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Ni una palabra tras los autos de la juez Alaya que acusan a los dos "sindicatos" colaboracionistas de haber cobrado comisiones en el caso que salpica a la Junta de Andalucía y al PSOE.
Las direcciones nacionales de los amarillos UGT y CC.OO. no se han pronunciado tras los últimos ingresos en prisión relacionados con el caso de los ERE andaluces y con la instrucción de la juez Mercedes Alaya. El silencio de Cándido Méndez y Fernández Toxo ha resultado más elocuente que cualquier declaración ante una instrucción que acusa a ambos "sindicatos" vendeobreros de haberse llevado más de cuatro millones de euros en comisiones.
Desde Madrid han optado por el silencio más absoluto y la réplica de los responsables andaluces ha sido de una debilidad tal que, en lugar de despejar incógnitas, deja en pésimo lugar a ambas organizaciones.
Según la justicia, el modus operandi de estas mafias "sindicales" consistía en percibir una comisión de un 0,5 de la prima por cada expediente en el que intervenían, lo que les habría deparado unos ingresos de más de cuatro millones de euros.
