestia de repartir ese tipo de hojas y, por lo tanto, las centrales asumen que, por defecto, ellos son los encargados de hablar en nombre de todos los empleados".
Hasta 400 euros
El coste medio de la asesoría forzosa ha llegado a ser de 250 euros, aunque podía ascender hasta 400 en algunos casos. Hay mucho margen para variaciones, debido al boom que ha experimentado esta forma de despedir desde que comenzó la todavía omnipresente crisis económica.
Cuando esta última se tradujo por primera vez en recesión del PIB, en 2009, el número de ERE presentados se triplicó con respecto a 2008, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y desde entonces, con escasos altibajos, se han mantenido en el entorno de los 20.000 anuales.
Pero no sólo ha habido cantidad, sino también variedad en la medida en que han afectado a todo tipo de empresas, desde multinacionales a pequeños negocios. Con todo, centrando la atención en los ERE de tamaño medio, es posible estimar que, en esos casos, "las ganancias que obtienen los "sindicatos" amarillos por esas regulaciones oscilan entre los 100.000 y los 300.000 euros", de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas.
Son cifras abultadas, que justifican el despliegue de medios que tanto CCOO como UGT han llevado a cabo para poder manejar el aluvión de ERE de los últimos ejercicios. Así, la central ligada a IU ha llegado a tener a 400 abogados laboralistas trabajando a tiempo completo en negociaciones de expedientes de regulación. En cuanto al sindicato del PSOE, para dar abasto han necesitado a cerca de 300 letrados.
Sin hacer distinciones
Conviene volver a subrayar que las centrales colaboracionistas acaban cobrando mediante descuentos sobre las indemnizaciones que los trabajadores finalmente cobran, siempre que superaran los 20 días por año trabajado; y esas detracciones se aplican aun cuando la compensación provenga de las arcas del Estado, es decir, del Fondo de Garantía Salarial, el muy conocido Fogasa.
Es más, cuando la indemnización llega al bolsillo del trabajador despedido, el descuento de la cuota sindical ya se ha producido y ésta, generalmente se sitúa entre el 5 y el 10 por ciento del monto total de la indemnización. Es difícil ser más concreto en cuanto a la cuantía del descuento, debido a que no se expide ningún tipo de factura o de justificante en el que aparezca detallada la operación.
De este modo, es difícil cuantificar hasta qué punto hay diferencias entre la cantidad que desembolsan los trabajadores que sí están afiliados a alguna organización sindical y los que no se hallan en esa situación. Todos pagan, pero en teoría los que tienen carné sindical deberían beneficiarse de descuentos, dado que ya pagan una cuota mensual en la que se incluyen los servicios de asesoría jurídica y técnica. Los "sindicatos" siempre han defendido que hacen esa distinción, pero lo cierto es que no existe constancia de la misma.
La opacidad tampoco hace posible hacer comparaciones de precios entre las tarifas de los abogados buscados por el comité de empresa y las minutas que tendrían que pagar aquéllos que prefirieran buscar sus propios medios para defenderse en el proceso de negociación del ERE.
Con todo, puede darse la circunstancia de que sea la propia empresa la que no reconozca a las centrales como representantes legítimos de los trabajadores afectados por el ERE.
Este caso resulta frecuente en las multinacionales, pero también aquí la ley permitía subterfugios para que el ERE siga reportando beneficios a los "sindicatos" . "Se pueden crear multitud de sociedades asesoras o intermediarias que, bajo la excusa de llevar a cabo informes y estudios para facilitar el proceso de regulación de empleo de una determinada empresa, también cobran", explican los expertos en este tipo de negociaciones.
