Decían no saber nada y todo lo negaban. Por lo contrario, Manuel Pastrana, secretario general de la UGT andaluza, afirmaba que UGT de Andalucía conociera a la empresa Temiqui, SA, beneficiaria de fondos procedentes de los ERE. Sin embargo, no dijo la verdad porque, según el registro mercantil, entre los consejeros de dicha empresa aparece Salvador Mera Crespo, que es actualmente secretario general de la UGT de Cádiz y que pertenece al máximo órgano rector del "sindicato" reformista andaluz.
El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, y su homólogo en la amarilla CCOO, Francisco Carbonero, figuraban como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación Faja Pirítica de Huelva.
Creada el 30 de junio de 2003, registrada en noviembre y con sede en la Avenida de la Constitución 27, 1º A de Sevilla, agrupó inicialmente a 687 prejubilados afectados por el cierre masivo de empresas en la cuenca minera onubense. Ambos dirigentes "sindicales", además de cobrar "ante todos los organismos públicos y privados, y del orden que fueran, todas las cantidades debidas por ellos a los asociados", nombraban a "gestores profesionales" para administrar las pólizas, mecanismo que condujo a las sobrecomisiones conocidas e instruidas por el Juzgado de Mercedes Alaya.
La Guardia Civil y la magistrada consideran que los "sindicatos" vendeobreros decidían al mediador o "broker" que debía gestionar los expedientes de empleo y la compañía de seguros que se contrataba. Ahora, según el acta fundacional de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, se sabe que Pastrana y Carbonero, junto con otros, podía decidir los gestores de las pólizas de las prejubilaciones.
Precisamente en la Faja Pirítica de Huelva, hubo 796 prejubilaciones y se contabilizaron hasta 44 intrusos beneficiados de pólizas a pesar de que no bajaron nunca a mina alguna. La Faja Pirítica de Huelva y Sevilla englobaba EREs de las Minas de Riotinto, Nueva Tharsis, Bolsa de Tharsis, Insersa, Filón Sur, Almagrera y Navan Resources.
