Agentes de la Guardia Civil intervinieron 80.000 euros en billetes de 500 euros en el domicilio de Juan Lanzas, el "sindicalista" amarillo que actuaba como conseguidor para beneficiarse de los ERE presuntamente fraudulentos de la Junta de Andalucía. En el caso de la mediadora Vitalia, Alaya cree que al menos ordenó el pago a los "sindicatos" reformistas CCOO y UGT de 4.291.384 euros.
La juez que investiga los ERE fraudulentos afirma en sus últimos autos de prisión que el sistema de ayudas se había convertido en un "verdadero negocio" en el que las mediadoras "corrompían" a cargos públicos y los "sindicatos" amarillos buscaban "nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".
En los autos de prisión, la juez Mercedes Alaya dice que los ERE se habían convertido en un "negocio bilateral" en el que los directivos de las aseguradoras "previo ofrecimiento de dádivas" al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -encarcelado el miércoles- se garantizaban que se "obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros".
La juez incluye en la "trama corrupta" a la autoridad pública que "permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración" y a los "sindicatos" - empresas CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que "seguían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".
Esta distracción de fondos públicos suponía "todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial".
En el caso de la mediadora Vitalia, Alaya cree que al menos ordenó el pago a CCOO y UGT de 4.291.384 euros.
El sistema permitió a las aseguradoras cobrar "sobrecomisiones elevadísimas, superiores en un 15%" a las de mercado, que eran soportadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía a cambio, para los políticos implicados, de "importantes gratificaciones" y de la posibilidad de incluir como beneficiarios de las pólizas a "personas cercanas a su entorno privado o político".
En el caso del ex director de Vitalia Antonio Albarracín, que fue encarcelado a las 7.00 horas de hoy, este sistema permitió "importantes beneficios para su empresa", a la vez que él pagaba presuntamente "comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de reestructuración".
Entre otras cosas, le imputa haber pagado al intermediario Juan Lanzas -también encarcelado hoy- 1.964.763 euros solo en el periodo 2003-2007, pero además le incluyó a él mismo y a su esposa en el ERE de Hytemasa e intentó de nuevo incluirlo en el ERE de 2007 de Mercasevilla.
Además, la póliza de Lanzas y su esposa se pagó por una "cantidad notablemente superior a la que aparecía en sus certificados" pues alcanzó los 227.509 euros en lugar de 29.627 para él y 18.144 para ella.
Consentimiento de sus amigachos de la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía "consentiría este hecho en claro perjuicio del erario público", como también la inclusión en los expedientes de esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas", entre ellos César Braña, fallecido consejero delegado incluido en el ERE de HAMSA y "antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz", dice Alaya en uno de los autos.
"La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la administración, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser el verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de ésta, sus principales responsables", añade la juez.
Alaya ha dictado prisión en las últimas horas para Juan Lanzas, Antonio Albarracín y Francisco Javier Guerrero, y en las próximas horas va a tomar declaración a ocho personas que permanecen detenidas desde el miércoles.
Albarracín, dice la juez en el auto de prisión contra él, pasó de ser titular de cuatro inmuebles a comienzos de 2001 a poseer en 2011 un total de 16 inmuebles, de los que "al menos ocho" procedían de las sobrecomisiones.
